Son 250 casas, pero la población alcanza un total de 1.500 personas. Familias en promedio de entre cuatro y seis integrantes que, en el año 2016 fueron expulsados de un campamento en Alto Hospicio y reubicados por la municipalidad en uno de los sectores más alejados de La Pampa, bautizando el campamento como Barrio Transitorio Renacer.
“Nos dejaron en un terreno que era un basurero”, relata a nuestro medio Lorena Zambrano, vecina de la zona y perteneciente a ese casi 70 por ciento de población extranjera que habita dicho sector. Pero no todos alcanzaron a ser reubicados, y más bien, en la expulsión, constataron de primera fuente la percepción que se tiene tanto en la sociedad como en el mundo político de las llamadas “tomas”.
“Las tomas a nivel nacional están consideradas como focos de delincuencia, como focos de pobreza e inmundicia, pero no es así. Las personas llegan a vivir a las tomas no por comodidad, sino por la necesidad que apremia y para ahorrar costos en el grupo familiar. Sabemos que ha aumentado el índice de migración, y hay casos donde nadie te va a aceptar en una casa con cuatro o cinco niños”, explica.
Dedicados, en su mayoría, a trabajar de forma independiente, las mujeres como asesoras de hogar de forma eventual y los hombres en el Mall Zofri, la zona franca de Iquique, los pobladores del Barrio Renacer han visto mermados sus ingresos económicos en esta cuarentena. Algo que, además, según relata Zambrano, se suma a una serie de problemas relacionados con la salubridad de la zona.
“Tenemos una gran acumulación de basura. Si bien los vecinos hemos tratado de poner empeño en mantener el aseo como corresponde, hay gente que viene de otros lados a tirar sus escombros. Nuestro campamento es uno de los más aislados, no es visible y eso nos ha traído complicaciones en el acceso, aumento de índice de robos, violencia intrafamiliar, las condiciones climáticas tampoco han ayudado en estos días”, comenta.
Sumado a esto, la también integrante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO) acusa de cobros excesivos por el agua que, si bien llega a la zona en diferentes días a través de camiones aljibe, discrimina a las familias que no cuentan con los recursos económicos para pagar por una de las necesidades más básicas sobre todo en medio de la pandemia.
“En dos mil litros de agua pago siete mil pesos semanales. Si eso lo multiplicas por cuatro, tienes el cobro total del agua. Pero hay familias que llenan de a tarros, que no llegan ni a los mil litros y en la semana gastan el doble de lo que yo gasto porque tienen niños. Esto ha sido un negocio más y hay que poner un precio justo. Ahora, en momento de crisis, tampoco ha habido una negociación con los aljibes para acordar que al menos la municipalidad se pueda hacer cargo”, critica.
Asimismo, en diversas zonas de Alto Hospicio ya se han repartido las cajas de mercadería ofrecidas por el Gobierno; sin embargo, tal como se denunció hace algunas semanas, para el sector en donde vive Zambrano éstas llegaron a través de camiones de basura.
“Qué quieren decir con eso, que ni siquiera pueden tratarnos como personas”, subraya la dirigente al respecto. Además, agrega que dicha repartición “es una medida clasista y racista. En una familia de diez, qué hacemos con una caja. En otros casos no se les da cajas porque generalmente los migrantes no tienen papeles. Hay muchos dirigentes que lamentablemente, debo decirlo, lucran, apadrinan a los que quieren y los demás no reciben”.
Con un número de casos en la región de Tarapacá que se acerca a los 6.500, Zambrano asegura que en el campamento en el que habita, si bien solo hay tres casos oficialmente confirmados, es importante analizar las cifras de forma conjunta, incluyendo a todos los campamentos que integran Alto Hospicio.
Pese a que las ollas comunes que han habilitado están jugando un papel muy importante en las cuarentenas, la dirigente advierte que muchas personas contagiadas podrían estar saliendo a ganarse el pan de cada día, incidiendo directamente en el aumento de casos en las próximas semanas.