Como una jornada clave se podría calificar lo vivido este jueves en el Tribunal Constitucional, correspondiente a la petición del retiro de los fondos de pensiones, tanto de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, como de la empleada de salud de Punta Arenas, Beatriz Valenzuela.

Desde las 9 de la mañana, los ministros del TC escucharon los alegatos de los abogados de ambas partes, que partieron con la exposición del representante de la AFP Cuprum, Jorge Correa.

Durante su intervención, éste último enfatizó el riesgo en el que podría verse involucrado la democracia en el caso de que el TC decida dar luz verdad para el retiro de las pensiones. Así, para Correa, traer un debate de políticas públicas ante un estrado judicial solo genera confusión.

“Si el Decreto de Ley 3500 es una buena o una pésima fórmula de seguridad social para Chile, es un debate que solo puede y debe desarrollarse en el Congreso Nacional con presencia y participación consultiva de las más diversas ONGs -entre ellas No+AFP- y expertos constitucionalistas, de seguridad social pública y participación incidente del presidente de la república”, aseguró el abogado.

Posterior a casi cinco horas de alegatos -que incluyeron cuestionamientos finales de parte de los ministros encargados y la intervención del representante de presidencia, Alejandro Charme- la abogada del equipo jurídico de la Coordinadora NO+AFP, Javiera Aravena, rechazó rotundamente que lo expuesto desde su trinchera se trate de un debate de políticas públicas.

“Quisiéramos precisar lo que nos dijo un ministro, que nosotros dimos argumentos de políticas públicas. Eso no es así, le damos valor porque entendemos que el derecho está dotado de contenido, y la seguridad social no es la excepción. El derecho a la seguridad social supone principios, entre ellos la solidaridad y la suficiencia, y el Decreto de Ley 3500 no satisface el derecho a la seguridad social”, recalcó.

Por su parte, el abogado constitucionalista que también integra el equipo de No+AFP, Fernando Atria, hizo un resumen de lo que considera fue el centro de sus alegatos en esta instancia.

“El argumento es que la privación de las facultades, del dominio que sufren los trabajadores de Chile representados en las personas que recurren es contra la propia Constitución. Y los argumentos habituales que se dan para justificar esa privación del dominio, de la posibilidad de decidir -que es el derecho a la seguridad social- no valen porque el sistema de AFP no es un sistema de seguridad social”, manifestó.

En tanto, y mostrándose confiada con los argumentos entregados por sus defensores, la profesora María Angélica Ojeda también entregó su punto de vista sobre lo que considera marcará un precedente respecto a la seguridad social, sea cual sea la decisión que tome el TC.

“Creo que fueron muy acertados los alegatos de nuestros representantes y tenemos esperanza de que haya una buena resolución de parte del Tribunal Constitucional. Estamos seguros de que ya estamos fijando un precedente por A o por B. Hoy día todo Chile está pendiente de este resultado y eso es muy importante para nosotros como movimiento No+AFP”, precisó.

La profesora agregó también que, de ser desfavorecida en el resultado, el equipo legal tiene considerado agotar todas las instancias legales que permitan el retiro de sus fondos.

Cabe destacar que, aunque los casos de Ojeda y de Valenzuela tuvieron sus alegatos en una misma sesión, no significa que la decisión del TC vaya a ser la misma en ambos casos.