Una ardua pelea han estado entregando distintos movimientos ciudadanos y organizaciones sociales de la región del Ñuble en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, Embalse La Punilla, con el que pretenden asegurar el riego para 70 mil hectáreas y, además, instalar una central hidroeléctrica que aprovecha el caudal del río Ñuble.

Una construcción que se ubicaría en plena cordillera de la comuna de San Fabián de Alico y que inundaría 1.700 hectáreas de un territorio que ha sido declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biósfera por su importancia ecológica. Dentro de este mismo territorio, habita una particular colonia de 40 huemules, la única que existe fuera de la patagonia.

En conversación con nuestro programa Radioanálisis, Ignacio Chianale, integrante del movimiento “Ñuble se Hunde”, enfatizó en la importancia ecológica de esta zona y en el impacto irreversible que este proyecto podría llegar a tener.

“Esto es sumamente relevante entenderlo por dos razones: la primera es que estamos en un contexto, en el año 2019, en que proyectos de ésta envergadura está demostrado que son tremendamente complejos de construir por la magnitud de los impactos sociales y medioambientales que existen. Segundo, y esto es algo tremendamente relevante, que estamos hablando de un territorio que la UNESCO declaró Reserva Mundial de la Biósfera”, explicó el activista.

Un proyecto que no solo tiene consecuencias en el plano medioambiental sino que también se extiende al plano social. Esto porque son más de 80 las familias que ya comenzaron a ser desalojadas de sus territorios.

Ante esto, Chianale sostuvo que las consecuencias de la iniciativa alcanzan incluso el plano cultural, ya que afecta a una forma de vida que es tradicional de nuestro país.

“La fase misma de construcción del proyecto tiene tremendos impactos, sociales e ambientales. Todo esto tiene consecuencias de largo de plazo pero también consecuencias que son instantáneas e inmediatas. En el territorio existe una comunidad que son más de 100 familias que desde cierto punto de vista es un patrimonio chileno, que es la cultura arriera. Una forma de vida que solo tiene coherencia y puede existir en ese lugar”, advirtió.

Sin embargo, en 2010 se aprobó el proyecto y obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), Así, junto con esta resolución, se establecieron una serie de obligaciones para el titular y,  en este punto, el Ministerio de Obras Públicas, entre ellas, un Plan de Desarrollo Social (PDS) que se debía ejecutar para las 83 familias de arrieros y crianceros que se encuentran en la zona de inundación del proyecto y debían ser relocalizadas.

De las 31 familias que en primera instancia debían ser desalojadas, diez no aceptaron el Plan de Desarrollo Social y fueron sacadas del lugar en noviembre pasado sin recibir nada a cambio.

Sobre las razones de éstas familias para rechazar el Plan, César Uribe, miembro del movimiento Ñuble Libre y vecino de la comuna aledaña de San Fabián, señaló que se deben a una falta de garantías por parte del titular del proyecto.

“El Plan de Desarrollo Social no les entrega ninguna claridad ni certeza respecto de mantener su sistema económico y su sistema de vida. No hay una respuesta respecto de lo que va a suceder con sus animales, entregarles una alternativa real de reubicarlos en una zona con características similares a las que viven en la cordillera de Ñuble o en otra cordillera. No ha habido ningún tipo de alternativa similar que la empresa les haya ofrecido, siendo que esa es su obligación”, comentó Uribe a nuestro medio.

En 2016, el proyecto se entregó en concesión a la empresa italiana Astaldi, quedando así bajo su responsabilidad la implementación del Plan de Desarrollo Social y en manos del Ministerio de Obras Públicas la expropiación.

Pese a que en la Resolución de Calificación Ambiental se exigía una actualización del Plan de Desarrollo Social tres meses antes del comienzo de las obras por parte de la empresa italiana, esto nunca ocurrió.

Miembros del movimiento ‘Ñuble se Hunde’ se manifestaron en Chillán en rechazo al proyecto Embalse La Punilla.

Así, en noviembre pasado, las diez familias que no aceptaron el Plan de Desarrollo Social por no estar actualizado, fueron desalojadas violentamente por efectivos de Fuerzas Especiales y dejados en la calle, incumpliéndose así 14 de los 44 puntos del Plan de Desarrollo Social que se debían ejecutar antes de efectuar el desalojo.

Una irregularidad que para Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, se ampara en este uso que hace el Ministerio de Obras Públicas de la Ley de Expropiaciones, pero que sin embargo, va en contra de la Ley Ambiental.

“Ahora el Ministerio de Obras Públicas está tratando de apegarse a la legalidad, ellos dicen ‘no, nosotros todo lo que hicimos fue legal’, cuestión que no es cierta porque no hay forma de rebatir las medidas 6 y 7 del Plan de Desarrollo Social. O sea, decían que no se podía desalojar a nadie sin cumplir las medidas y eso no se cumplió, entonces no hay muchas lecturas que darle a eso. Nosotros confiamos en que la Superintendencia del Medio Ambiente vaya a entregar una sanción favorable a nuestras denuncias”, dijo el abogado de Defensa Ambiental.

Esto porque en febrero pasado, el abogado, en representación de las familias desalojadas, interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Medioambiente para que ésta determine las responsabilidades por incumplimiento en el desalojo.

Mientras que, en paralelo, el abogado Alex Quevedo demandó al titular del proyecto y al Ministerio de Obras Públicas por daño ambiental, demanda que el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia acogió, otorgando la medida cautelar que ordena la paralización de los desalojos.

No obstante, el MOP ha hecho caso omiso a la resolución judicial y los desalojos no han terminado para los vecinos de la localidad de La Punilla.