El pasado martes, el Presidente Sebastián Piñera anunció que el Transantiago cambiaría de nombre y ahora pasaría a ser la “Red Metropolitana de Movilidad”. Eso porque será una “red” que conecte los buses, el metro, el metro tren y las bicicletas, lo que esperan se pueda expandir a otras regiones del país.

La asesoría comunicacional que pagó el gobierno para esta nueva imagen del transporte capitalino costó 550 millones de pesos, los que incluyen el desarrollo de la marca y también la difusión de información para los usuarios.

Un día antes de la oficialización de este cambio, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, sostuvo una reunión con los alcaldes de Alhué y San Pedro de Melipilla, además de vecinos de la comuna de Melipilla para discutir las condiciones de transporte que afectar a la zona surponiente de Santiago.

En la Región Metropolitana son 18 las comunas que no tienen uso de Transantiago y que, por lo tanto, dependen de transporte interurbano que se rige por tarifas y frecuencias independientes que quedan al criterio de cada operador, lo que facilita el monopolio del servicio.

En lo que refiere a la cita que se realizó entre los alcaldes y la ministra de Transportes, las autoridades comunales llegaron a la reunión con el objetivo de plantear a la secretaria de Estado la situación de movilización de sus comunas, donde por ejemplo, en el caso de Alhué, no existen medios de locomoción interna, y solo hay un par de viajes al día para trasladarse hasta Melipilla.

En función de esta necesidad es que en 2017 el alcalde de Alhué, Roberto Torres, planteó la solicitud de recibir una subvención que permita generar un medio de transporte para personas con discapacidad y adultos mayores, ya que son ellos quienes tienen mayor dificultad para movilizarse dentro de la comuna.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el alcalde Roberto Torres comentó que efectivamente en la reunión se les informó que no hay recursos desde el ministerio para poner en marcha lo que proponen, a pesar de que las autoridades manifestaron aceptación con la idea.

“Este proyecto lo presentamos el año 2017 y hasta el minuto no ha habido respuesta positiva del punto de vista económico, sí hay buenas intenciones ya conversadas con el Seremi, el Subsecretario y ahora con la Ministra, donde nos dicen que tienen la disponibilidad pero hay un tema de asignación de recursos, y viene la paradoja de que habiendo tanto recurso disponible en la zona urbana, que uno igual lo puede entender, porque en la Región Metropolitana vivimos casi 7 millones de chilenos y de esos el 85 por ciento debe estar en Santiago, pero el resto de los vecinos, de las personas que vivimos en la región somos parte de ella y debemos tener mayor equidad al respecto”, comentó.

Además, el jefe comunal señaló que en el caso de su comuna y de San Pedro de Melipilla, ellos están aún más en desventaja que otras zonas, pues ni siquiera tienen un sistema de transporte establecido y, respecto de las frecuencias, altas tarifas y malos servicios que se entregan en otros sectores que sí tienen empresas de movilización, indicó que cree que esto es “porque no se le ha puesto es cascabel al gato con los transportistas”.

Respecto de por qué no se trabaja en mejorar las condiciones en las comunas rurales, el alcalde señaló que cree que es por la poca visibilización que tienen los problemas que aquejan a estas zonas y que “si no podemos solucionar el tema de Santiago difícilmente vamos a solucionar los temas de la ruralidad y lo más complejo es la cantidad de recursos que se invierten para el transporte día a día. Es mucho para la calidad que tienen”.

Incluir a la periferia

En la reunión que sostuvo la ministra con los alcaldes, también estuvieron presentes vecinos y autoridades de Melipilla, desde donde se exige que se fiscalice el funcionamiento de las empresas de buses, pues acusan un alto cobro de pasajes.

Juan Valdés, de la organización Melipilla se Levanta, asistió a la cita. Respecto de la disparidad de recursos entre el centro urbano y las zonas rurales indicó que “recibimos con indignación el hecho de que el gobierno gaste mas de 500 millones de pesos en publicidad, en cambiar una imagen corporativa de algo que ya sabemos que es malo. No porque cambiamos el nombre va a mejorar y por qué tenemos indignación, porque nosotros todavía no tenemos respuesta respecto del alza de los pasajes de empresas inescrupulosas que viajan entre Melipilla y Santiago”.

