Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), quienes integran las 24 oficinas existentes en todo el país, decidieron paralizar desde este martes sus funciones de manera indefinida.

La razón, solidarizar con sus compañeros de la región del Biobío, quienes denunciaron precariedad en las condiciones laborales y de infraestructura. Factores que significaron no recibir bonos por metas, cuya responsabilidad se atribuye al Ministerio de Justicia.

La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (ANFCAJ) Claudia Fachinetti, aseveró que el gobierno está tratando de hacer caja con los trabajadores de la repartición,  una de las peores pagadas del país, según señaló la dirigenta.

“El Ministerio de Justicia a dispuesto que, a nuestros compañeros de la CAJ del Biobío, corporación que une a seis regiones, desde Ñuble a Aysén, se les descontará parte de su remuneración, y ello por la falta de cumplimiento de metas donde los funcionarios no tienen nada que hacer. Los funcionarios cumplieron, pero las autoridades encargadas no enviaron dicha información, por eso ahora todos ellos están sancionados, algo que absolutamente no corresponde”, afirmó.

Según la dirigenta sindical, son más de 600 los funcionarios afectados por la rebaja, cuyo monto total alcanza a los 330 millones de pesos.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío, Marcelo Inostroza, advirtió que descuento de los sueldos podría repetirse en los meses de junio, septiembre y diciembre.

“Este descuento es completamente ilegal y arbitrario. Nos exigen una meta, meta que no podemos cumplir porque no nos entregan las herramientas tecnológicas para que nuestros representados puedan cumplirlas. Como no podemos cumplir, nos descuentan de nuestros sueldos. Esto es arrebatarnos el pan a todos nosotros. Hay descuentos desde 120 mil a 500 mil pesos, entre los sueldos más bajos, rebaja que se hace en marzo cuando nuestros funcionarios más necesitan cubrir los altos gastos de marzo. De esta forma, se han apropiado de nuestro principal patrimonio: nuestros sueldos”, argumentó.

Recordemos que las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) son los organismos públicos encargados de proveer de defensa judicial gratuita a quienes no pueden pagar por ella.  Garantizan un acceso igualitario a la justicia a todos los ciudadanos, la que, administrativamente, depende del Ministerio de Justicia, quien provee los fondos para su funcionamiento.