En conversación con nuestro medio, Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, comentó la carta enviada por el Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitándole respetar el “margen de autonomía” de los países. La académica calificó la misiva de impresentable, pues dijo que cae en varias imprecisiones políticas y jurídicas. Además, Chile está poniendo en riesgo su prestigio internacional con esta actitud.

Yáñez indicó que cuando el Estado de Chile reivindica que se reconozca el legítimo espacio de autonomía de los Estados existen imprecisiones, pues “evidentemente el derecho internacional reconocer a cabalidad el principio de autonomía de los Estados”.

Agregó que “el Sistema Internacional de protección de Derechos Humanos y, particularmente, el Sistema Interamericano, se configura fundamentalmente a partir de la ratificación soberana que los Estados han hecho no solo del texto de la convención, sino que de las facultades jurisdiccionales que tiene particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Además, la académica de nuestra casa de estudios indicó que esto “pone en riesgo el prestigio internacional de Chile, que se construye, precisamente, “sobre la base del fortalecimiento en su democracia y el cumplimiento de las obligaciones que ha contraído. Chile ha dado cuenta siempre de ser un país serio que cumple sus obligaciones y ha dado cuenta de los países que no lo han cumplido, entonces, esto realmente es incomprensible”.

Por otro lado, Yáñez comentó cuál podría ser la razón por la que un Estado busque eludir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales o quiera debilitar a los órganos encargados de la protección de los Derechos Humanos, sobre todo, cuando una nación dice tener compromisos con la democracia.

En ese sentido, dijo que cuando esto ocurre es porque un Estado “debe estar presionado por grupos de poder que, finalmente, estiman que en el cumplimiento de esta normativa pone en riesgo sus intereses, y yo creo que, efectivamente, la cuestión del Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos se pone problemática cuando afecta a estos a grupos, como, por ejemplo, cuando cautela los derechos de pueblos indígenas y se trata, precisamente, de grupos de poder que entienden que ahí hay una restricción, sobre todo, al desarrollo de la industria extractiva o de los derechos de propiedad”.

La académica comentó que, además de los grupos de poder económico, también muchas veces se dan presiones de los grupos conservadores, quienes no quieren que se garantices los derechos sexuales o los derechos de las disidencias sexuales, por ejemplo, el matrimonio igualitario,

Por otra parte, la Yáñez cuestionó que Chile tenga esta actitud, pues aseveró que cuando hay que criticar las vulneraciones de derechos en otros países, es el primer Estado en valorar a los organismos internacionales.

“Cuando se trata de condenar a Venezuela, a Nicaragua, cuando se trata de poner en cuestión a gobiernos que tienen posiciones políticas diferentes como, es el caso de Ecuador o como es el caso de Bolivia, Chile es el campeón en defender el Sistema Internacional de protección de Derechos Humanos, entonces, se requiere aquí un mínimo de consistencia por parte del gobierno”.

En ese sentido, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile comentó que espera que el sistema no sea utilizado por el Estado de Chile y por el actual gobierno sólo con intereses políticos cuando así convenga, pues eso es “intolerable, sobre todo cuando hablamos de Derechos Humanos”.