Además, Juan Valdés se manifestó muy molesto y decepcionado de que en la misma cita no se hayan podido asegurar recursos para los municipios de San Pedro y Alhué, pues indicó que la solicitud de ellos es mínima en comparación a otro tipo de gastos en los que incurre el Ministerio.

Por su parte, el alcalde de Paine, Diego Vergara, también director de la Asociación de Municipales Rurales de la Región Metropolitana, dijo que miran con una especie de envidia sana este refuerzo de recursos en el transporte del centro urbano y que esperan poder conversar con el Ministerio de Transportes para avanzar en la expansión del Transantiago.

“Este no es un tema de este gobierno o del anterior, en el fondo son políticas publicas que durante décadas no han afrontado o no se han metido en el funcionamiento del transporte público fuera del radio urbano, pero nosotros nos sentimos ahí expectantes, más que abandonados, yo creo que expectantes porque sabemos por las reuniones que se han hecho que tenemos que lograr que el Transantiago llegue a nuestras comunas en el plazo mas corto posible”, señaló.

Además de esta conexión, el alcalde indicó que están preocupados de poder mejorar las condiciones actuales o disponibles a corto plazo, como que las frecuencias del metro tren puedan aumentar y que el proyecto de Melitren se pueda concretar. Agregó, que si bien lamentan la situación que los aquejan saben que no son los únicos, pues la situación en regiones muchas veces es de aun mas desconexión.

Políticas públicas de injusticia social

Para Felipe Ulloa, geógrafo de la Universidad de Chile, el problema de disparidad de recursos radica en una política pública de transportes ineficiente y dijo que, si desde los diferentes gobiernos no ha habido interés en las zonas rurales metropolitanas, es  porque no tienen mayor influencia política en el desarrollo de la región.

Según el experto en materia de infraestructura, transportes y desarrollo, en esta situación hay una injusticia social, pues en los sectores que no abarca el otrora Transantiago no hay subsidio estatal para el transporte, aun cuando en esas zonas, generalmente, las personas tienen menos recursos para sostener el gasto de movilización”.

“Sabemos que a medida que te alejas del distrito central de negocios, que son las comunas más ricas de Santiago, que son las que tienen mayor conectividad, las que concentran la inversión, empieza a bajar la renta de las personas hacia la periferia y, en ese contexto, hoy día tendríamos una injusticia social en el sentido de que las comunas que están fuera de la provincia de Santiago ni siquiera reciben subsidio para su transporte. O sea su trasporte es más caro, en lugares que tienen menos renta y menor accesibilidad, eso es un tipo de injusticia social desde el punto de vista de los recursos públicos, porque la gente que está fuera de ese anillo también paga impuestos, entonces esa injusticia social está distribuida desde el Estado, esos son los grandes problemas de planificación que tiene Chile respecto a sus ciudades”, aseveró.

Respecto de esta cierta despreocupación del Estado por las comunas rurales, Felipe Ulloa señaló que responde a que a la hora en que las autoridades hacen la planificación territorial, el principal foco está puesto siempre en la provincia de Santiago, pues es ahí donde se concentra el poder político y la mayor representación ciudadana.

Agregó que el transporte debe ser entendido como un bien público que debe llegar a toda la ciudadanía, y bajo esa lógica se deben garantizar los subsidios que ayuden a disminuir los costos y que así todos puedan acceder al servicio. En esa línea, indicó que que el hecho de que un ciudadano gasté el 40 por ciento de un sueldo mínimo en transporte, como ocurre con el servicio por ejemplo de Melipilla, es injusto, pues se debe asegurar que el gasto sea realmente asumible para alguien que gana una remuneración básica.

Además, el ex asesor Ministerial para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dijo que esta disparidad se debe a la ausencia de medidas del Estado para regular la situación. “Aquí no hay una política pública que falló, es que no existe. No hay política pública de transportes fuera de lo que es la provincia de Santiago”.