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Año XII, 8 de agosto de 2020

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Ex Generales Directores y Javiera Blanco: los querellados del CDE por fraude en Carabineros

La ex ministra habría recibido poco más de 47 millones de pesos en efectivo provenientes de los llamados gastos reservados de la institución uniformada.

Claudia Carvajal G.

  Jueves 5 de marzo 2020 13:54 hrs. 
Gorra carabineros





Este jueves, el Consejo de Defensa del estado presentó ante el Séptimo Juzgado de garantía de Santiago una querella criminal contra los ex generales Directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos por su responsabilidad en la comisión reiterada del delito de malversación de caudales públicos y de falsificación y/o uso de instrumento público falso.

Junto con quienes fueran las más altas autoridades de la institución uniformada, el CDE inició la acción judicial en contra de Iván Whipple Mejías, exdirector de Finanzas; Flavio José Echeverría Cortez, exjefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; Aladino Francisco Alfaro Herrera, Jefe Zona Santiago Este; y Carlos Carrasco Hellwig, el exdirector de Personal y también se busca determinar la responsabilidad penal en estos ilícitos de la ex ministra de Justicia del segundo mandato de Michelle Bachelet, Javiera Blanco.

En el caso de la ex secretaria de Estado, la querella pretende que se establezca su responsabilidad por haber recibido un monto no menor a 47.300.000 en el periodo entre septiembre de 2006 y marzo del 2010 cuando ejercía como subsecretaria de Carabineros. En tal lapso, la abogada de la Pontificia universidad Católica habría recibido sobres con dinero en efectivo bajo la figura de gastos reservados.

El texto de la querella explica con detalle el mecanismo con que los Generales Directores ordenaron la confección de listados de distribución de los gastos reservados y también en cómo lograron justificar el uso de estos ante la Contraloría General de la República. El monto sustraído alcanza los 1539.371.280 millones de pesos chilenos, a los que se suman 990.000 dólares.

La acción judicial fue declarada admisible por el tribunal y los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público.