El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió este lunes con el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, en el marco de la visita técnica que este último realiza en nuestro país como antesala de la inspección que hará una delegación del organismo regional.
En la reunión, el Haroldo Brito informó sobre el funcionamiento de los tribunales de justicia, el rol de los jueces de Garantía y respondió todas las consultas del directivo internacional.
Por su parte, Paulo Abrão señaló que el encuentro con Brito fue “muy importante” pues se reafirmó el compromiso del Poder Judicial con los derechos humanos.
“La cita ahora con el señor presidente de la Corte Suprema fue muy importante porque la comisión exactamente se enfoca en las condiciones y horizontes futuros de afirmación del derecho a la justicia y reparación de las víctimas de manera que el funcionamiento del sistema de justicia en este contexto es crucial. Tuvimos una muy buena conversación para intercambiar información, impresiones, pero fue un encuentro donde se ha reafirmado el compromiso con la agenda de los derechos humanos en el centro de la atención y la preocupación con la vida de las personas, también, como el elemento motivador principal de cualquier tipo de respuesta del sistema de justicia nacional y del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, sostiene reunión con secretario ejecutivo de la @CIDH, @PauloAbrao ➡️https://t.co/rPyXepN4R4 pic.twitter.com/iAed4JmGuD
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) November 18, 2019
Además, durante la jornada, la máxima autoridad del Poder Judicial se reunió con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, institución que aprovechó la ocasión para pedir celeridad en la tramitación de los recursos presentados ante los tribunales.
Recordemos que desde el inicio de la crisis social se ha cuestionado al Estado y sus agentes de orden y seguridad por la sistemática violación a los derechos humanos contra manifestantes, situación que se refleja en las casi 200 personas con lesiones oculares producto de balines y perdigones, o en las diversas denuncias de abuso sexual confirmadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
