La humanidad está en guerra contra el coronavirus. La pandemia ha precipitado una severa crisis que desde hace tiempo se venía incubando en la economía economía mundial y en Chile. En una reacción global sin precedentes, los pueblos del mundo están obligando a sus Estados a movilizar todos sus recursos para enfrentar la crisis. Los conminan a actuar con decisión, haciendo todo lo que sea necesario para que la humanidad pueda salir airosa de esta prueba. 

En lo inmediato, CENDA ha sugerido dos medidas dos medidas en el ámbito de su competencia que parecen dignas de consideración. En primer lugar, suspender de inmediato la transferencia a las AFP de las cotizaciones previsionales. Se evita así que las dilapiden en tambaleantes mercados financieros. 

Por cierto, las cotizaciones se deben continuar recaudando y registrando su monto en las cuentas individuales respectivas, para no afectar el cálculo de su futura pensión. Sin embargo, al menos mientras dure la emergencia, el dinero recaudado debe ingresarse al Tesoro Público y destinarse, íntegra y exclusivamente, a mejorar pensiones. Más adelante, qué duda cabe a estas alturas, dichos dineros serán recaudados por un reconstruido servicio público de seguro social.  

Incluso varios partidos y personeros que han defendido a brazo partido a las AFP y hasta ahora defienden un proyecto destinado a elevar el ahorro forzoso, han aceptado la necesidad de suspenderlo. Sin embargo, proponen suspender o postergar el pago de las cotizaciones. Arguyen el falso pretexto de elevar sueldos líquidos de los empleados cuando en realidad pretenden subsidiar con esta medida a los empleadores. Buscan evitar así que desembolsen parte del salario. Buscan que los trabajadores aporten así parte de los cuantiosos recursos que el Estado debe movilizar hoy para proteger el empleo. En otras palabras, tal como sucede con el ahorro forzoso, nuevamente pretenden usar el dinero de los jubilados, eludiendo financiar asuntos que son responsabilidad exclusiva de empresarios. 

Las cotizaciones son un impuesto aplicado exclusivamente a los trabajadores activos. con la finalidad exclusiva que todos aporten lo mismo, en relación a sus ingresos, a pagar pensiones dignas a sus padres y abuelas. Nunca debieron ser desviadas a otros fines. Menos que nada a beneficiar un puñado de grandes empresarios a costa de la miseria de millones de jubiladas y jubilados, como sucede con el ahorro forzoso. Ha llegado el momento de recuperar las cotizaciones y nunca más destinarlas a usos ajenos a pagar pensiones. 

Siempre ha sido irracional endeudar al fisco para gastar un quinto de su presupuesto en financiar tres cuartas partes de las pensiones que se pagan en Chile, mientras al mismo tiempo se “ahorran” en inciertos mercados financieros, los 10.000 millones de dólares anuales de cotizaciones previsionales. Esta cifra equivale a su vez a un quinto del presupuesto del Estado. 

Hoy cualquiera comprende que continuar con el ahorro forzoso durante la crisis constituye un despilfarro insensato. En pocas semanas el fondo de pensiones ha perdido más de un cuarto de su valor, equivalente a más de 55.000 millones de dólares, más de cinco años de cotizaciones completas. 

Acabar con el ahorro forzoso tiene un impacto positivo, social, económico y fiscal, de gran magnitud. Como CENDA ha detallado como ello permite duplicar el monto de las pensiones actuales y sostener su reajuste al ritmo de salarios. Al mismo tiempo genera un superávit fiscal muy significativo. Si adicionalmente el Estado asume el esquema de rentas vitalicias, el superávit fiscal puede alcanzar a más de un quinto del presupuesto o 4,5 por ciento del producto interno bruto. Todo ello tras duplicar los beneficios a pensionados y pensionadas y sin retirar del fondo de ahorro forzoso, mal llamado de pensiones, más recursos que los que hoy se devengan contablemente del mismo. 

La segunda medida propuesta por CENDA consiste en que el Estado garantice a todas las empresas afectadas por la emergencia, el pago con fondos fiscales de la mayor parte de las remuneraciones de todos los trabajadores que no puedan desarrollar normalmente sus actividades. Durante el tiempo que sea necesario, disponiendo para ello los recursos que sean necesarios. 

Esta medida no sólo resulta factible, sino que está siendo aplicada o considerada de una u otra manera en este momento por un sinnúmero de países, especialmente los más desarrollados. Viene siendo implementada con extraordinario éxito en Alemania desde la posguerra. En su país de origen la denominan Kurzarbeit, trabajo reducido. 

Para implementarla en Chile resulta indispensable reorientar y reforzar radicalmente el actual seguro de cesantía. Éste es asimismo un sistema de ahorro forzoso, inspirado en el sistema privado de pensiones. Ha resultado también en un negocio para las AFP que lo administran en conjunto cobrando cuantiosas comisiones, gestores internacionales que cobran comisiones “fantasmas”, y para las grandes empresas que reciben en préstamo y/o capital accionario el dinero de los fondos allí registrados.

En esencia, se trata de reorientar la política respectiva, desde la protección del ingreso de trabajadores despedidos y sin perjuicio de ello, a la protección de su empleo mediante Kurzarbeit. 

Todas y todos juntos logremos superar la crisis.