Para el 12 de agosto y por unanimidad de sus miembros, la Comisión Investigadora por el caso Jueces de Rancagua decidió la citación del senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Esto, basado en el informe realizado por la ministra Rosa María Maggi y respondiendo a una solicitud del diputado UDI, Issa Kort.
La presidenta de dicha comisión, diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS), manifestó que se espera la presencia de Letelier dado que el esclarecimiento de los hechos le hace bien al Senado, a la comisión y a la ciudadanía en general.
En la instancia celebrada este lunes, además, se hizo presente la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, y la parlamentaria, aunque agradeció la presencia de los profesionales, manifestó sus críticas respecto de la ausencia de voces de advertencia pública sobre lo sucedido en la capital de la región de O’Higgins: “Me llama la atención que no haya habido ninguna luz amarilla en relación a lo que estaba ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Rancagua”.
“Entendiendo que las Cortes de Apelaciones al no ser tribunales reformados, no cuentan con un administrador del tribunal que administre y gestione las causas, sino con funcionarios en comisión de servicio vía Corporación Administrativa del Poder Judicial, que dependen directamente de la Corte Suprema, era un secreto a voces lo que ocurría en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y por eso lo pregunté reiteradamente, pues llama la atención que no se haya tenido una luz, una precaución o, por lo menos, una advertencia en relación a lo que estaba ocurriendo allí, en el establecimiento de las tablas, el trabajo de día sábado que, al parecer, no era un trabajo de aquellas causas de agenda corta que suelen verse de forma más inmediata, sino que eran causas prolongadas, que llevaban bastante tiempo. Yo creo que ahí había algún tipo de señales que nos hubiese permitido ver o revisar que había algún grado de irregularidades con anterioridad”, agregó la diputada.
Finalmente y consultada sobre si la falta de denuncia podía responder a algún tipo de miedo de parte de los posibles denunciantes, Sepúlveda indicó que evidentemente existía “un grado de temor, el mismo temor que también planteó hace unas sesiones atrás la Asociación de Magistrados, entonces para de alguna manera poder tener grados de libertad, plantear y denunciar los actos de corrupción, tiene que haber un grado de seguridad de la persona que trabaja en esa institución, así es que esperamos que las reformas que está haciendo el Ejecutivo tengan que ver, entre otros, con una seguridad del trabajador, que al denunciar no va a ser complicado en sus calificaciones o en su fuero o en la instancia que le toque desarrollar su labor”, concluyó.
