El anuncio del proyecto de ley acerca de la interrupción voluntaria del embarazo generó muchas criticas. Sin embargo, expertas destacaron la iniciativa y cuestionaron la actitud de los sectores políticos que rechazan la mera idea de discutir el tema.
A más de un año de la despenalización de la interrupción del embarazo a partir de las razones definidas, la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y el Fondo Alquimia, luego de un monitoreo social de la aplicación de la normativa, presentaron negativos resultados.
Desde la organización ciudadana emplazaron al ministro de Salud, Emilio Santelices, a que la legislación vigente sea aplicada, tomando en cuenta un informe oficial que constata el aumento de profesionales que se han declarado objetores de conciencia en la causal de violación.
La banca socialista acusó conflicto de interés de los ministros Juan José Romero, Pía Silva Gallinato y Miguel Ángel Fernández, quienes, eventualmente, deberán decidir sobre la constitucionalidad del reglamento por objeción de conciencia institucional, a raíz de la presentación de Chile Vamos que busca declarar ilegal la norma.
Pese a los retrasos en el protocolo de objeción de conciencia, desde la institución sanitaria de nuestra casa de estudios, recalcaron que la discusión fue abordada correctamente y no existe problema alguno sobre un tema que nuevamente fue rechazado por senadores de la UDI.
Nuevamente la UDI anunció que acudirá al Tribunal Constitucional por la Ley de Aborto en tres causales. La arremetida gremialista, que podría sumar otras fuerzas dentro de Chile Vamos, busca eliminar las restricciones para que clinicas privadas declaren ser objetoras de conciencia.
Luego de varios meses de espera, este martes se publicó el protocolo que regula la Ley de Aborto en tres causales. Con esto, las clínicas y equipos médicos tendrán 15 días para declarar si son objetores de conciencia. Desde la oposición criticaron la tardanza de la medida, junto con manifestar sus dudas frente a posibles maniobras de las clínicas para torcer la nueva legislación.
Casi la mitad de los médicos obstetras que trabajan en la salud pública en Chile se ha declarado objetor de conciencia en al menos una de las tres causales que presenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las cifras, a juicio de Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, son peligrosas, y hablan de una falta de consistencia a la hora de la elaboración de la política pública.
Ángela Vivanco ha escrito columnas y papers para defender “la vida del que está por nacer”. Así, con votos del oficialismo y gran parte de la oposición, la abogada constitucionalista de la Universidad Católica recibió los 30 votos que en el Senado le bastaban para convertirse en la nueva ministra de la Corte Suprema.
El jefe de la cartera de Salud tramitó un protocolo para el aborto de tres causales que permitió a las instituciones privadas, que reciben recursos públicos, declararse objetores de conciencia y no practicarlo, lo que fue desestimado por la Contraloría General. El próximo escenario es la acusación constitucional contra esta autoridad, mientras que desde el Ejecutivo ya pueden dar el control de la agenda mediática por perdida.
El órgano fiscalizador entiende que las entidades privadas que reciben aporte estatal actúan sustitiyendo a los servicios públicos de salud, por lo que no pueden contradecir a la ley.
La decisión del Tribunal Constitucional dio paso a la emoción y la pena. Entre los partidarios del proyecto aseguran que es un “salto civilizatorio” para Chile; mientras que sus opositores lamentaron la decisión. Solo el próximo lunes se sabrá si el TC amplió la objeción de conciencia a las instituciones, o la prohibió totalmente.