“En el caso de mi hermano nos topamos con una muralla que era la Justicia Militar”.

Así recordó Jacqueline Gutiérrez el periplo que vivió con su familia en búsqueda de justicia, luego del homicidio de su hermano Manuel Gutiérrez.

Lo que ella llamó muralla y que seguramente tuvo tu punto más alto en la Corte Marcial, terminó por rebajar la pena de tres años a 400 días, en favor del autor del disparo que acabó con la vida del joven de 16 años: el sargento de carabineros Miguel Millacura.

Este 25 de agosto, se cumplen ocho años desde aquella noche en la pasarela El Valle con Américo Vespucio, en la que Manuel Gutiérrez, sin saberlo, comenzaría con su nombre, la historia de un comité que hoy agrupa a diversas víctimas que, como él, no sobrevivieron a la violencia policial.

Miguel Millacura.

Millacura fue condenado por el Segundo Juzgado Militar a 3 años y 61 días de libertad vigilada por uso de violencia innecesaria con resultado de muerte y por violencia innecesaria con resultado de lesiones por la herida a bala que recibió Carlos Burgos, otra de las personas presentes en el sector. Debido a la baja pena, cumple su condena en libertad, firmando periódicamente.

En 2015, Jacqueline Gutiérrez debió enfrentar la desazón de una sentencia que redujo la condena a Millacura, amparado en el Código de Justicia Militar. La resolución de la Justicia consideraba que no existía dolo en el crimen de su hermano, pero Jacqueline sigue sosteniendo su versión de los hechos, la misma que declaró hace ocho años.

“No existe lógica para que un carabinero dispare un arma de guerra en la mitad de una población porque se le ocurrió. Para mí no cabe esa posibilidad. Yo creo que si Millacura hizo lo que hizo para esconder la evidencia y no declarar como correspondía, creo que había un respaldo detrás de eso. Es difícil que alguien arriesgue así su carrera policial”, explicó Gutiérrez.

Ante los hechos concretos que había determinado la justicia, Gutiérrez aseguró también que creyó que ya no se podía hacer más. Sin embargo, al Comité que había formado con el nombre de su hermano, empezaron a llegar casos de otras víctimas de violencia policial, que pronto decidieron agruparse.

Jacqueline Gutiérrez.

“Sentíamos que la muerte de Manuel no podía ser en vano. Cuando nos fuimos dando cuenta que había tantos casos que tenían un modus operandi de Carabineros muy parecido, entonces, quisimos transformar el comité en la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial y ahí empezamos a apoyar el fin de la justicia militar”, recordó Gutiérrez.

Ese fin llegó en el año 2016, cuando tras una modificación del delito de tortura, se determinó que crímenes así serían resueltos por la justicia ordinaria. Y sin esto, por ejemplo, casos emblemáticos, como lo sucedido con el comunero Camilo Catrillanca en 2018, quizás habrían caído en las manos de la justicia militar.

Pero, además de esto, ¿en dónde recae la importancia de reconocer y tipificar crímenes de este tipo?

Para el abogado representante del Comité Manuel Rodríguez y que, además, estuvo a cargo de ese caso, Miguel Fonseca, se debe partir considerando que estos crímenes tienen sus antecedentes en los que se cometieron en época de dictadura.

La diferencia es que para dichas víctimas existieron informes, como el Rettig o el Valech, que les otorgaron una característica de sujetos históricos, lo que llevó a la creación de políticas de reparación en favor de sus familias. Para Fonseca, esto no es así para las actuales víctimas en democracia.

“La categoría de víctimas de violencia policial efectivamente no está reconocida como sujeto histórico, desde las políticas sociales ni desde la cultura institucional, por eso que nosotros creemos que en una categoría aglutinadora se debería generar una política reparatoria para todas víctimas y también políticas para ir frenando que siga aconteciendo”, señaló el abogado a Diario y Radio U.de Chile.

Cada 25 de agosto, además, desde dicha agrupación conmemora simbólicamente lo que han llamado el Día de las Víctimas de Violencia Policial. Este, además, será el tercer año que lo recordarán, pero poniendo nuevamente en el debate la oficialización de dicho día.

El reconocimiento de un día oficial, lejos de buscar un acto ceremonioso, obligaría al Estado a la institucionalización de políticas reparatorias integrales, que  de acuerdo a lo que señala Fonseca, deberían alejarse de las actuales compensaciones entregadas a las víctimas de la dictadura.