CIDH solicita información al Gobierno por la publicidad "discriminatoria"del Estado a medios de comunicación

A través de un escrito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el Gobierno tiene un plazo de tres meses para entregar antecedentes a raíz de una denuncia del ex director de la revista Punto Final quien acusó al Estado chileno de discriminación al momento de otorgar publicidad a los medios de comunicación, privilegiando a la cadena de El Mercurio y Copesa.

A través de un escrito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el Gobierno tiene un plazo de tres meses para entregar antecedentes a raíz de una denuncia del ex director de la revista Punto Final quien acusó al Estado chileno de discriminación al momento de otorgar publicidad a los medios de comunicación, privilegiando a la cadena de El Mercurio y Copesa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información al gobierno de Chile respecto de la denuncia del director de la revista “Punto Final”, Manuel Cabieses, sobre una eventual discriminación con la que el Estado distribuye su publicidad en los medios escritos, radiales y audiovisuales del país.

En comunicación al ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, la CIDH sostiene que el Estado tiene un plazo de tres meses para responder a la denuncia de Cabieses. Sin embargo, el escrito señala que dicha solicitud “no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”.

Cabe señalar que la denuncia a la CIDH fue realizada el 21 de octubre de 2010, después que el periodista Manuel Cabieses recurriera ante la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema de Justicia.

En la ocasión el profesional argumentó que el Estado de Chile destina la mayor parte de su inversión publicitaria a los medios de la cadena El Mercurio y Copesa, lo que impide que los medios independientes puedan financiarse.

La denuncia sostiene que esta situación afecta gravemente la libertad de expresión en nuestro país y cuenta con el respaldo del Colegio de Periodistas y  numerosas organizaciones sociales..





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