El escenario económico mundial está obligando a los países afectados por el coronavirus a utilizar diversos mecanismos para proyectarse a lo que podría ser una de las recesiones más complejas de los últimos años.
En el caso de Chile, este jueves, el presidente Sebastián Piñera presentó una serie de medidas que serán adoptadas -según dijo- con objeto de proteger los ingresos de las familias, las personas vulnerables y de las pymes.
Desde el mundo económico, todas estas medidas, en su conjunto, han sido bastante bien recibidas, principalmente por el rol que se le ha dado a Banco Central.
En esto coincide el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, Guillermo Larraín, quien también se refirió a la magnitud del presupuesto anunciado por el Gobierno (11 mil 750 millones de dólares) para efectos de estas medidas.
“Se trata de un monto significativo que, además, considera incentivos importantes en el caso del Banco Central, para que los bancos traspasen mayor liquidez a los clientes y no se la atesoren para efectos de su propia seguridad”, indicó.
En tanto, el doctor en Ciencias Económicas y consultor de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Eugenio Rivera, agregó su crítica a la mirada cortoplacista de las medidas, así como a las limitaciones que presenta en comparación con las propuestas de otros países.
“Me preocupa que el Gobierno siga viendo este problema como transitorio. Hay una amenaza de más largo plazo e implica mirar con mayor horizonte de tiempo el problema. En segundo lugar, más allá del esfuerzo, es quizás insuficiente. Mientras este programa representa un 4,7 del PIB, España está destinando un 20 por ciento para el mismo tema”, aseguró.
Por otro lado, el mundo social es quizás quien mira con mayor recelo al plan anunciado por Sebastián Piñera, dado que existen ausencias notorias respecto de incluir medidas prácticas en temas sensibles como los créditos universitarios o garantías para no terminar consumidos por los préstamos hipotecarios.
Sobre esto se refirió en conversación con nuestro medio la abogada de Abofem, Constanza Valdés, quien no pasó por alto que el título de este plan es explícito respecto de la “protección de las familias”, pero que, en su contenido, termina siendo insuficiente.
“Excluye completamente a tantas personas que componen familias que en este momento tienen créditos de consumo, créditos hipotecarios, o tienen que pagar dividendos y créditos universitarios de distinta índole. No dice nada respecto de la condonación de intereses o una postergación que podría existir bajo un contexto de una pandemia o crisis”, enfatizó Valdés.
Mientras tanto, las reacciones del ámbito político han reconocido casi en su totalidad, que las medidas de este nuevo plan económico son bastante ambiciosas y que el Congreso deberá jugar un papel importante para la pronta aprobación de las mismas.
Uno de los primeros parlamentarios de oposición que se refirió al tema fue el senador del Partido por la Democracia, Felipe Harboe, quien también aseguró estar a la espera de iniciativas que provengan del mundo privado.
“Faltó establecer alguna observación a la banca para flexibilizar el pago de créditos. Hay un nivel de endeudamiento altísimo y obviamente, frente al desempleo, la gente dejará de pagar sus créditos, así que habría sido buena esa medida. Pero es de esperar que a estas medidas se sume también la banca y le devuelva la mano a Chile”, manifestó.
En esta misma línea se pronunció también el presidente de su mismo partido, Heraldo Muñoz, quien agregó que “hay que mirar cual será el papel y el aporte que harán los bancos y los privados, pero un paquete de más de 11 mil millones de dólares es muy significativo”.
Este monto, sin embargo, en opinión del diputado independiente, Raúl Soto, no servirá se mucho si no es focalizado en los grupos que serán más afectados por esta crisis, y que son justamente los grandes ausentes en el plan de emergencia.
“Las medidas que se anunciaron tienden a ser medidas pro empresariado, falta un paquete de medidas que permita focalizar esos recursos exclusivamente en las pymes, medidas pro trabajador y enfocadas en aliviar la carga de gastos y las complicaciones que hoy tienen las familias de clase media”, criticó.
Aunque el llamado a la unidad sigue siendo el remate que Sebastián Piñera intenta darle a todos sus anuncios posteriores al 18 de octubre, una vez más, un sector parece quedar fuera de su mensaje; el mismo que evidencia la fragilidad de la clase media chilena y que muy probablemente mirará con envidia iniciativas como la suspensión del pago de alquiler, propuesto en Francia, o incluso la ley impide los despidos durante los próximos dos meses, en Italia.