A través de una carta enviada este lunes 13 de abril al Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunciaron un intento del gobierno de Sebastián Piñera de “imponer la impunidad” con dos iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

La primera refiere a la decisión del Gobierno de ponerle discusión inmediata al proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica, o mejor conocida como “ley humanitaria”. En ese sentido, las organizaciones denuncian que “para ello se invoca como argumento, una promesa de campaña y la crisis sanitaria producto de la pandemia por Covid-19 que afecta a nuestro país y al mundo“. Además, denunciaron que, el anuncio de otorgamiento de indultos particulares, “tiene como objetivo liberar a los condenados en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos, constitutivas de crímenes contra la Humanidad”.

En la misiva enviada al relator especial de la ONU, se hace presente que dichas iniciativas son contrarias a los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por el Estado de Chile “consistentes en el deber de investigar, sancionar a los responsables a través de la aplicación de penas proporcionales a la gravedad del delito, y que sólo pueden aceptarse reducciones de la pena, si se cumplen entre otros, los requisitos de colaboración con la investigación y arrepentimiento de los hechos cometidos (Artículo 110 del Estatuto de Roma), criterios ratificados por la jurisprudencia de tribunales internacionales“.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, recordó que el Estatuto de Roma, en su Artículo 110, señala que, si bien resulta procedente que el condenado pueda acceder a una reducción de pena, éste debe cumplir con determinados requisitos. Foto: UChile.

Se hace presente, además, que estos dos requisitos no se cumplen, pues dichos criminales no sólo no han colaborado con los tribunales -detallando que todavía hay 1.192 detenidos desaparecidos-,  sino que además, muchos de los condenados han reivindicado públicamente sus atroces crímenes.

Además, desde las organizaciones recordaron que los condenados por crímenes contra la humanidad, y potenciales beneficiarios, están actualmente recluidos en el Penal Punta Peuco, “una cárcel especial, con condiciones sanitarias y de habitabilidad, que no dispone ningún otro recinto carcelario en el país -según lo consignó un Informe del INDH publicado el año 2018-, y que disponen la posibilidad, en casos graves de enfermedad, ser atendido en hospitales militares; y que los que han muerto, lo han hecho en compañía de sus familiares“.

La carta-denuncia enviada a Salvioli, tiene por objetivo poner en su conocimiento ambas iniciativas y solicitarle al mismo tiempo que “arbitre todas las medidas conducentes, en el marco de sus atribuciones y competencia, tendientes a representar al Gobierno chileno el abierto incumplimiento que la aprobación de la denominada Ley Humanitaria y el otorgamiento de los indultos particulares importan, a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, ante la comunidad internacional”.

Foto en portada: Agencia UNO.