Este martes se conoció la firma de un convenio de entrega de información entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). La denuncia, hecha por el Sindicato de Trabajadores del servicio, desclasificó el objetivo del convenio.

En concreto, se indica que el acuerdo consiste en “facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI”.

Por parte del Sindicato, manifestaron su extrañeza ante el acuerdo, “tomando en consideración que el objetivo del Servicio de Inteligencia del Estado es claro y preciso, de manera que, no vemos como el Sename pueda brindar información que permita proteger la soberanía nacional y el orden constitucional”.

Al respecto, indican que su temor es que esta política venga a reforzar la institucionalidad instaurada por el Gobierno actual, al que acusan de desproteger y criminalizar a la niñez y juventud.

Para la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, el escenario debe ser aclarado con prontitud. En respuesta a la denuncia, declaró que espera se revierta “a la brevedad” el acuerdo, asegurando que “evalúa tomar acciones constitucionales” en caso contrario.

Para la abogada, hay deberes del Estado que son“ineludibles”, tales como “la protección de derechos, de la privacidad y la NO estigmatización y criminalización de los niños, niñas y adolescentes”, principio que se vería contrariado por el acuerdo en cuestión, toda vez que expone  información sensible de Niños, Niñas y Adolescentes vulnerados en sus derechos contraviniendo, además, los principios de la Convención de los Derechos del Niño, advirtió.

“Resulta bastante preocupante por producirse en el mes de febrero, post estallido social, donde ciertamente lo que hace es agudizar, profundizar la estigmatización y criminalización de NNA vinculados al SENAME, procurando su relación con la investigación criminal, lo que nos parece insostenible e intolerable” afirmó Patricia Muñoz.

Desde el 18 de octubre a la fecha, “figuran más de 4.080 niños, niñas y jóvenes detenidos entre octubre y diciembre del 2019; de los cuales 186 habrían sido puestos en prisión preventiva”, dato aportado por los trabajadores denunciantes que complementa las aprensiones de la defensora.