Por más de 40 años el cultor Carlos Carvajal se ha dedicado a conservar y difundir los Bailes Chinos, expresión cultural de la zona norte que en 2014 fue integrada a la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). No obstante, durante los últimos años se ha enfrentado a una situación compleja: la falta de transmisión de esta práctica a las nuevas generaciones.
Para el bailarín, esta situación tiene que ver con una serie de factores externos, por ejemplo, los obstáculos impuestos por las Iglesias que, de un tiempo a esta parte, han intervenido en el quehacer prohibiendo, en ciertas ocasiones, que los chinos lleguen a danzar a los templos. A ello se ha sumado la falta de apoyo estatal.
Por lo mismo, el gestor hoy ve con preocupación el debate que se ha dado en torno a la nueva ley del patrimonio cultural, sobre todo, porque, en su opinión, la propuesta presentada por el Ejecutivo sólo aborda de manera parcial la protección del patrimonio inmaterial.
“Todavía se piensa que de los edificios salen la gente y no que la gente construye los edificios. Si el Estado cambia esa mirada, vamos a tener una ley de patrimonio inmaterial buena, porque en este momento existe un proyecto de ley de patrimonio material, con un tinte de inmaterial. Es decir, vale más una flauta que el constructor de flautas y eso no puede ser, porque si muere el constructor, quién más va a hacerlas”, dice.
La crítica de Carlos Carvajal se suma a otras observaciones que han cuestionado el proyecto formulado por el Ejecutivo. Principalmente, los puntos emplazados tienen que ver con tres aspectos: el carácter expropiatorio de la ley, la orgánica y las sanciones.
Carlos Carvajal es miembro del Grupo Peregrino Mariano Caro Inca que fue fundado en 1994.
La propuesta del Ejecutivo: más categorías y una nueva orgánica
En octubre de 2018 la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales presentó en el Congreso, bajo el amparo de un sinnúmero de parlamentarios, su propuesta para modificar la Ley N°17.288 sobre Monumentos Nacionales.
Posteriormente, el 17 de junio de este año, el Ejecutivo ingresó su oferta. Con ello, el Gobierno cumplió una de sus promesas más ambiciosas en materia cultural: dar curso a la discusión que actualizaría la normativa que se originó en 1925 y cuya última modificación se realizó en 1970.
En el proyecto, el Ejecutivo propuso diversas categorías de protección, entre ellas, el patrimonio mueble, inmueble, inmaterial, paisajes, monumentos públicos, sitios de memoria y memoriales, y zonas de interés cultural, donde destacan “poblaciones, barrios, centros históricos, sectores antiguos o modernos, conjuntos urbanos o rurales, así como también los lugares donde existieren materiales arqueológicos y/o paleontológicos”.
Al mismo tiempo, la propuesta consideró la creación de dos organismos que reemplazarían al actual Consejo de Monumentos Nacionales, es decir, el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y el Consejo Regional del Patrimonio Cultural. A su vez, estas entidades contarían con secretarías técnicas, lo que implicaría una descentralización de la institucionalidad.
Durante la segunda jornada de celebración del Día del Patrimonio Cultural, en mayo pasado, el Presidente Sebastián Piñera, acompañado por la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, firmó el proyecto de ley para promover el cuidado del patrimonio.
Respecto de ello, la crítica de las organizaciones patrimoniales apuntaría a que los consejos estarían conformados por representantes técnicos, más que con figuras ligadas a las categorías en cuestión. “Tiene más tintes académicos que de gente de la comunidad. En la conformación de los Consejos hay sólo un cultor inmaterial, pero se pide pertenecer a una entidad cultural y, por ejemplo, los chinos no tienen personalidad jurídica, entonces, es difícil postular al cargo. Con el proyecto que se presenta queda mucha gente fuera”, comenta Carlos Carvajal.
“Además, en los primeros párrafos se habla sobre una ‘tuición’ que tiene el Estado y para nosotros esa palabra es muy fuerte, porque da a entender que el Estado se quiere apropiar de una tradición. Yo llevo bailando 40 años y no me considero dueño de lo que practico, sino que heredero, entonces, no puedo entregar la tuición de algo que no es mío y a muchos cultores les pasa lo mismo. El Estado tiene que ser un ente que garantice y te dé las herramientas para poder mantener la tradición”, añade.
Asimismo, advierte que en términos de protección inmaterial, la ley es débil, ya que sólo sanciona sobre la base de criterios materiales. De acuerdo a ello, sostiene que la legislación tiene muchos puntos flojos, si se analiza con detención.
