Por dos horas y media se extendió la sesión de la comisión investigadora, donde la primera expositora fue la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.

En su espacio de intervención, la trabajadora social hizo un recuento de cómo el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha participado en este caso desde el primer momento. De esta forma, explicó que, una vez que en la institución recibieron la información, se hicieron presentes en la comisaría de Collipulli para reunirse con quienes estaban detenidos, y también en el centro de salud para acompañar a la familia en el proceso que debían enfrentar ante la muerte de Camilo Catrillanca.

Además, Consuelo Contreras dijo que “nosotros hablamos de la muerte por parte de Carabineros hacía un comunero, pero si uno lo ve desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos esto puede ser una ejecución extrajudicial, ese es el lenguaje que deberíamos darle. Si hablamos con estándares de derechos humanos esto es una ejecución extrajudicial (…) Por lo tanto, tal vez nos enfrentamos en este minuto con la situación más grave con la que se ha enfrentado el INDH desde su creación”.

Por su parte, el consejero nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Aylwin, apoyó la categorización que Contreras hizo de este caso y, además, señaló que la situación de violencia que sucedió en Temucuicui ese 14 de noviembre es un hecho que suele repetirse en la zona.

“Lo que ahí ocurrió no es algo fuera del contexto de lo que esa comunidad ha vivido por largos años. Participando desde mucho antes de la creación del INDH en organismos de este tema, y conociendo a la comunidad desde la década del 90, esa comunidad ha sido objeto, debido a su reivindicación de las tierras de ocupación tradicional que los convenios internacionales ratificados por Chile les reconocen como tierras que les pertenecen, pero de las cuales han sido desposeídos, han sido objeto de múltiples situaciones de ejercicio abusivo de la fuerza policial, que se han traducido en hechos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, comentó.

En la sesión, también intervino la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien centró su exposición en cómo el Estado de Chile vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios, esto en el marco de las torturas que sufrió el menor que acompañaba a Camilo Catrillanca.

La defensora dijo que el Estado debe hacerse cargo de estas vulneraciones para que no se sigan produciendo.

“Lo que no queremos es que sigamos teniendo que extender el tránsito estatal con más casos como el de Camilo, como el de Alex Lemun, como el de MAPC, porque tampoco queremos que esa situación se reproduzca sin que el Estado tome partido y se haga cargo de responsabilizarse por la garantización de los derechos a los que esta obligado por la convención de Ginebra y eso involucra evitar que cualquier niño, niña y adolescente sufra hechos de violencia”.

Además, Patricia Muñoz dijo que para avanzar en la materia es importante que el Estado cuente con información certera sobre donde hay mayor vulneración y, por tanto, donde deben priorizarse los recursos, pues, de lo contrario, aseguró que será difícil contar con una política pública que tenga un real enfoque de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes.