A poco más de un mes de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera revocar provisoriamente el procesamiento del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, este martes el juez Mario Carroza ordenó reabrir la investigación por la muerte del estudiante universitario Patricio Manzano en 1985.
La decisión del magistrado se da tras la solicitud de los querellantes en la causa, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la Universidad de Chile y la familia de la víctima.
De esta forma, el ministro en visita ordenó una serie de diligencias para determinar si Ruperto Soto –ex comisario de Los Andes- se encontraba en el lugar, además de un nuevo interrogatorio a Bruno Villalobos.
Así lo confirmó uno de los abogados querellantes en la causa, Cristián Cruz, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile señaló que también se indagará la presencia de Hermes Soto -sucesor de Villalobos- en la unidad policial, ya que, según argumentó, “en el sitio web de Carabineros, se informa que él prestaba funciones en la 1° comisaría de Santiago a marzo del año 85”. “En esa comisaría, después de las torturas fallece Patricio Manzano”, sostuvo.
Asimismo, el profesional explicó por qué se citará a declarar nuevamente al ex general director de la policía uniformada: “Claramente hay contradicciones, ya que hay al menos dos versiones que fue lo que él entregó cada vez que declaró y tiene que prestar nuevamente testimonio y, entre otras cosas, dar cuenta sobre el origen de las fotografías tomadas el día de los hechos en la comisaría de Los Andes cuando es torturado Patricio Manzano. Fotografías que entregó el señor Villalobos al ministro Carroza al momento de declarar. Obviamente ahí surgen las dudas de dónde estuvieron esas fotografías durante más de veinte años”.
El abogado cuestionó la falta de compromiso por parte del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ejecutivo, respecto de este caso. Incluso, acusó la existencia de una red de protección hacia Bruno Villalobos proveniente desde distintas instituciones: “Obviamente para nosotros es incuestionable el nivel de protección que ha tenido el señor Villalobos desde el poder y con eso me refiero al poder Ejecutivo, durante el gobierno de Michelle Bachelet y otras tantas instituciones”.
En esa línea, Cristián Cruz aseguró que “al momento de alegarse respecto de la apelación del procesamiento de Villalobos, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a pesar de que ellos habían pedido el procesamiento, no fueron a alegar sus abogados, entonces, queda absolutamente claro que la autoridad, la Subsecretaría de Derechos Humanos respectiva prohibió aquello”.
En el mismo sentido, el representante de la familia de Patricio Manzano cuestionó: “No sé si si el señor Villalobos sabe algo del ministro de Justicia o de la Subsecretaria que, en definitiva, los inhibió de actuar en la persecución penal como corresponde”.
Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile también se cuestionó el resguardo a la figura del ex uniformado. “Ha sido indignante el nivel de impunidad, sobre todo porque él ocupó varios cargos en gobiernos de la Concertación. Es importante que él pague por su responsabilidad en las torturas y muerte de Patricio Manzano”, dijo la presidenta de la entidad, Karla Toro.
Además, la dirigenta estudiantil apuntó al rol del Gobierno en este caso: “No puede ser que sea el Ministerio del Interior quien no haya permitido en primera instancia litigar al Programa de Derechos Humanos. Es una interferencia política en favor de la impunidad que nosotros hemos visto”.
El ex general director de Carabineros fue procesado en calidad de cómplice por la supuesta aplicación de torturas con resultado de muerte en contra de Patricio Manzano de 21 años, quien en 1985 se encontraba cursando la carrera de Ingeniería en la Universidad de Chile.