La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emanación de la Organización de Estados Americanos (OEA), insta a que se lleve a cabo rápidamente una investigación internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos durante el proceso electoral en Bolivia. La CIDH hizo esta demanda tras haber realizado una visita de observación a Bolivia entre el 22 y el 25 de noviembre.
“Nosotros identificamos y documentamos agresiones físicas, detenciones arbitrarias durante el contexto electoral, un aumento de persecuciones políticas. Durante las detenciones hubo torturas y malos tratos en las cárceles”, explicó Paulo Abrao, Secretario ejecutivo de la CDIH.
También identificaron la creación de grupos civiles armados durante los motines policiales. La CDIH considera que la fiscalía del país no tiene las condiciones para realizar las investigaciones por eso insiste en la necesidad de crear este grupo internacional independiente.
¿Quiénes habrían violado los derechos humanos en Bolivia?
“Hubo dos momentos distintos en este contexto. En el primero hubo confrontaciones entre grupos civiles con opiniones políticas diferentes y se trató de violencia social típica. Antes de la renuncia (de Evo Morales) por ejemplo, algunas personas incendiaron instalaciones electorales. Y después de la renuncia las fuerzas estatales actuaron para contener y reprimir a los manifestantes pro Evo, al mismo tiempo hubo movilizaciones en contra, expresado con la quema de wiphalas*, lo que generó un ambiente de más reacción social”, señaló Abrao.
Según información enviada a la CIDH, al día siguiente de instalarse el decreto que “preveía una especie de impunidad para los actores estatales”, ocurrió una primera masacre en la ciudad de Sacaba. El 15 de noviembre agentes policiales y militares abrieron fuego contra una manifestación pacífica para exigir el retorno de Morales, asesinando a nueve personas.
Tres días después, en la ciudad de Senkata murieron otras nueve personas abaleadas cuando un grupo de partidarios del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), bloqueaba una planta de hidrocarburos.
Gobierno de transición
La exsenadora derechista Jeanine Áñez se proclamó presidenta transitoria después de la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre bajo la presión de opositores y de las fuerzas de seguridad. Exiliado en México, el primer mandatario indígena del país denunció un “golpe de Estado” mientras que la oposición denunció un “fraude” en las elecciones en las que Morales buscaba un cuarto mandato.
En el informe final publicado por la OEA a principios de diciembre sobre las elecciones en el país andino, la organización denunció una “manipulación dolosa” y una “parcialidad de la autoridad electoral”.
El pasado 24 de noviembre, Áñez firmó el proyecto elaborado por consenso entre las principales fuerzas políticas del país para reorganizar el Tribunal Supremo Electoral y convocar a nuevas elecciones.
