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Yolanda Acevedo

Territorios y desacatos

Yolanda Acevedo | Jueves 9 de mayo 2019 14:14 hrs.


Residentes de la comuna de Estación Central[1], “perjudicados por las faenas de un edificio en altura” se ven obligados a requerir un pronunciamiento de la Contraloría según columna de Patricio Herman, en la que da cuenta de la existencia del dictamen Nº 44959 del 28 de diciembre, de 2017, emitido por la Contraloría General de la República, el que concluye que todos los anteproyectos y permisos de edificación, 30 y 72, respectivamente, acogidos a la figura de agrupamiento continuo son contrarios a derecho.

Producto de tal situación, la Contraloría emitió el dictamen Nº 27.918 del 12 de noviembre de 2018, corroborando lo que ya había resuelto disponiendo la invalidación de los anteproyectos y permisos de edificación que tuvieran singularizado ese tipo de agrupamiento y exigiendo la apertura de un procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios municipales. Todos sabíamos de los guetos verticales, afirma Alejandro Verdugo, quien presenta un resumen y una cronología de los hechos publicada en el medio digital El Desconcierto.

En definitiva como afirma Herman se vulneró el artículo 116º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Por otra parte, en marzo de 2018[2], por columna de este mismo Diario , conocimos la situación que afecta a residentes de la comuna de Ñuñoa, por resoluciones tanto de la SEREMI como del Alcalde invalidando el proyecto de edificación adyacente a un pasaje de la comuna, La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Ñuñoa permitió el comienzo de las obras de un edificio en un pasaje de la comuna, desacatando resoluciones de la SEREMI y del propio Alcalde. En Octubre de 2016 la DOM otorga el permiso de edificación (PE280/2016) a un proyecto ingresado en Agosto de ese año, versión modificada de un anteproyecto ingresado en Mayo (ante el cual los vecinos habían presentado reclamo a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo). El proyecto aprobado consiste en un edificio de 5 pisos con 38 viviendas en un pasaje de 8.4 m. Los vecinos envían estos nuevos antecedentes a la SEREMI, argumentando que el proyecto vulnera el artículo 18 del Plan Regulador Comunal (PRC) de Ñuñoa y tiene un estudio de sombra mal elaborado.

En Diciembre de 2016 la SEREMI pide antecedentes a la DOM, quien responde a mediados de Enero del 2017. El 08 de Febrero de 2017, la SEREMI informa a la DOM que el permiso de edificación está mal otorgado y que por lo tanto debe dejarlo sin efecto en un plazo de 15 días (ORD N°673). Transcurridas cinco semanas sin que la DOM procediera a cumplir la decisión técnica, los vecinos presentan reclamo de ilegalidad frente al Alcalde, quien – luego de varios intercambios y correcciones – termina acogiéndolo mediante el Decreto 1440 del 14 de Septiembre de 2017, ordenando a la DOM la nulidad del permiso de edificación (y de su anteproyecto) por estar mal otorgado. En síntesis, tanto el organismo normativo (SEREMI) como la autoridad Municipal decretaron que el permiso de edificación PE280/2016 para construir un edificio de 5 pisos en un pasaje de 8,4 m. de ancho estaba mal otorgado. En lugar  de cumplir con lo dictaminado por las autoridades técnicas y administrativas, la DOM realiza entre Octubre de 2017 y Octubre de 2018 una serie de acciones orientadas a revertir la resolución original de la SEREMI  (ORD N°673), incluyendo el uso de dictámenes relativos a otras comunas para desacreditar el artículo 18 del PRC relativo a construcciones en pasajes de la comuna. Ante todas estas consultas la SEREMI responde que el permiso de edificación está mal otorgado y que debe anularse. En la respuesta final entregada el 31 de diciembre de 2018 (Ord. N°5879), la SEREMI señala que, si bien el nuevo estudio de sombras ingresado  está correctamente elaborado, la DOM debe atenerse a lo señalado por la División de Desarrollo Urbano en cuanto a que no se debe recibir modificaciones de un permiso mal otorgado y la inmobiliaria debería ingresar un nuevo proyecto (Ord. N°360). Cabe señalar que esta respuesta final de la SEREMI fue entregada a los vecinos – a requerimiento reiterado de ellos – dos meses después, el 28 de Febrero de 2019, menos de una semana antes de la aparición de las grúas el día 6 de Marzo, lo que evidenció no sólo el desacato flagrante de la DOM a sus superiores técnicos (la SEREMI) y administrativo (el Alcalde) sino también una actuación alejada de las normas más elementales de la ética.

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En marzo recién pasado, Patricio Herman[1] transparenta la delicada situación en la Comuna de Pudahuel en donde se omitió la afectación de utilidad pública como área verde, Parque Lo Prado, que tenían dos predios, que obtuvieron sendos permisos de edificación para levantar torres habitacionales, uno en la calle Claudio Arrau Nº 8705 y el otro en la misma calle con Nº 8671.

Este situación de ilegalidad se conoció, asevera Herman, gracias a las fiscalizaciones ciudadanas de diversas Juntas de Vecinos de esa comuna, en conjunto con la concejal Lavinia Reyes y el arquitecto Alejandro Cantillana, quien reside el sector. Después de que el Minvu afirma que el permiso de edificación Nº 169 del 28/06/16 cursado a la empresa Mar Adentro Inversiones S.A. por 5 torres habitacionales en altura y un supermercado y el permiso de edificación Nº 221 del 10/08/15 cursado a la Inmobiliaria Travesía SpA por 2 torres habitacionales en altura son improcedentes. Esta situación fue descrita en Ciper .

