Fue el propio Presidente Sebastián Piñera quien, junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, dio el puntapié inicial a la llamada agenda de modernización del Estado con la primera reunión entre las autoridades y el Consejo Asesor Permanente que se creó con el fin de implementar la iniciativa.

La reunión tuvo como objetivo el analizar las propuestas que el Gobierno trabajó en torno a la modernización de la gestión pública y luego de ésta, se presentaron los ejes centrales de la agenda, que el mandatario calificó como “la forma de poner al Estado al servicio de las personas, hacerles la vida más fácil”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el director económico y administrativo del Instituto de Asuntos Públicos (IAP) de la Universidad de Chile, Rodrigo Egaña, abordó las medidas planteadas por el Ejecutivo haciendo, antes que nada, una diferenciación entre, por un lado, modernizar el aparato estatal, y por otro, hacer reformas al Estado.

“Normalmente se entiende por modernización aquellas cuestiones que tienen que ver con la gestión, con cómo hacemos las cosas que tenemos que hacer, hay muchas cosas que son importantes y en eso la agenda tiene un aporte muy relevante”, dijo el académico. “Pero hay otra dimensión, que se da cuando hablamos de reforma del Estado, y lo que nos estamos planteando básicamente es cómo ordenamos las relaciones de poder en la sociedad para que se cumplan ciertos fines y objetivos“, agregó Egaña.

El académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Rodrigo Egaña, es economista, especialista en gestión pública, con amplia trayectoria en cargos de alta dirección en el Gobierno de Chile.

En esa línea, el académico del IAP de nuestra casa de estudios señaló que uno de los mayores desafíos que tiene la implementación de una agenda de estas características es poder salir de la lógica gubernamental y enfocarse en políticas a nivel de Estado, que sean de largo plazo y que no respondan a los gobiernos de turno. En ese sentido, Egaña indicó que es justamente ahí donde está la mayor dificultad que tiene la propuesta del Ejecutivo, al no involucrar a los distintos actores que configuran el Estado.

“La propuesta dice ‘queremos que esto sea una política de Estado’. Pero para ser política de Estado deben participar todos los actores que tienen que ver con la decisión de las políticas del Estado. Ahí hay poderes del Estado que debieran de participar”, criticó Egaña. “Aquí no hay ninguna participación del Parlamento -ni del Senado ni de la Cámara de Diputados-, pero tampoco hay participación organizada de actores tan importante como los funcionarios públicos o sus organizaciones“, sostuvo el economista, quien ha tenido diversos cargos de alta dirección en el Gobierno de Chile.

Egaña fue director nacional de Educación Pública del Gobierno de Chile entre 2017 y 2019. Hasta 2017 fue Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil del Gobierno de Chile y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.

Respecto de las medidas en concreto, para Egaña lo que resume la agenda son las distintas iniciativas que el mismo Ejecutivo plantea en las distintas áreas, más que recoger planteamientos de una discusión más integral y amplia. En ese sentido, el especialista en gestión pública señaló que, pese a haber medidas administrativas que son aplicables, ve difícil la tramitación de aquellas que tienen que ver con procesos legislativos. 

“Esto tiene la debilidad de que algunas de estas iniciativas puede que se realicen, puede que se pongan en práctica. Por ejemplo, hay muchas medidas en torno a cuestiones digitales en el Gobierno que son muy necesarias y que se pueden hacer con medidas administrativas”, indicó. “Pero hay otras que son mucho más sustantivas, que van a requerir discusión parlamentaria y que, posiblemente, dada la agenda legislativa que tenemos hoy día, no va a haber mucho espacio para poderlas introducir“, añadió el académico de la Universidad de Chile.

Egaña, quien además fue director nacional de Educación Pública, sostuvo que si el Estado está pasando de ser un productor de bienes y servicios, hacia un rol de regulador, se deben fortalecer las capacidades de fiscalización. En ese sentido, el académico del Instituto de Asuntos Públicos señaló que “tenemos una debilidad muy fuerte en temas de regulación, que es una de las áreas que deberíamos potenciar hacia el futuro”, agregando además que, sobre esta materia, la agenda de modernización presentada por el Gobierno “no dice nada”.

El pasado 25 de julio, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se reunió con el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y dieron el puntapié inicial a la agenda que impulsa el Ejecutivo.