Luego de que el Ejecutivo anunciara la intención de disminuir la edad mínima para los controles preventivos de identidad a los 14 años, diversas voces han manifestado su posición respecto de las atribuciones que, hoy día, ya tiene Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Desde el lado de la academia, el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y experto en seguridad ciudadana, Hugo Frühling, conversó con nuestro medio y reiteró su oposición a la ley de control de identidad actual, la cual es contraria -aseguró- a modernizar a la policía y mejorar su efectividad.

“No hay ninguna evaluación eterna respecto a lo que ha sucedido con esta aplicación de la ley, no hay manera de asignar la información vía resultados efectivos. La reinstalación de un debate respecto al control de identidad es una pérdida de energía y del rumbo modernizador que había anunciado el gobierno”, indicó Frühling.

Para el académico, la aparición de este proyecto resulta otra evidencia de que la Comisión de Seguridad no ha sido clara. Cabe resaltar, además, que esta modificación aparece a solo unos meses de que Carabineros enfrentara una crisis luego del asesinato de Camilo Catrillanca, la cual terminó con diversos cambios en su interna.

Justamente por esta razón, Frühling consideró que este cambio no obedece a un diseño estratégico, sino más bien a una respuesta inmediata a los sectores que consideran que el aumento de la delincuencia es producto de la falta de atribuciones de Carabineros.

“Las políticas de seguridad requieren avance de largo plazo y hay un código penal que está en discusión y que enfrenta el tema de las penas, pero esto no se resuelve de un día para otro. En consecuencia, como los gobiernos son cortos, muchas veces quieren cerrar ventanas para la crítica, mediante medidas efectistas”, enfatizó el académico.

Sobre los riesgos a los que la ciudadanía se enfrentaría de aprobarse esta modificación, el experto indicó que ni siquiera hoy se tiene claro cómo funcionan los controles de identidad y si ya se detienen a menores de edad. Todo esto, porque sus datos no son comunicados al Ministerio Público.

Finalmente, Frühling mencionó un episodio ocurrido en una comisaría de Cañete en la que los carabineros debían obtener una cuota mínima de partes. La pregunta que planteó el experto fue si es que existe alguna garantía de que este tipo de mecanismos se apliquen también con este tipo de leyes.