A finales de la década de los 70, una expansión del crédito internacional privado, sumado a las intenciones de los bancos nacionales ansiosos por ampliar su poderío económico terminó sumiendo a estos últimos en una deuda impagable y de la cual solo pudieron salir mediante una operación de salvataje estatal.

Este episodio ha sido sacado a colación por estos días, en medio del debate respecto de los diversos planes de postergación de créditos anunciados por los bancos para enfrentar la crisis financiera,que está dejando el paso del coronavirus por territorio nacional.

La lógica es la siguiente: si el Estado, con dinero obtenido de las arcas públicas, rescató en algún momento a los bancos privados, ¿debería el país esperar un rescate de vuelta en medio de esta pandemia?

Para entrar en detalle de este episodio y el análisis de las iniciativas bancarias, nuestro medio conversó con el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, quien partió explicando las causas que llevaron los bancos a estar contra las cuerdas en 1982.

Víctor Salas.

En los 70 -aseguró el experto- el aumento del precio del dólar generó que los países petroleros generaran excedentes, que luego se convirtieron en préstamos para países como Cuba, Perú, Nicaragua, Chile o Brasil. En este último, por ejemplo, lo aprovecharon en inversiones que les permitieron enfrentar la posterior crisis de forma distinta. Sin embargo, Chile optó por el consumo, además de auto préstamos entre bancos nacionales para adquirir empresas que, posteriormente, fracasaron.

Para poder revertir este complejo escenario, explicó Salas, el Estado tuvo que apropiarse de esa deuda en al menos un 80 por ciento, a través de préstamos que, incluso, algunos bancos en la actualidad no han terminado de pagar.

“Se llamó una deuda subordinada. Si se cobraban, pasaba algo inédito para el país en ese momento, que era que el Estado se convertía en propietario de todas las grandes empresas del país, cuestión que en plena dictadura no era factible. Finalmente se tomó el camino de hacer que el Banco Central comprara esos papeles y traspasara alrededor de 6 mil millones de dólares a la banca chilena y la rescatara”, señaló el economista.

A la sombra de este hecho, ¿cómo quedan entonces los planes de postergación de créditos ofrecidos por los bancos como muestra de solidaridad con las personas impedidas de pagar sus cuotas en los meses de crisis?

Para Salas, tanto la criticada propuesta del Banco de Chile -anunciada por su vicepresidente Andrónico Luksic, a través de Twitter- como la iniciativa de postergación sin intereses del BCI, son mecanismos regulares usados por los bancos y que no representan una solución real al problema.

“Ahora estamos enfrentados a una situación distinta, que requiere elementos solidarios para resolver el problema. Hoy los bancos no están poniendo ni un peso en la operación, más bien están usando mecanismos normales que seguramente les multiplicarán la cantidad de gente que va a postergar sus créditos, pero obviamente los bancos no están asumiendo ningún costo en esto”, criticó el economista en conversación con nuestro medio.

Además, el académico enfatizó que, en la actualidad, los bancos cuentan con holgura en sus recursos como para pensar que la postergación representa el máximo esfuerzo que se ven obligados a realizar. Asimismo, Salas indicó que es preciso recordar los factores que originaron esta crisis para entender quienes deberían asumir sus costos.

“Esta no es una crisis causada por los deudores, de tal forma que también los costos deberían ser asumidos, en parte, por los bancos. No pueden llevarse ellos la parte fácil de la operación”, señaló Salas.

“Encima el Banco Central está poniendo recursos ahí. Ellos deberían dar facilidades a la gente que no son prime, que son no dignos de crédito, porque llegaron a esa situación por algo que no tienen controlado. No es que hayan hecho mal el negocio, sino que la pandemia está afectando a toda la actividad económica”, agregó.

Finalmente, el economista manifestó que, de no haber otras iniciativas bancarias, muchos pequeños y medianos empresarios, e incluso profesionales independientes, apostarán por la postergación o la renovación de créditos. El tener casi todas las posibilidades reducidas, según Salas, no les dejará más opción que asumir el costo de una crisis en donde, al parecer, no habrá derecho a salvataje estatal pero -tal como sucedió en el 82- los acreedores volverán a salir ilesos.