Este martes, dirigentes sindicales de trabajadores a honorarios del Estado en conjunto con dirigentes sociales, se presentaron en las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para interponer una queja por violación de libertades sindicales.

La denuncia se enmarca en la ola de despidos que vivió el sector público en los últimos meses del año pasado, en el que, según los dirigentes, se despidieron de manera arbitraria a alrededor de 2.000 trabajadores, entre ellos 13 líderes sindicales.

Despidos que violarían distintas obligaciones internacionales a las que adscribe nuestro país y que la abogada laboralista del Estudio Jurídico Sindical, Carla Varas, explicó a nuestro medio.

“Estos despidos, y en general lo que está ocurriendo en el Estado, violan varias obligaciones internacionales que tiene nuestro país. En primer término, el derecho a la estabilidad en el empleo no se está respetando. No se está respetando el derecho a la no discriminación por razones sindicales. Y por sobre todo, y esto ya es un problema estructural que tiene el Estado de Chile con sus trabajadores, es que no se respeta la calidad que tienen todos los trabajadores, de ser trabajadores dependientes y en ese sentido, el reconocerse su derecho a formar sindicatos”, señaló la abogada laboralista.

A la cita asistieron los dirigentes sindicales desvinculados Elizabeth Maulen, Leslie Maxwell y Juan Guerra, la vocera de la UNTTHE, Georgina Montes, el presidente nacional de la ANEF, José Pérez, además de la abogada Carla Varas.

Una de las afectadas fue la ex vicepresidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Ministerio de Educación, Leslie Maxwell, quien fue despedida el pasado noviembre, tras haber participado en las mesas de negociación junto a las autoridades del Ministerio. Escuchemos sus palabras.

“Esta negociación que se llevó a cabo durante todo el año, terminó en nuestros despidos. Es decir, por una parte nos sentaron a negociar con ellos durante todo el año y al final terminaron despidiéndonos. Lo que significa un atentado a los sindicatos y a la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto, un amedrantamiento directo a la organización, que hoy día es muy fuerte, de los honorarios a nivel nacional del Estado”, dijo la dirigente.

Por otra parte, y representando una situación aún más grave, está el caso de la vicepresidenta del Sindicato Nacional de Honorarios del Programa Nacional de Fiscalización, perteneciente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Elizabeth Maulen, quien fue desvinculada tras haber interpuesto un recurso de protección para cambiar el horario de su hija.

“Yo en el mes de octubre tuve que interponer un recurso de protección por la modificación del horario de alimentación de mi hija y en medio de ese proceso, se genera un informe solicitando mi desvinculación. Esta es una situación súper compleja porque la persona que me hace el informe es mi jefe directo, jefe que yo he denunciado desde el año 2015 en la Contraloría General de la República por maltrato laboral y acoso, el que ha sucedido desde 2015 hasta la fecha, en un sumario que aun no tiene respuesta”, manifestó la afectada .

De esta manera, los dirigentes desvinculados, en compañía de su abogada y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, y patrocinados por la Federación Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado, entregaron los antecedentes con los que buscan que la Organización Internacional de Trabajadores recabe información y realice recomendaciones a los ministerios de Hacienda y del Trabajo, permitiendo la reincorporación de los dirigentes afectados.