La Federación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público denunció irregularidades en el pago de remuneraciones y bonos a los trabajadores de dicha entidad del Poder Judicial, por lo que exigen a la Fiscalía Nacional que realice una exhaustiva revisión de los procesos y fórmulas de cálculo utilizados para dichos efectos.

Estos errores, abarcan desde el porcentaje de reajuste a pagar para un sector profesional de los funcionarios, hasta el pago de bonos y aguinaldos para varios de los grados más bajos de la institución.

De acuerdo a la versión de los trabajadores, “la autoridad nacional nos informó que el error se estaba subsanando y que solo afectaba a un determinado número de funcionarios y funcionarias afiliados a una específica y única ISAPRE, generándose, por tanto, en el mes de enero un pago complementario por los montos mal calculados”.

En ese sentido, calificaron la respuesta de la Fiscalía Nacional como “insuficiente” dado que, a su juicio, es una situación que se ha reiterado en años anteriores como sostiene la vicepresidenta de la Federación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público, Paulina Ruiz “más allá de que es una situación que se ha reiterado en el tiempo, porque esto ha ocurrido en años anteriores, es que el Ministerio Público requiere con urgencia una fiscalización externa”, señaló.

La dirigente agregó que se debe trabajar en una reforma al Ministerio Público “estamos en una situación de indefensión, como organización sindical consideramos que ningún órgano del Estado debe estar ajeno a la fiscalización externa. Incluso consideramos que el Ministerio Público debe ser tomado en cuenta para una eventual reforma, incluso en el ámbito constitucional”, recalcó.

De acuerdo a los funcionarios, “por ahora el Fiscal Nacional se ha limitado a señalar que ante la situación planteada ha solicitado a la División de Personas la confección de un acabado informe, con el objeto de disponer de los antecedentes para la adecuada solución del problema”.

Para finalizar, los dirigentes agregan que no descartan acciones legales, dado el gran número de afectados y la reiteración en el tiempo de estas situaciones y recalcan en la importancia de contar con mecanismos de control externo y fiscalización administrativa y financiera para el ente persecutor.