La pandemia del Covid-19, que ha supuesto un desafío sanitario sin precedentes, sigue provocando estragos en el mundo. La diseminación del brote, actualmente alcanza una cifra de 6 mil 927 contagios confirmados en nuestro país y un saldo de 73 personas fallecidas producto del virus, según el último registro del Minsal.

Un panorama que abre aristas en todos los flancos. Las más visibles se orientan a las aprensiones de una gestión pertinente de la crisis por parte del Gobierno y a la capacidad de respuesta en los centros de salud en cuanto al personal sanitario, la disponibilidad de camas críticas y  el abastecimiento de los insumos médicos.

En lo profundo y menos coyuntural, la crisis del nuevo coronavirus viene a interpelar el sistema de salud chileno en términos estructurales. La capacidad de respuesta ante la diseminación del virus se ve determinada por una serie de inequidades crónicas  que se explican en el esquema de los sub-sistemas de salud en Chile y a la falta de vasos comunicantes entre uno y otro.

Desde 1981, con el Decreto con fuerza de ley nº 3, es que se crean las instituciones de salud previsional, Isapre, que relevan la función del Estado en términos sustitutivos y alternativos a Fonasa. Se consolida, entonces, una aseguradora de salud que opera bajo una lógica de la libre competencia. De esa forma, los seguros del sistema de salud en Chile se fraccionan entre Fonasa, isapres, FF.AA. y otros complementarios.

Aun cuando la Constitución establece que el Estado debe proteger el libre e igualitario acceso a la salud, por la ejecución de las acciones que se presten a través de instituciones públicas o privadas, el derecho a elegir se ve condicionado por los mecanismos de segmentación  de las aseguradoras privadas. Las isapres no solo calculan sus primas por indicadores de riesgo individual, sexo y edad de sus afiliados, sino que además generan alzas sistemáticas a sus planes de salud, imposibles de costear para muchos de sus beneficiarios, que finalmente se ven “empujados”a asociarse a Fonasa.

Así queda de manifiesto si consideramos que un 80 por ciento de la población, la más vulnerable, más envejecida, con mayores riesgos sanitarios y más enferma del país, se atiende por medio del sistema de salud público, en relación a un 17 por ciento que se atiende en el sistema privado.

“En el momento de mayor necesidad y mayor desprotección financiera, las personas son empujadas a Fonasa, que debe absorber esa carga de enfermedad” , explicó el doctor Matías Libuy del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, en relación al alza de los planes de las Isapre para personas sobre los 60 años de edad.

Matías Libuy

Una gestión de la salud maquiavélica, teniendo en cuenta que en pleno desarrollo de la crisis seis aseguradoras anunciaron un alza del 4,6% promedio en sus planes. Una medida que fue aplacada por un plazo de tres meses a través de una prorroga que negoció el presidente Sebastián Piñera con la Asociación de Isapres y que la Comisión de Salud del Senado busca extender por un año.

Como una manera de reformar el sistema de salud en base a los principios de la seguridad social, el Colegio Médico, en conjunto con la Escuela de Salud pública de la Universidad de Chile, presentaron en mayo de 2018 la propuesta de un seguro único de salud.

Seguro Único de Salud

La propuesta consiste en que exista un solo ente responsable de las cotizaciones de la seguridad social en un fondo único, sacando de esta forma a las isapres de la administración del 7% obligatorio, las que a su vez pasarían a ser seguros complementarios.

“Lo que está proponiendo el Colegio Médico con el Seguro Único de Salud es mancomunar en un único fondo todas las fuentes de financiamiento, es decir, las cotizaciones ligadas al trabajo, esto es 7% de los trabajadores asalariados, reunir en un único fondo también los aportes vía impuestos generales y los que hoy día existen al sistema de las FF.AA. En ese acto, termina por acabarse el mercado a nivel del aseguramiento. Se transformarían en seguros complementarios”, explicó Matías Libuy.

Esquema del funcionamiento de los seguros de salud hoy

Propuesta del seguro único de la Escuela de Salud Pública y el Colegio Médico

Otro dato relevante respecto del financiamiento es lo que ocurre con el aporte del PIB asociado al 7% que se cotiza en los afiliados del subsistema isapre, mencionó Libuy.