El elemento tierra
Otro de los cuestionamientos guarda relación con la falta de participación de los pueblos indígenas en el proceso de configuración del proyecto. Según el Convenio 169 de la OIT, cada vez que se avecinen medidas legislativas que afecten a las comunidades, éstas deben ser consultadas, sin embargo, de acuerdo al gestor cultural de La Araucanía, Pedro Mariman, este proceso no se realizó.
“Desafortunadamente, no se apreció un intento por llevar la consulta este proyecto de ley. Además, no contempla ni presupuesto ni elementos de organización interna que permitan afrontar probables consultas. Por otra parte, en la creación de los Consejos Nacionales del patrimonio tampoco hay representantes de los pueblos indígenas, lo cual también es lamentable”, alerta.
“Lo que pasa es que la ley no se refiere al patrimonio de los pueblos indígenas. Entonces, lo subsume dentro de un entendimiento general, que borra la diversidad de expresiones culturales y las decisiones que tienen los pueblos indígenas sobre sus tradiciones”, explica Mariman.
“El sustento es la tierra y si no existe la tierra, existe disgregación de la cultura en los individuos”, dice Mariman.
Según afirma, la protección del patrimonio indígena también supone un desafío mayor, puesto que hoy existen bienes que están en manos de privados, por ejemplo, la tierra. “Si no hay un control sobre ella no existe la posibilidad de que la cultura tenga un sustento, es decir, el sustento es la tierra y si no existe la tierra, existe disgregación de la cultura en los individuos, lo que es un riesgo enorme”, sostiene el cultor.
Frente a ello, indica que es necesario incorporar en la futura normativa, un apartado dedicado, exclusivamente, a los pueblos indígenas. De lo contrario, ve con dificultad avanzar en la protección del patrimonio indígena.
Al Parlamento
Desde el Ministerio de las Culturas, el subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, señala tener presente las críticas, ya que, ante la envergadura del proyecto, era algo que podía predecirse. Sin embargo, sostiene que será el Parlamento el lugar donde puedan zanjarse las diferencias.
“Es normal que esté sujeto a críticas. No nos asusta. Nos parece normal. Hay algunas que acogemos con mucho gusto y otras con las que estamos más en desacuerdo. Antes de entrar al Parlamento, el proyecto contó con cien instancias de diálogo de exposición pública y de reuniones. No estoy hablando de las que fueron en con el sector estatal, porque esas fueron muchas más. Estoy hablando de las que se hicieron desde el Estado para afuera, con sociedades científicas, con comunidades en regiones para poder recibir opiniones y poder acogerlas dentro del borrador que el Ejecutivo realiza”, explica.
“Además, reconocemos de manera muy decidida que el Parlamento, que es el lugar establecido para parlamentar, donde se construyen las leyes y donde va la sociedad civil a discutirlas. Entonces, suponer que un proyecto de ley, que se discute en el Parlamento y que se discute con tiempo y con tranquilidad, no es democrático, porque no habría sido hecho por poblaciones interesadas parcialmente, me parece que es un error conceptual. Este proyecto tiene grandes consensos y tiene otros puntos en los que hay diferencias, pero para eso está el Parlamento, para abordarlas”, añade la autoridad.
Respecto de la orgánica propuesta en el proyecto, el subsecretario afirma que “el Consejo Nacional que se está proponiendo ahora tiene más representación relativa de la sociedad civil, respecto de entes públicos o estatales, que la ley actual”. Al mismo tiempo, argumenta que el proyecto es variado en categorías de protección y que,a diferencia del marco existente, se hace cargo de la dimensión inmaterial y del paisaje que ha estado a la deriva.
Subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda.
Para el Ejecutivo, es ideal que el nuevo proyecto de ley sea zanjado durante esta administración. “Esta es una demanda que la sociedad ha pedido desde hace demasiadas décadas. Por lo mismo, creemos que hay pisos para discutir a fondo este tema, con altura de miras y nosotros, como Ejecutivo, estamos dispuestos para que ciertos aspectos sean incorporados durante el proceso del gobierno”, agregó de la Cerda.
Desde esa perspectiva, en el Congreso ya se vislumbran distintas instancias de diálogo. Sin ir más lejos, el próximo miércoles 7 de agosto, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales llegará hasta la comisión de cultura del Congreso para plantear sus inquietudes. Se espera, en ese sentido, que la discusión sobre la protección patrimonial sea uno de los principales debates de la sociedad civil y los parlamentarios, durante los próximos meses.
