Con 18 votos a favor, 15 en contra, dos abstenciones y un pareo, la autoridad regional no será destituida al no alcanzarse el quórum requerido.
Previo a la sesión, durante la mañana de este martes, el Presidente Piñera aseguró que “lo que ha hecho el Intendente de Santiago es cumplir con su deber de proteger el orden público y seguridad ciudadana utilizando los instrumentos que la ley otorga, los mismos instrumentos utilizados por otros intendentes de Santiago”.
Además, se mostró confiado en que el Senado no le iba a dar curso a esta acusación porque “significaría debilitar la capacidad del Estado para garantizar el orden público y seguridad ciudadana” sostuvo.
No obstante, la violación al derecho a reunión y la libertad de expresión fueron elementos de este juicio político y, en el marco de la argumentaciones en la Cámara Alta, el senador RN, Francisco Chahuán, insistió en que las infracciones que se citan no podrían ser atribuidas a Guevara, pues no habría una participación directa y personalmente en los hechos.
“No olvidar que hoy los senadores estamos actuando como jurado y por tanto, al atribuir una responsabilidad de la muerte civil a una autoridad, tenemos que actuar para poder acreditar un ilícito legal o constitucional, cuestión que no se está produciendo” subrayó el legislador.
Desde la otra vereda, para el senador RD, Ignacio Latorre, la estrategia de “Tolerancia 0” sería clave en esta acusación y, en su opinión, inadecuada, innecesaria y desproporcionada.
“La protesta social es un derecho humano, es la manera en que las personas pueden manifestar su malestar, su sensación de abuso, su descontento, cuando las instituciones no son capaces de dar respuesta”, planteó el senador del Frente Amplio, agregando que si no se permite la manifestación pública, nos acercamos cada vez más a situaciones de autoritarismo debilitando la democracia. Mauricio Fredes, Jorge Mora y Ariel Moreno, fueron también los nombres que surgieron en este debate como los últimos asesinados en contexto de protestas sociales, sumados a la golpiza de la que fue víctima un joven de Puente Alto.
En esa línea, el senador Alejandro Guillier señaló que “no solo se está hablando de violaciones de garantías o derechos constitucionales de libertad de reunión y expresión, sino de integridad física, la dignidad y la vida de los compatriotas“. Asimismo, acusó al intendente de ser parte de un gobierno acabado y sin proyecto.
Por su parte, la senadora DC Yasna Provoste puntualizó en la trascendencia de esta acusación.
“Ojalá esta sea una oportunidad para aprender, incorporar una verdadera cultura de los derechos humanos, de lo contrario, hechos como estos continuarán sucediendo en este país porque no habrá un real entendimiento de su gravedad y menos de la realidad, esta acusación tiene, en lo profundo, ese gran sentido” advirtió.
Pese a la serie de discursos con enfoque en la violación a los Derechos Humanos, la falta de senadores de la centroizquierda, entre ellos Ximena Rincón (DC), Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS), y las dudas rondantes, dejaron al bloque de oposición sin los votos necesarios para aprobar la ofensiva.