La situación actual del cambio climático es crítica. De hecho, se ha dejado de usar ese concepto y se ha comenzado a hablar de “emergencia climática”. Chile, lejos de estar ajeno a esta realidad, es uno de los países más expuestos, contando con siete de nueve criterios de vulnerabilidad frente al impacto del cambio climático.
Así, desde diversos sectores se ha planteado la necesidad de contar con un cuerpo legal que, además de velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en la materia, pueda dar al trabajo del Estado una continuidad, coherencia, legitimidad y efectividad. Así surgió el anteproyecto de la llamada Ley Marco de Cambio Climático, la que ha sido impulsada por la actual administración con miras a la venidera COP-25.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el ingeniero forestal y secretario técnico de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, Rodrigo Herrera, analizó el estado actual de la legislación chilena respecto de la emergencia climática y explicó por qué es importante para cualquier país tener una ley que permita al Estado enfrentar el cambio climático a través de una política pública.
“La verdad de las cosas es que estamos frente a una crisis o emergencia climática que amerita tener las mejores políticas públicas respecto a la materia“, indicó. “Hay que considerar que, después del Acuerdo de París en el año 2015, han aumentado los países que tienen este tipo de leyes y nosotros no podemos quedar al debe en ese sentido. Ahora la pregunta es cuál es la ley que necesitamos, y esa es una materia que el país debe debatir”, sostuvo Herrera.
El proceso de elaboración del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático comenzó en 2018 con las consultas respectivas a distintas instancias, tanto de la sociedad como del Ejecutivo. En esa línea y en paralelo, la administración de Sebastián Piñera inició un proceso de consulta ciudadana con una plataforma web, a través de la cual se recibieron aproximadamente cinco mil observaciones hasta el cierre del proceso, el pasado 31 de julio.
Para Herrera, esta iniciativa es valorable, no obstante, tuvo críticas para un anteproyecto que, para él, no se hace cargo de la crítica situación en la que nos encontramos.
“El anteproyecto de ley no considera el cambio climático como una crisis o como una emergencia, y creo que es vital considerarlo de esa manera”, dijo el ingeniero forestal. “Hay temas de participación ciudadana que, si bien es cierto que el Gobierno establece que son necesarias de hacer para poder desarrollar una ley de cambio climático, no están las instancias. Eso no sólo ocurre con este proyecto de ley, sino que con muchos otros de este tipo”, agregó.
Así también, Herrera hizo observaciones sobre la gobernanza que plantea el anteproyecto que impulsa el Ejecutivo. En esa línea, el secretario técnico de la mesa ciudadana criticó que la iniciativa está bajo el marco de las mismas instituciones que hoy día operan frente a temas de cambio climático. Sobre cómo enfrentar la emergencia, el ingeniero forestal sostuvo que las políticas públicas que se implementen en Chile deben abocarse en dos conceptos: mitigación y adaptación.
“La pregunta es: ¿cómo enfrentamos el cambio climático? Se enfrenta con mitigación y con adaptación. Y la verdad de las cosas es que mitigación tiene, porque establece una meta al 2050 con cero carbono neutral, pero no establece cómo implementarlo. Lo que sí está muy deficitario es el tema de la adaptación. Ahí el país tiene que trabajar mucho más y esta ley se tiene que hacer cargo de la adaptación, porque es la única manera de que nosotros como ciudadanía podamos enfrentar este problema de aquí al 2030, 2040 ó 2050”.
Esto, porque en el anteproyecto que trabaja el Gobierno se explicita que la ley tiene por objeto “hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático, transitar a un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar la neutralidad, aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile.
No obstante, el proyecto no habla de adaptación y de la vulnerabilidad del país frente a la emergencia climática, así como tampoco indica metas para la reducción de emisiones, ni se refiere al resguardo a los derechos humanos.