“Si uno reúne el aporte de los cotizantes del 7% de los trabajadores asalariados de isapres, uno podría otorgarle a este nuevo fondo mancomunado algo así como el 1% del PIB, pero sería un 1% del PIB que sería ahora gastado en medidas sanitarias, en prestaciones, que no discriminan, en infraestructura para todos, no solamente para aquellos que pueden pagar”, aseveró.

El seguro único de salud también era parte de la apuesta presidencial de la ex candidata, Beatriz Sánchez, durante la campaña del 2017.

Beatriz Sánchez

“Planteamos avanzar al seguro único de salud como primer paso para llegar a un sistema nacional de salud ¿de qué manera puede implementarse? Hay distintos mecanismos de transición que se han planteado, nosotros lo hicimos en la campaña del 2017 y después lo ha planteado el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública. Creemos que es fundamental hacerlo creando el Fondo Único de Salud, sacando a las Isapres de la administración del 7%  y fortaleciendo a Fonasa. Lo clave es que queremos el seguro único para financiar y potenciar la red pública y que avancemos así en un mediano y largo plazo a un sistema nacional de salud. El punto inicial es sacar a las Isapres de la seguridad social, o sea que no administren más la cotización y que todos así tengamos la misma cobertura”, explicó.

El seguro único de salud contempla la creación de un plan único con un conjunto de prestaciones de cobertura integral en todos los niveles; esto es promoción, prevención, curación y rehabilitación que aplique a todo el territorio nacional sin discriminaciones de ningún tipo. Se considera la protección financiera en medicamentos e incluirá plazos de atención y altos estándares de calidad.

Para la creación de este plan de salud, la propuesta plantea mecanismos que permitan empoderar a la ciudadanía para participar en su definición, estableciendo las prestaciones que desee que establezca.

Así funcionó en el caso de Ontario, Canadá, que a través de mecanismos implícitos de participación definió el plan ampliado de beneficios que iba a tener el afiliado. También en Uruguay, donde se administra por un único fondo de salud (Fonasa) que se compone por la cotización de los trabajadores, aportes de las empresas y aportes públicos que son distribuidos por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Éste a su vez, se compone de un sistema mixto de prestadores de salud públicos (Administración de fondo de salud del Estado) y privados (Mutualistas). No obstante, independientemente del prestador al que se opte, ambos se rigen por un plan único de salud de una cobertura del 100% de sus prestaciones sin tope. La diferencia entre un servicio y otro radica en ámbitos como la hotelería.

La ex candidata a la Presidencia aseguró que la implementación del seguro único es una medida de transición para llegar a un sistema nacional de salud, que solo considera el servicio de prestaciones publicas. Algo que es inviable para nuestro país, dadas las condiciones actuales de financiamiento de la red publica y la existencia de clínicas y centros privados.

Sistema Nacional de Salud

La Fundación Equidad es una de las organizaciones sin fines de lucro que ha impulsado esta propuesta que busca replicar el sistema de salud del National Health Service del Reino Unido. Así lo señaló el médico y presidente de la organización, Tomás Lagomarsino.

“La propuesta de un sistema único de salud consiste en que es el Estado el que financia la salud a través de impuestos recaudados de forma progresiva. Estos recursos son administrados por un fondo solidario que cubre a todos quienes viven en el territorio nacional, es decir, es universal y cuyas atenciones son entregadas exclusivamente a través prestadores públicos, sin existencia de copagos, por tanto, de forma completamente gratuita. Adicionalmente este sistema cubre todas las prestaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud sin exclusiones, incluyendo medicamentos necesarios para los tratamientos”.

El Servicio Nacional Británico funciona bajo esta lógica, brindando cobertura universal y gratuita a 59 millones de personas en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. “Para llegar a este sistema en nuestro país es necesaria una nueva Constitución que garantice la salud como un derecho por sobre la propiedad y el lucro y, adicionalmente, genere las bases de un sistema universal”, concluyó Lagomarsino.