Son 11 las medidas que intenta imponer el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre las nueve etnias mayoritarias presentes hoy en el país. Sin embargo, la instancia se ha visto opacada por la decisión de las organizaciones originarias que han unido su voz para expresar su rechazo a la idea de Gobierno.

La posibilidad de arrendar o vender las tierras que alguna vez fueron restituidas por el Estado, es el punto más controversial de la consulta.

En este sentido, las comunidades atacameñas de la región de Antofagasta expresaron su rechazo absoluto al proceso de Consulta Indígena impulsado por el Ejecutivo.

El presidente de la Comunidad Atacameña de Lasana, Hernaldo Ferrer, indicó que, de los 11 puntos, no existe ninguno que beneficie directamente a los pueblos originarios, todo lo contrario –precisó- perjudica el futuro de sus integrantes y territorios.

“Estamos en el completo olvido por parte del Gobierno regional y comunal. Nuestro rechazo, además, se basa en la forma de cómo se generó este proceso, la nula participación de las mismas comunidades, de sus dirigentes, de sus asambleas, por eso la gente ha tomado esto con conciencia, sabe que estas modificaciones no van en ayuda de quienes estamos hoy día, ni de nuestros hijos y nietos, todo lo contrario, es una invasión a los pueblos, incluso a corto plazo significaría nuestra desaparición, con todas las alteraciones que está impulsando el Ejecutivo”, afirmó. 

Consultado sobre la Cuenta Pública y los anuncios del Presidente Sebastián Piñera, el dirigente licanantay del Alto Loa, Hernaldo Ferrer, aseveró que su contenido no tuvo nada de nuevo.

Expresó que, por décadas, se ha hablado y reiterado, por parte de los mandatarios de turno, sobre el reconocimiento constitucional de las etnias existentes a lo largo de todo el país y la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas pero, en la práctica, no existe ningún avance en ambas materias.

“No existió nada nuevo, primero como región, porque hoy día la contaminación que tenemos en el norte producto de las faenas mineras que se realizan al lado han hecho que haya un perjuicio muy grande, sobre todo para el sector agrícola, ganadero, y la flora y fauna de nuestro territorio. En relación al Ministerio, fíjate que hemos venido trabajando esa idea desde el año 2015, pero estamos en 2019 y no existe nada concreto. La gente quiere participar en esa nueva secretaría de Estado, pero las acciones del Presidente van por el lado del manejo político y la implementación de acciones autoritarias”, argumentó.

El proceso impulsado por el Gobierno para modificar la Ley Indígena también ha generado el rechazo de las comunidades originarias de la región del Maule.

Más de 20 asociaciones y 124 delegados de diferentes agrupaciones de la zona, además de rechazar la propuesta, informaron que se marginan de la actividad oficial debido a que, según ellos, el contenido de la misma no responde a las necesidades de los pueblos existentes en dicha región.

El vocero de las entidades originarias residentes en el Maule y lonco de la comunidad Ayin Mapu de Molina, Juan Ñancupil, precisó que ni siquiera existe una oficina de la CONADI en la zona.

Además -agregó-, el proceso efectuado por el Gobierno es “engañoso, una verdadera trampa”, ya que, en los 11 puntos, de lo único que se habla es la posibilidad de ofrecer al mercado títulos de dominio y tierras ancestrales.

“No nos favorece, todo lo contrario, nos perjudica mucho más. Del total de las preguntas que realiza el ministro Alfredo Moreno, ninguna se relaciona con nuestras necesidades, ni siquiera estamos considerados como organizaciones originarias de nuestra región, ni tenemos una oficina donde resolver nuestras inquietudes. Por eso hemos decidido marginarnos del proceso, a menos que el Gobierno cambie la forma y el fondo de la Consulta Indígena”, subrayó.

Recordemos que, además de la negativa emanada desde las propias comunidades nativas, partidos políticos cómo el Comunista, Progresista y Frente Regionalista Verde Social rechazaron la Consulta Indígena que desarrolla el Ejecutivo, esto, por pretender modificar la ley vigente.

Las tres colectividades de oposición denunciaron que los cambios que el Gobierno espera hacer a la legislación afectarían la propiedad de la tierra, las formas de organización y el derecho a la identidad de los pueblos indígenas.

Este proceso se inició en mayo pasado y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lo calificó como “un diálogo para un buen acuerdo”. La consulta se postergó en ocho comunas de la región de la Araucanía, según la autoridad, “por problemas de seguridad”.