El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, informó este fin de semana que el Ejecutivo presentará próximamente una indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el actual Código de Aguas, impulsada durante la anterior administración de Michelle Bachelet.

Uno de los principales cambios que se quiere realizar a la idea legislativa, y que hoy se encuentra en el Senado, es ratificar la entrega de derechos a “perpetuidad” a privados, tal como hoy día lo consagra la legislación vigente, que data de tiempos de la dictadura.

Para la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, senadora PPD Adriana Muñoz, la propuesta del Ejecutivo tiene como objetivo frenar la tramitación de la reforma, obedeciendo a presiones de grupos de interés como lo es la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

“Durante toda la tramitación del proyecto de ley se mintió, en el sentido de que la idea significaba la expropiación de los derechos de agua a las personas que ya se les ha otorgado. Lo que se señaló hasta el cansancio es que la reforma no toca los derechos de quienes hoy los tienen y que el Estado tampoco cuenta con los cuantiosos recursos para expropiar. Lo que sí busca sustituir el Gobierno es un pre-artículo aprobado que indica que los que ya tienen propiedad del recurso y van a solicitarlos a futuro, tendrán que demostrar que están usando el agua. Aspecto que a mi juicio cierra la puerta a la especulación, en un escenario de escasez hídrica y donde muchos chilenos tienen acceso al agua a través de camiones aljibes”, afirmó.

Actualmente el proyecto de reforma al Código de Aguas, que se tramita en el Congreso, plantea en uno de sus artículos, que el 10 por ciento del vital elemento, que aún no se ha otorgado cómo derecho privado, se debe entregar en concesión con caducidad a 30 años y renovable. El 90 por ciento restante, ya privatizado a partir de 1981, no se toca.

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, aclaró que la idea del Ejecutivo no modifica en nada el actual reglamento que rige desde la dictadura.

Aseveró que la acción del Gobierno obedece a la presión de los grandes grupos económicos que actualmente tienen la mayoría de la propiedad del recurso hídrico en Chile, para desmembrar el avance de la reforma impulsada por la ex presidenta Bachelet, que, a juicio de Lucio Cuenca, tampoco consolida el agua como un bien de uso público.

“Aquí a lo menos hay tres sectores económicos que están frenando cualquier posibilidad de reforma que toque sus intereses. El Consejo Minero que representa a las grandes trasnacionales extractivistas, las hidroeléctricas, y el sector agrícola exportador. Son los que concentran la mayoría de estos derechos en propiedad, los que están impidiendo que se vuelva al agua como un derecho común, la desprivatización del sistema, y que no existe la voluntad política de modificar hasta ahora”, argumentó.

Este lunes el ministro de Obras Públicas Juan Andrés Fontaine, rectificó en parte el anuncio.

Precisó que la idea del Ejecutivo es mantener el mismo régimen actual de derechos indefinidos, pero que ahora, a su juicio, se deberá cobrar a través de un sistema de licitación a quien solicite una nueva autorización a la Dirección General del sector.

En tanto, para el vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, indicó que con esto se ratifica que el compromiso del Gobierno con el derecho humano al acceso del agua es cero.

“La discusión hipócrita que hoy día gran parte de la casta política quiere protagonizar no tiene nada que ver con la lucha que hoy día se despliega en los territorios, las comunidades, donde el pueblo pobre privado de agua tiene que ser abastecido del elemento a través de camiones aljibes, en circunstancias que este Gobierno y los anteriores, ex Concertación y Nueva Mayoría, lo que han hecho es priorizar el interés bursátil con respecto a un bien común que estando privatizado viola un derecho humano esencial como es el acceso al agua”, subrayó.

La denominada certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua es una realidad vigente en Chile. La Constitución de 1980 así lo declara y el actual Código de Aguas redactado durante la dictadura cívico-militar institucionaliza la sobreexplotación de quienes tienen la exclusiva propiedad del recurso vital, incluso en tiempos de escasez.