Mientras todos los ojos están puestos en la polémica que ha surgido en torno a los dichos que, de lado a lado, han manifestado el Gobierno y el Ministerio Público, poco a poco, de manera silenciosa e incluso hasta imperceptible, han ido prosperando las diligencias en torno a la acción judicial más grave que enfrenta hoy en día el Presidente de la República.

Y es que la acusación constitucional que enfrenta en el Congreso Nacional hoy es un detalle en comparación a la querella por crímenes de lesa humanidad y genocidio que interpusieron el pasado 4 de noviembre, en conjunto, 16 abogados y abogadas de la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo y la Cooperativa Jurídica, en contra de Sebastián Piñera Echenique.

Entre los delitos que le imputan al mandatario hay nueve de los denominados “de lesa humanidad”, entre los que se encuentran homicidios, torturas y apremios ilegítimos físicos, mentales y sexuales; así como también la mutilación de miembros importantes, como en los casos de casi 300 víctimas que han sufrido la pérdida de alguno de sus ojos.

Sobre las razones que motivaron la presentación de esta grave denuncia, la abogada de la Defensoría Popular y quien lidera la querella, María Rivera, dijo a nuestro medio que éste es más bien un deber de todo defensor de los derechos humanos. 

“Hemos visto que la represión se ha profundizado y se ha convertido, según nuestro criterio, en la comisión de crímenes de lesa humanidad”, señaló Rivera.

“Como defensores de los derechos humanos nos vemos evidentemente estimulados a presentar una querella en contra de quien nosotros creemos que tiene toda la responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros, que es el Presidente de la República, toda vez que el Estado chileno ha suscrito tratados internacionales y que se encuentran vigentes para todo el territorio nacional y él, como representante de ese Estado, le cabe absolutamente la responsabilidad“, subrayó la abogada querellante.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbot (en la foto), sigue de cerca las indagatorias que lleva adelante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en torno a la querella por crímenes de lesa humanidad que fue presentada en contra del presidente Sebastián Piñera. Foto: Fiscalía Nacional.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación la querella y en seguida fue derivada al Ministerio Público, quien designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para llevar a cabo las diligencias correspondientes al caso. Así, hace dos semanas la Fiscalía comenzó a citar a testigos y, hace una, a oficiar a distintas instituciones, todos procedimientos que fueron solicitados por los demandantes y acogidos por el ente persecutor.

En ese sentido, la abogada querellante del caso señaló que lo que pretenden es que el mandatario sea llevado a un juicio oral, pero en caso de que esto no ocurra, acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo ideal para nosotros es que llegue a una formalización del querellado y, evidentemente, lo ideal es llegar a un juicio y que haya una condena. Pero sin duda, nosotros, que tenemos legítimas dudas de que resulte eso acá en el Estado chileno, pretendemos llegar evidentemente a las instancias internacionales”, afirmó la abogada de la Defensoría Popular.

Respecto a los detalles de las diligencias que lleva a cabo la Fiscalía, el Ministerio Público confirmó que ya se ha oficiado a Carabineros de Chile, así como también a los ministerios del Interior y de Justicia; también se han solicitado oficios al Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Oftalmología, así como también se ha hecho con el Hospital de Urgencia Asistencia Pública y el Hospital El Salvador.

Fueron 16 los abogados y abogadas de la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo y la Cooperativa Jurídica, que patrocinaron la querella en contra del Presidente de la República. Foto: Defensoría Popular.

Respecto de la labor que recae en el ente persecutor frente a esta investigación, en conversación con este medio, el fiscal nacional, Jorge Abbott manifestó que tienen una “responsabilidad reforzada” de actuar al nivel de las circunstancias.

“Entendemos que tenemos una enorme responsabilidad por dos razones: primero se trata de la primera autoridad de la República y, en segundo lugar, se trata de un delito gravísimo“, aseguró el titular de la Fiscalía Nacional.

“En consecuencia, tenemos una responsabilidad reforzada o redoblada de hacer las cosas con la mayor seriedad y creo que la fiscal está precisamente cumpliendo con ese deber“, agregó Abbott.

Durante la mañana de este jueves, en las oficinas del Ministerio Público en Santiago, se llevará a cabo una reunión con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que fue solicitada por los abogados querellantes.

La cita, a la que asistirán tres representantes de los 16 abogados patrocinantes, tiene como objetivo principal dar cuenta del estado de avance de las indagatorias frente a la denuncia por crímenes de lesa humanidad y genocidio que enfrenta el presidente Sebastián Piñera.