Dos diputados de Revolución Democrática, Maite Orsini y Giorgio Jackson, presentaron un proyecto de ley que buscar concretar derechos laborales en beneficio de las personas que trabajan en aplicaciones móviles.

La iniciativa, difundida con el hashtag #MiJefeEsUnaApp y que tambipen cuenta con el patrocinio de la diputada Gael Yeomans (RD), se plantea luego de una encuesta realizada a 900 trabajadores de aplicaciones tipo Uber, así como a la Asociación de Conductores Unidos por Aplicación (ACUA) y trabajadores unidos de Uber Eats.

Este tipo de organizaciones tienen como antecedente latinoamericano a la Asociación de Personal de Plataformas de Argentina, que en 2018 abrió el debate sobre el tipo de vinculación que tienen los trabajadores con las apps, a raíz de desvinculaciones masivas o, más bien, bloqueos de sus cuentas.

¿Son trabajadores, socios o colaboradores? El académico del departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y experto en materia laboral, Miguel Urrutia, explicó a Radio Universidad de Chile que lo correcto es llamarlos trabajadores. Un socio, explicó, “tiene participación en la propiedad de la empresa” y un colaborador es más bien la respuesta a una tendencia de las empresas modernas.

Miguel Urrutia.

En ese sentido, Urrutia estimó que los derechos establecidos en el proyecto de Orsini y Jackson son perfectamente necesarios: “Un salario fijo y regulado, un contrato donde se aseguran prestaciones, previsión, todo aquello que es parte de las conquistas elementales del mundo del trabajo desde hace ya un siglo y medio”, indicó.

A fines del año pasado, un tribunal de empleo del Reino Unido determinó que los conductores de Uber efectivamente son trabajadores y que, por tanto, merecían vacaciones, descanso en las jornadas laborales y un sueldo mínimo. Sin embargo, según Urrutia, este tipo de casos son solo situaciones específicas en litigio y no resuelven el problema de forma transversal.

De hecho, el experto desmintió que los países más capitalistas o desarrollados hayan tenido soluciones acertadas frente a este fenómeno: “Desde que se inventó el subcontrato a nivel global, lo que está puesto en juego es eso: la disolución de la relación laboral. Para el capital hay un mundo maravilloso sin relaciones laborales, donde efectivamente todos seríamos socios”, manifestó.

¿Cómo funcionan entonces este tipo de aplicaciones y por qué son tan solicitadas? El analista de políticas públicas de la organización Derechos Digitales, Pablo Viollier, también respaldó el proyecto de ley y resaltó la falta de legislación laboral sobre esta clase de servicios, así como la transparencia con la información que manejan: “Lo que se ha mal llamado economía colaborativa, la verdad, no tiene mucho de colaborativa”, advirtió.

“En realidad, es la plataforma la que tiene el monopolio de la información y la intermediación y operan de forma eficiente por una especie de vacío regulatorio. Esa es la razón por la cual pueden cobrar barato y por la que pagan tan poco”, aseguró Viollier.

Pablo Viollier.

Por otra parte, Miguel Urrutia resaltó que es un error relacionar la palabra “precariedad” con el nivel de ingresos recibidos, muchos de ellos conseguidos, en estos casos, debido a la autoexplotación: “La precariedad tiene que ver con que la relación que se establece para acceder a los recursos monetarios tenga una estabilidad en el tiempo. Si eso no existe en un contrato laboral, el trabajo es precario”, enfatizó.

El proyecto #MiJefeEsUnaApp, según indicó el académico, es perfectamente viable en la medida en la que pueda conseguir un patrocinio del Gobierno. Desde el punto de vista técnico y de organización del trabajo, Urrutia considera que el Ejecutivo no podría negarse a esto, pero sí desde el punto de vista político, dado que siempre ha defendido la precarización “bajo el supuesto de la flexibilidad para las y los trabajadores”.