Luego de que se decretara la suspensión de la citación programada para el 11 de septiembre, debido a la inexistencia de un acuerdo conciliatorio entre los vecinos del sector La Punilla, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria Astaldi, este martes, en el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia se llevó a cabo la primera audiencia tras la demanda con que los vecinos buscan que se establezca que existió un daño humano a raíz del cuestionado proceso de desalojo que inició el MOP y Astaldi en el marco del proyecto Embalse La Punilla.

Ante esta instancia, once familias de arrieros y arrieras demandaron al Estado, representado por la cartera de Obras Públicas, y al titular del proyecto, la concesionaria Astaldi, representada por la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla, luego de la violenta expropiación de sus terrenos a manos de la fuerza pública y que tiene a varios de ellos, desde octubre del año pasado, durmiendo en carpas o al intemperie.

En octubre de 2018 el Ministerio de Obras Públicas solicitó el uso de la fuerza pública para la expropiación de las viviendas de los vecinos de San Fabián de Alico que no habían aceptado un cuestionado Plan de Desarrollo Social impuesto por el MOP. Foto: Twitter.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, César Uribe, dirigente del Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, Ñuble Libre, y testigo de los demandantes,  se mostró conforme con lo expuesto ante el Tribunal, señalando que quedaron de manifiesto las responsabilidades de los demandados.

“Hay negligencia por parte del Ministerio y la Sociedad Concesionaria respecto de entender las características propias del grupo afectado, el grupo que tiene que ser re asentado y que de alguna forma fue expulsado de manera forzosa de su territorio. Que no es la totalidad de la comunidad, porque hay diferencias en los distintos casos”, sostuvo.

“Pero en el caso específico de los que demandan son personas o grupos familiares que dependen, para mantener su sistema de vida, de mantenerse en la zona“, añadió Uribe.

La presencia de Fuerzas Especiales en el sector de la comuna de San Fabián de Alico provocó el rechazo de los vecinos, quienes acamparon durante meses en sus terrenos para que no fueran expropiados. Foto: Twitter.

Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla argumentan que, al ejecutar el Plan de Desarrollo Social emanado desde la Resolución de Calificación Ambiental, existiendo familias de acuerdo con la reubicación, otras se negaron a ésta, por lo que, señalaron, el MOP se vio en la obligación de recurrir a la expropiación con fuerza pública.

Sin embargo, Uribe, también vecino de la comuna de San Fabián de Alico y uno de los que testificó por parte de los demandantes, explicó que las medidas del Plan de Desarrollo Social eran insuficientes para garantizar la mayor riqueza que poseen los habitantes del sector: su cultura y sus tradiciones.

“En este caso, las medidas que están en el Plan de Desarrollo Social, que son las medidas que tratan de imponer el Ministerio y la Sociedad Concesionaria, no resuelven ese problema. Son medidas que si uno analiza, tal como se demostró, terminan significando que ellos tengan que re ubicarse en lugares lejanos a la cordillera”, indicó el arquitecto. “Con los montos no alcanzan a acceder a terrenos en la cordillera misma. Por lo tanto, al existir esa posibilidad de perder su sistema de vida, se han negado a aceptarlo“, agregó Uribe.

Así, y debido a la cantidad de testigos que declararon en la instancia, pasadas las seis de la tarde se suspendió la audiencia, la que se reanudará este miércoles a las nueve de la mañana con los alegatos de clausura y posteriormente con la audiencia en torno a las medidas cautelares.

Fuente: Tribunal Ambiental Valdivia.