Ante el desacato de la DOM de Pudahuel, en oficio 1079 del 27 de febrero de 2019, el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Minvu, reiteró a esa DOM que le respondiera, dándole ahora un plazo de 5 días para que le entregara el informe técnico requerido.

También se está a la espera del pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que hace casi 24 largos meses comenzó a tramitar denuncias por el fraccionamiento de los loteos y otros proyectos. La Contraloría General de la República ya advirtió a esa superintendencia que esos plazos no son aceptables, ello producto de una investigación generada por la denuncia de vecinos sobre un caso muy similar a los loteos de Pudahuel: el proyecto Hacienda Batuco en Lampa.

A su vez, la Municipalidad de Santiago, otorgó el permiso de edificación Nº 16.060 a una empresa inmobiliaria para que construyera un hotel en el sitio eriazo de la calle Agustinas 720, colindante con el tradicional edificio de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ese acto administrativo no respetó la altura máxima establecida para ese sector en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago. En dicho permiso se señaló que el actor privado podía levantar su estructura con una altura equivalente al doble de la admitida en el instrumento normativo local (sic).[2]

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Por expresa solicitud del Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Contraloría General de la República examinó la situación, emitiendo los dictámenes números 45.217 y 89.856, ambos de 2016 y número 13.931 de 2017, mediante los cuales se estableció que el mencionado permiso de edificación, era contrario a derecho, instando a la iniciación de un sumario administrativo. Entretanto, la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, solicitó a la Contraloría una reconsideración a sus dictámenes y como era previsible, en su dictamen Nº 26.204 del 29 de octubre de 2018, la Contraloría desestimó dicha solicitud. El asunto llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuyos alegatos el Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumió la defensa de la Contraloría, escalando el caso hasta la Corte Suprema, instancia máxima que rechazó la acción judicial de la inmobiliaria, pero la Municipalidad de Santiago no invalidó el permiso ilegal. Ante este desacato  emitió el dictamen Nº 4.559 del 13 de febrero de 2019, permitiendo que no se respete la altura máxima establecida en el Plano Regulador Comunal.

A continuación, la comunidad de Puerto Varas advirtió la dilación de su Plan Regulador . Esto lo conocimos  por la denuncia del COSOC, publicada en este mismo medio luego de una investigación del periodista Eduardo Andrade[1]foto 3 columna Yolanda

 

Un año de retraso es lo que asegura el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) lleva dilatándose la aprobación del Plan Regulador Comunal de Puerto Varas y que es de exclusiva responsabilidad de la municipalidad. Este año, la municipalidad ha presentado un recurso jerárquico y de reposición a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu), como última maniobra para subsanar lo que el COSOC denuncia: las múltiples trabas para lograr su aprobación. Sin embargo, el vicepresidente del COSOC, Jaime Gaete, explicó que el Seremi Minvu rechazó el recurso presentado por la Municipalidad, dado que el Plan Regulador Comunal presentaba serios problemas de fondo y forma, sumando 244 observaciones técnicas, pero le habría dado opción a la municipalidad de revertir la situación.

“Hay situaciones complejas como la habitabilidad del centro de Puerto Varas, se nos dijo que iba a tener una densidad de población de doscientos habitantes por hectárea y se aumentó al doble. No sé de donde se basaron ellos para modificar esas densidades poblacionales en el plan regulador”, explicó el vicepresidente del Seremi Minvu.

Sin embargo, para las últimas modificaciones ingresadas a inicios de marzo, Ramón Bahamonde cedió a las presiones de las organizaciones sociales que pedían ser partícipes del Plan Regulador Comunal y, para esto, solicitó una votación en el Concejo Municipal.

En ese sentido, y posterior al envío del plan directamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Aichele responsabilizó directamente a Bahamonde de dilatar la aprobación del plan, dado que el ministerio no tendría la potestad de aprobar algo que ya viene siendo rechazado dos veces por el Seremi Minvu.

Según información brindada por la directora de la Corporación de Turismo y Cultura de Puerto Varas, Mónica Carrasco, el Seremi de Transporte de la región de Los Lagos ya habría adelantado que no existe forma de que el plan sea aprobado dado que las falencias persisten.

Los casos tanto de desacato como de dilación de los procedimientos establecidos, muestran un inquietante estado frente al respeto de la normativa vigente tanto interinstitucional, como de transparencia frente a la ciudadanía

 

La autora es MS.en Desarrollo Regional PUC y  MS.Planificación Urbana París 8

[1]                      Patricio Herman | Lunes 22 de abril 2019 8:25 hrs.

[2]                      Sergio Jara D. | Sábado 9 de marzo 2019 14:48 hrs.

[3]                      Patricio Herman | Lunes 25 de marzo 2019 8:42 hrs.

[4]                      “El municipio nos otorga el permiso de construcción. Pagamos los derechos de construcción, íbamos a iniciar las obras, y aparece la Contraloría objetando, y le dice a la Dirección de Obras que invalide el permiso de edificación, argumentando que el terreno tiene relación con la zona histórica de la comuna”, comentó el empresario Bruno Fritsch.http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=331344