La presión del Gobierno ha dado resultado y todo indica que la votación en el Senado del Acuerdo Transpacífico o TPP-11, se llevará a cabo en las próximas semanas.

Así también pareciera ser que la aprobación es inminente, toda vez que las constantes peticiones que se han realizado para que el tratado sea revisado por distintas comisiones, han sido rechazadas. Ante esta situación han tomado protagonismo las implicancias que puede tener la ratificación del acuerdo internacional, en un debate que ha estado marcado por muchas dudas y pocas certezas. 

Con el objetivo de despegar esa nube de dudas que existen en torno al TPP-11, es que el Transnational Institute (TNI) realizó un estudio en el que hace un radiografía de uno de sus aspectos más cuestionados: las cortes de arbitraje o el llamado Sistema de Solución de Disputas Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).

Respecto de este sistema y su relación con el TPP-11, la investigadora del TNI, Luciana Ghiotto, conversó con Radio Universidad de Chile y señaló que esto ampliará el espectro de inversores que podrían demandar al Estado de Chile en caso de verse afectados.

“El Tratado Transpacífico que hoy se está debatiendo en Chile por su ratificación es un tratado muy interesante en términos de lo que implica el arbitraje o el mecanismo ISDS que mencionábamos, porque este mecanismo está incluido en el capítulo de inversión del TPP. Lo cual implica que para un país como Chile, que no le ha dado este mecanismo a todos los países con los que firmaron el TPP-11, estaría ampliando la cobertura de cantidad de inversores extranjeros que estarían cubiertos por este capítulo”, advirtió la investigadora.

Hasta enero de 2019, el informe “ISDS en números: Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe” del TNI, sumaba un total de 267 demandas por parte de transnacionales en contra de Estados de la región. De éstas los inversores ganan en el 70% de los casos.

A raíz de los casos ya resueltos (ya sea por decisión arbitral o acuerdo de partes), los montos que se les ha ordenado a los Estados a pagar a los inversores ascienden a los US$ 21.807 millones de dólares. Esta cifra equivale al total de inversión extranjera directa que recibieron de manera combinada Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en el año 2015.

En las últimas décadas la cantidad de demandas que se han presentado ante estos tribunales ha aumentado de manera abismal. En 2018 se realizaron 22, la cifra más alta desde 2003.

Cifras preocupantes para un país como Chile que en el último tiempo se ha abocado a atraer la inversión extranjera, teniendo participación en diversos sectores y negocios, como la agricultura, las semillas, la medicina e incluso el de las AFP.

Sobre esto, la investigadora y también coordinadora de la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC indicó que el Tratado Transpacífico podría imposibilitar el paso del actual sistema de pensiones a uno de reparto público.

“Un caso concreto es que de aceptarse el TPP estamos hablando de que se genera un blindaje para el sector financiero, entonces estaríamos hablando de que estarían cubiertos y se les daría arbitraje a estos inversores extranjeros para el área de servicios financieros, en el caso, por ejemplo, de las AFP”, sostuvo Ghiotto. “Es decir, si el Estado chileno quisiera revertir las AFP y de manos privadas pasarlo a un sistema de reparto público, este sector privado extranjero quedaría blindado y tendría estas prerrogativas extraordinarias que otorga el TPP-11 y que sería muy difícil revertir con una política pública normal sin que estos inversores acudan inmediatamente al arbitraje internacional“, señaló.

Los árbitros

El tribunal de arbitraje se constituye por tres árbitros: normalmente, un árbitro nombrado por el inversor, otro nombrado por el Estado y un presidente nombrado de común acuerdo entre las partes. Si bien hay un total de 225 árbitros que han formado parte de tribunales contra países de América Latina y el Caribe, la gran mayoría solo han participado en unos pocos casos. Es un grupo reducido de árbitros quienes han sido nominados repetidamente y por tanto concentran el poder de decisión sobre las demandas.

El 10% de los árbitros, de acuerdo al número de casos, han sido elegidos en el 42% de los tribunales arbitrales. Entre los árbitros, hay algunos favoritos de los Estados y otros favoritos de los inversores. Pero también hay árbitros que cumplen distintos roles en el tribunal. Por ejemplo, árbitros que en un caso fueron presidente del tribunal, en el próximo pueden ser nombrado por el inversor. Esto ocurrió repetidamente con el chileno Francisco Orrego Vicuña, quien cumplió 7 veces el rol de presidente y 9 veces fue nombrado por el inversor. O el caso de árbitros como Albert Jan van den Berg que son nominados indistintamente por inversores (5 veces) y Estados (4 veces) -ver imagen-.

Más información sobre el informe en el sitio web.