Este martes comienza la discusión en el Senado del proyecto de ley de Migración impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera, que ya fue aprobado por la Cámara, y casi un año de la entrada en vigencia de la nueva política migratoria que estableció nuevas visas para las personas provenientes de Haití, las cifras hablan claro.

Mientras que en 2017 fueron casi 112 mil los haitianos que entraron al país con visa de turista, esperando encontrar un trabajo dentro de los 90 días permitidos y así regularizar su situación con una visa de trabajo, en 2018 y con la implementación de la nueva visa de turista para ciudadanos haitianos, este número cayó drásticamente, siendo 112 las visas de turista que se entregaron entre abril y diciembre del año pasado.

Una situación que contrasta con la de las Visas de Responsabilidad Democrática que se implementaron al mismo tiempo y que, solo en 2018, le permitió el ingreso a Chile a casi 20.000 venezolanos.

Ante esta situación, la socióloga y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, planteó algunas inquietudes frente a este tema, que aún no han sido aclaradas por el gobierno y que, a su manera de ver, generarían un “racismo de Estado”.

“¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Quiénes son -entre los ciudadanos venezolanos y haitianos- los que están viviendo una mayor crisis humanitaria? ¿Acaso no es Haití? ¿Por qué se les apoya a las personas de Venezuela? ¿Tendrá que ver con una decisión política de apoyo a los ciudadanos venezolanos? ¿En qué se basa esa diferencia? Eso es lo que debe responder el Gobierno”, señaló la académica de la Universidad de Chile.

Profesora María Emilia Tijoux

Asimismo, junto con ésta nueva visa de turista para las personas de Haití, entró en vigencia una nueva figura migratoria: la nueva Visa de reunificación familiar para ciudadanos haitianos. Ésta pretendía evitar la separación de familias, dándole la posibilidad de pedir la reunificación de su familia, pudiendo acceder a esta visa aquellos cónyuges, convivientes civiles, hijos menores de edad o estudiantes hasta 24 años, sin antecedentes penales, de ciudadanos haitianos con su situación migratoria regularizada.

Sin embargo, de las más de 1.300 entrevistas que realizó en 2018 la Organización Internacional para las Migraciones (OIT), organismo de las Naciones Unidas que se encarga de supervisar la entrega de este permiso, sólo se otorgaron 144.

Ante esto, el director nacional de incidencia del Servicio Jesuita Migrante, Juan Pablo Ramaciotti, señaló que estas políticas deben ser evaluadas periódicamente y que el Estado debe definir su rol frente a esta situación.

“Es importante ir evaluando estas medidas, para ver los impactos que generan, sobre todo considerando la situación política, económica y social que vive hoy día Haití, en que la crisis ha ido en escalada y hay muchas personas que están necesitando migrar del país. Es necesario ir evaluando, no solamente las políticas que se refieren a visas, sino también cuál es el rol que va a jugar el Estado de Chile respecto de esa situación y ver que las medidas que se van implementando no pueden generar trabas adicionales para personas que hoy requieren, por una crisis política y humanitaria, salir de su país y ser recibidos en otros lugares”, sostuvo Ramaciotti.

En 2017 la población haitiana en el país se cifraba en poco más de 112 mil personas, correspondiendo al 10 por ciento de la población inmigrante en Chile. No obstante, los datos entregados en la última Estimación de la Población extranjera en Chile, cifran en casi 180 mil los haitianos residentes en Chile para diciembre de 2018, correspondiendo a un 14,3 por ciento de la población extranjera en el país. Por ende, la población haitiana aumenta, pese a las pocas visas que se entregan.

Una situación que para la socióloga María Emilia Tijoux, ha sido utilizada para estigmatizar a las personas que provienen de Haití, las que, según un estudio en curso realizado por la académica y Constanza Ambiado, se han visto profundamente afectadas.

“Se ha colocado bajo el concepto de delincuentes a personas que han entrado por pasos no habilitados, pero que nunca han cometido un delito. Entonces, hay que ver qué le pasa a esta sociedad y a este gobierno con estas políticas restrictivas de selección de personas, cuando están dañando a una población que está teniendo problemas graves de salud mental, que se están sintiendo maltratados todo el tiempo y que además ni siquiera se puede confesar de que se sienten maltratados, porque el temor de la expulsión está ad portas”, planteó Tijoux.

Consultado sobre la decisión de exigir estas nuevas visas a la población haitiana, a diferencia de otros grupos a los que se les ha facilitado el acceso, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Álvaro Bellolio, explicó que se debió a la situación con la que se encontraron cuando llegaron al gobierno.

“Sobre el caso de Haití, se observaba que efectivamente había una irregularidad muy grande y gran parte de la comunidad haitiana era la que había sido más vulnerada en sus derechos. Hoy en día, la gran mayoría de los extranjeros que estaban en esta condición irregular, o ha retornado a sus países para seguir con su proyecto de vida, muchos de ellos que habían sido engañados para venir al país, otros ya tienen su visa, por lo tanto pueden desempeñarse en forma regular. Y ha disminuido considerablemente la presentación de contratos falsos para requerir esta documentación, con esto justamente estamos velando por la calidad de vida de los extranjeros y en particular los ciudadanos haitianos, y no avanzamos en la línea que había anteriormente, que algunos defienden, que es justamente dejar a estos ciudadanos haitianos engañados, dejados a su suerte en la calle, sin documentación, de forma irregularidad y en un estado poco digno porque jamás se hicieron cargo de ellos”, dijo Bellolio.

No obstante, al lanzarse la nueva política migratoria, que estableció estas diferencias, el argumento del presidente Sebastián Piñera fue que con esto se “garantiza una migración segura, ordenada y regulada”. Sin embargo, a 10 meses de la medida, los expertos coinciden en que más que eso, esta medida y otras, como el Plan de Retorno Humanitario, solo buscan, de manera arbitraria y discriminadora, reducir la cantidad de haitianos en nuestro país.