Los dirigentes sindicales no pueden asumir cargos políticos pero sí los empresarios, otorga excesivas atribuciones al presidente, no reconoce a los pueblos originarios, no descentraliza el poder ni tiene reglas claras con respecto al nepotismo.

Estas características fueron enumeradas por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, respecto de las falencias que encuentra en la Constitución Política de 1980, y cuyo cambio fue debatido por expertos constitucionalistas este jueves en la sede del Senado.

¿Necesita Chile una nueva constitución? El último intento por lograrlo se remonta al año 2015, en pleno gobierno de Michelle Bachelet,  con el inicio de un proceso constituyente cuya característica principal consistía en trasladar el debate hacia la ciudadanía a través de cabildos comunales, provinciales y regionales.

Sin embargo, en 2018, con el nuevo oficialismo en el poder, este proceso fue declarado insuficiente y la pregunta pareciera haberse ubicado en un segundo plano. Para la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Belén Larrondo, este debate se ha visto reducido a la generación de reformas que finalmente no logran cumplir con las expectativas de cambio.

Belén Larrondo.

“Las reformas no son suficientes para un cambio de paradigma en lo que entendemos como derechos sociales. Lo digo porque llevamos bastantes años aplicando esas reformas dentro de la Constitución en distintas áreas, como salud o educación, pero son reformas que se siguen por distintos principios como la subsidiariedad”, indicó Larrondo.

Según el presidente del Senado, Jaime Quintana, la Constitución como carta fundamental del país debería estar pensada en el futuro y no “para la derecha o la izquierda. Asimismo, al igual que Larrondo, ratificó la ausencia de los derechos sociales del texto constitucional vigente, aprobado en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Son importantes los temas orgánicos de la Constitución, pero esencialmente los que son derechos sociales que no pueden solo estar enunciados sino que deben estar garantizados. De lo contrario, estamos simplemente trasladando este problema a los tribunales, en circunstancias que estos temas debiesen estar resueltos en la carta fundamental”, señaló Quintana.

Jaime Quintana.

Pero, ¿existe una posibilidad concreta de concretar el cambio?

Para el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, una modificación de esta magnitud exige un quórum muy alto, dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio. En ese sentido, Huenchumilla hizo un llamado a la oposición para realizar el cambio desde una coalición.

“Si no hay acuerdo del mundo político, nunca vamos a poder modificar esa constitución que, en definitiva, contiene trampas en virtud de las cuales la minoría tiene un veto respecto de las mayorías. Eso produce que las instituciones pierdan legitimidad, porque no tenemos acuerdos respecto del cumplimiento de sus tareas”, enfatizó Huenchumilla.

Francisco Huenchumilla.

En el sentido de trasladar este debate hacia la sociedad y aterrizar este tipo de temas hacia la vida cotidiana, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, recordó el rol de un grupo de políticos e intelectuales del siglo XIX  que generaron un proceso sistemático para el cambio de la constitución de 1833: el club de la reforma.

“Es un buen ejemplo de lo que tenemos que pensar respecto de los tiempos que vivimos hoy. Porque las reformas constitucionales serias y bien hechas no se logran de un día para otro, se logran en períodos largos, con disciplina y convocando a personas distintas que compartan este objetivo”, indicó Ruiz Tagle.

Pablo Ruiz Tagle.

Finalmente, el decano Ruiz Tagle aseguró que la constitución heredada por el gobierno franquista en España, empezó a cambiarse también a partir de reformas, pero que éstas, en cantidad, sumaron aproximadamente 1000. En ese sentido, el cambio de la Constitución firmada por la dictadura en Chile se hace necesario, puesto que los cambios en ella, a través de reformas, apenas llegan a los 300.