La vuelta atrás de la multinacional Cencosud respecto a acogerse a la Ley de Protección del Empleo parece haber sido bien recibida al menos desde diversas agrupaciones sindicales, que desde semanas antes venían anunciando la insuficiencia de algunos de sus fondos de AFC para sobrevivir a la crisis.

La decisión anunciada hoy a través de un comunicado público no es casual, sino que se enmarca en medio de un debate público propiciado por diversas denuncias de organizaciones, como la Fundación Sol, que expusieron cómo las utilidades repartidas por una de las filiales de Cencosud, podrían solventar los sueldos de sus trabajadores.

Por tal motivo, una vez conocida la rectificación de la empresa, la Federación de Trabajadores de Paris presentó un comunicado valorando la decisión como un logro sindical, y del cual, según su presidente, Roberto Pacheco, se mantendrán en estado de alerta.

“Esta federación siempre se mantuvo en la misma postura, a pesar que algunos socios tomaron la opción de AFC, que nosotros tampoco dejamos de lado. Nos parece una buena señal que está dando Cencosud, pero vamos a estar atentos. Ojalá que no se produzcan represalias ni otras cosas, pero como se dan las condiciones del mercado, podría ser así”, indicó Pacheco a nuestro medio.

Esta decisión, además, ha sido valorada también desde otros sindicatos que, como en el caso de la Federación FT Ripley, exigen pueda ser replicada por otras empresas.

Al respecto, la secretaria de dicho gremio y presidenta del Sindicato Autónomo Ripley Costanera Center, Priscila Astudillo, explicó a nuestro medio que, al menos en el mall donde trabaja, las tiendas por departamento suelen replicar siempre las mismas decisiones, por lo que se espera esta no sea la excepción a la regla.

“Ripley no es una pyme, sigue vendiendo por sus canales virtuales. Es cosa de ver Instagram, Facebook, y la página con las promociones por el día de la madre. Como federación esperamos que estas compañías que siempre tienden a igualarse, también se igualen en este momento, porque somos la compañía con más número de suspensión laboral”, señaló.

A este pedido también se sumó el diputado PPD, Raúl Soto, quien instó al Gobierno a efectuar una mayor fiscalización sobre las empresas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo.

“Llamamos al Gobierno a fiscalizar para que se aplique bien. El sentido de la ley es que se acojan a ella las empresas que tienen problemas económicos a raíz de la crisis para pagar los sueldos de sus trabajadores. Y en el caso de Cencosud eso no se cumplía. Hacemos un llamado para que otras grandes empresas que se han acogido a esta normativa -como Ripley, H&M, Starbucks, Salcobrand, Johnson- hagan lo mismo”, subrayó Soto.

Esto mismo fue manifestado por el senador socialista Carlos Montes, quien se refirió también a la ilegalidad del retiro de utilidades aprobado este miércoles en comisión mixta.

“Es inaceptable lo que hizo Paulmann y Cencosud, eso de distribuir utilidades mientras pedían apoyo del Estado para suspender empleos. Es cierto, es un paso retroceder y devolver lo que no correspondía que recibiera. Ahora ya el parlamento ha establecido que es ilegal hacer esto. Tengamos claro, la responsabilidad de las grandes empresas en el momento actual es colaborar con el país y con los trabajadores y no pretender obtener utilidades”, comentó.

Por su parte, la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, aunque valoró la decisión anunciada, acotó que también va en el sentido de no sufrir las consecuencias por las indicaciones ingresadas al proyecto.

“No creo que este sea un acto de benevolencia por parte de Cencosud, es más bien cumplir con un mínimo frente a sus trabajadores. Si contaban con tantos recursos para hacer esas millonarias reparaciones, por qué no les pagaron el sueldo a sus trabajadores. Les apretaba el zapato esta situación, tanto por las presiones que ejercieron los mismos trabajadores al develar la situación de precariedad que estaban viviendo como también las indicaciones que presentamos a la ley que complementa la ley protección al empleo” manifestó.

La Ministra del Trabajo también fue crítica respecto de la decisión de la empresa. Para María José Zaldívar “esto no implica que desaparezcan los cuestionamientos hacia la empresa, ya que el daño hecho a sus trabajadores y al espíritu de la Ley fue enorme”.

Hay que recordar, finalmente, que además del impedimento del retiro de utilidades para las empresas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo, la misma, y en su estado original, establece sanciones pecuniarias como penales que no deben haber sido de menor importancia en la decisión tomada por Cencosud y que, momentáneamente, deja conformes a sus sindicatos.