Organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos cuestionaron la implementación de la ley de aborto en tres causales por parte del gobierno de Sebastián Piñera.

En la Casa Central de la Universidad de Chile, la Mesa de Acción por el Aborto y el Fondo Alquimia dieron a conocer detalles del monitoreo social sobre el proceso de cumplimiento de la normativa en siete territorios del país: Antofagasta, Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Aysén.

El estudio, realizado en centros asistenciales públicos de salud, dio cuenta de una serie de obstáculos que enfrentan las mujeres desde el inicio a hasta el fin de dicha prestación sanitaria.

La vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, indicó que la nula información para las afectadas, poca instrucción de personal médico y técnico respecto a la correcta aplicación de la ley, fueron algunos de los puntos negativos del informe.

“No hay información disponible hacia las mujeres y comunidades, si no cuentas con esa orientación, el derecho no lo puedes ejercer, por lo tanto, no es que yo llegue a preguntar fácilmente al consultorio. Existe solo una parte del personal capacitado, pero la otra mayoría, está ausente de ese esfuerzo, la implementación en la práctica se convierte en una carrera de obstáculos”, afirmó.

Gloria Maira, vocera de una de las ONGs que aportaron en la confección de la muestra, agregó que la objeción de conciencia declara y no declarada ha sido también una traba para que niñas, adolescentes y mujeres mayores tengan pleno acceso a este derecho, especialmente en la tercera causal sobre violación.

“La implementación queda grande como palabra. Estamos permanente funcionando en un camino que no es el nuestro imponiendo una cantidad de obstáculos que no son intervenidos a tiempo para que las mujeres puedan acceder a este derecho de manera expedita, con calidad y con contención. Nos pueden decir que este monitoreo es chiquitito, pero habla de lo que sucede hoy en los establecimientos públicos de salud. Si esto está pasando en estos siete territorios acotados, me imagino lo que sucede en otras zonas del país”, argumentó.

Al respecto, la doctora y asesora del Ministerio de Salud (Minsal) durante el gobierno de Michelle Bachelet, Paz Robledo, acusó a la actual administración de boicotear la ley poniendo diferentes obstáculos para que las mujeres no tengan información suficiente ni puedan acceder como corresponde a la normativa.

“Que se pongan a discutir en el mismo pabellón, qué si es o no objetor, frente a la paciente no puede ser, va contra la dignidad de esa persona. Ahí tiene que responder la institución. Este actual Ejecutivo, desde el Presidente Piñera, pasando por su ministra de la Mujer y Equidad de Género, hasta el saliente Emilio Santelices, todos están en contra de la Ley. Y sabemos que esto seguirá así: mientras más puedan boicotear, guardar los fármacos, no financiar, lo van a hacer”, subrayó.Recordemos que desde diciembre del año pasado el Minsal ha dejado de publicar el informe sobre los abortes legales realizados en Chile. La cartera tampoco ha entregado la información, aunque asegura que el documento se publicará a partir de este mes de manera trimestral.

El monitoreo de la ejecución de la Ley de Aborto en tres causales develó una serie de situaciones que vulneran los Derechos Humanos garantizados para las mujeres. Además de la violencia institucional en casos donde la decisión de la paciente afectada no fue considerada, sin realizar los procedimientos adecuados, lo que ha sido calificado en algunos casos por las mismas ONGs como violencia obstétrica e incluso tortura.