Un juez federal de California dictó este 8 de abril una orden cautelar que impide que el gobierno estadounidense aplique una medida que va en el sentido de la política antiinmigrantes del presidente Donald Trump.
Desde el mes de enero, la policía fronteriza estaba habilitada para aceptar una petición de asilo y devolver al migrante a México, para que espere en el país latinoamericano que su caso llegue a juicio. Esta política ha afectado a más de 300 personas desde el principio del año 2019.
“Se prohíbe a los acusados continuar implementando o ampliando los ‘Protocolos de Protección al Migrante'”, escribió en su decisión, que entra en vigor el viernes y puede ser apelada, el juez federal Richard Seeborg de San Francisco.
Con esta decisión se busca poner fin a los “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP en inglés), diseñados para solicitantes de asilo no mexicanos que entren a Estados Unidos por México.
A 9th Circuit Judge just ruled that Mexico is too dangerous for migrants. So unfair to the U.S. OUT OF CONTROL! https://t.co/XF8o3jMDle
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de abril de 2019
Esta política, bautizada por el propio Trump como “Quédate en México” (Remain in Mexico), tenía como objetivo detener los grandes flujos de inmigrantes a las fronteras. Se aplicó primero en el puerto fronterizo de San Ysidro, en California, y posteriormente se extendió a otros puntos de la frontera. Varios cientos de personas que solicitaron asilo fueron devueltas a México para esperar el resultado de su solicitud.
La demanda, interpuesta por grupos pro-inmigrantes como ACLU, representaba a 11 centroamericanos en esta situación. Seeborg dijo que la cuestión no era si el MPP era “una política sabia, inteligente o humana”, sino si exponía a los extranjeros a “circunstancias indebidamente peligrosas”. Ordenó asimismo que los 11 centroamericanos volvieran a Estados Unidos, sin precisar si las autoridades debían arrestarlos o dejarlos en libertad condicional, mientras se deciden sus casos.
La decisión se anunció apenas un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, renunciara a su cargo. “Por demasiado tiempo, nuestro sistema migratorio ha sido explotado por contrabandistas, traficantes y aquellos que no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos”, había dicho Nielsen en enero.
La medida se suma al hilo de fallos judiciales contra las radicales políticas migratorias de Trump, como la prohibición de solicitud de asilo a quienes entraron de forma ilegal al país o la revocación del DACA, el programa que regulariza a indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.
