“Nunca antes en décadas…” fue una frase que se ha repetido en las últimas horas, en boca de dirigentes políticos, sociales y analistas de distinta índole. Más allá de que se trata de una crisis inédita en la post-dictadura para una coalición gobernante y para la institución de la Presidencia de la República, hay algo todavía más importante: nunca en cuarenta años desde su implementación, el sistema previsional chileno, basado fundamentalmente en el ahorro individual, había sido afectado tan sustantivamente como ocurrió a partir de la moción despachada este jueves por el Congreso Nacional.

Pero no estamos hablando solo, literalmente, de las AFP: las trenzas del poder económico, simbólico e incluso político en Chile atraviesan y son atravesadas por las AFPs. Es por eso que vale la afirmación de que se trata del “corazón del modelo”. Y es el motivo por el cual se mantuvo incólume…hasta ahora.

Si bien, durante los distintos gobiernos post dictadura se hicieron algunos ajustes al régimen previsional, como el sistema de multifondos (Lagos) o el Pilar Solidario (Bachelet), dichos cambios no tocaron a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) sino que, por el contrario, intentaron corregir algunas evidentes falencias que desde sus inicios exhibía dicho sistema. Mirado retrospectivamente, para perpetuarlas.

Fue recién en 2016 cuando la precaria situación de miles de jubiladas y jubilados estalló y se convirtió en una bandera de lucha a nivel nacional, cuyo principal enemigo eran las AFP. Marchas multitudinarias, un plebiscito autoconvocado con más de un millón de votantes e innumerables manifestaciones ciudadanas no fueron suficientes para cambiar ni un ápice del cuestionado sistema.

La, a la sazón presidenta de la República, Michelle Bachelet, convocó a una comisión cuyo resultado podía predecirse de antemano: el sistema se mantendría prácticamente intacto, descartando de plano la opción del modelo previsional mixto, como existe en la mayoría de las naciones del mundo.

Y pese a que existió voluntad por parte de varios actores políticos para cambiar el sistema, lo cierto es que el entramado del poder político y económico detrás de las administradoras era de tal magnitud que no bastaba con la mera disposición de uno que otro parlamentario. O incluso del presidente o presidenta de turno.

Según un estudio publicado por la Fundación Sol sobre las inversiones que hacen las AFP con los fondos de los trabajadores y trabajadoras chilenas, uno de los principales beneficiados con la inversión de sus ahorros son los mismos dueños de las empresas que emplean a estos trabajadores, vale decir, los grupos económicos Luksic, Said, Saieh, Yarur, Matte y Solari, que juntos acumulan el  75% de los fondos invertidos en territorio nacional, con una cifra superior a los 30 mil millones de dólares.

En ese mismo estudio se señala que, a febrero de este año, los fondos de pensiones que administran las AFP alcanzaban el monto de 195.130 millones, equivalente al 80,7% del PIB de Chile. Asimismo, se analizó el destino de más de 100 mil millones  correspondientes a la inversión de los fondos en instituciones que operan en el territorio nacional.

De este modo, el Grupo Luksic es el que lidera la inversión de activos desde las AFP con casi 8 mil millones de dólares, seguido por el Grupo Said, con cerca de 6 mil 500 millones de dólares, el Grupo Saieh, con 5 mil 500; el Grupo Yarur con poco más de 5 mil y luego el Grupo Matte, y finalmente el Grupo Solari.

Al constatar esta situación, resulta evidente la estrecha relación entre las AFPs – que como se ha dicho hasta el cansancio no son parte estricta de una política de seguridad social- y el poder económico, que a su vez, es dueño de los principales medios de comunicación, universidades privadas,  bancos, seguros, retail, energía y telecomunicaciones. Donde quiera que uno mire, se desplace, se emplee o gaste están las AFPs, aunque no pareciera que estuvieran.

Tampoco se puede soslayar el rol que han tenido las administradoras en el financiamiento de campañas políticas, favoreciendo principalmente a la centro-derecha, pero, en menor medida, también a candidatos de la ex Concertación. Así lo ha denunciado -entre otros- el ex parlamentario y ex presidente de la DC, Ricardo Homazábal, quien ha señalado que “hacer cambios es muy difícil cuando (las AFP) financian el 48 % de las campañas de la UDI y RN y el 14 % de los gastos de los partidos de la oposición”.

Más allá de las legítimas convicciones sobre cuál es el mejor sistema de pensiones para los habitantes del territorio, es evidente que esta “inversión en política” ha pretendido sostener a un grupo que defiende de modo irrestricto a las AFPs, tal como a otro que promueve su permanente perfeccionamento.

Por esta razón, hablar de cambios sustantivos al sistema siempre ha parecido más una quimera que una posibilidad real. Atacar a las administradoras, como lo han expresado dirigentes sociales y algunos economistas expertos en el tema, es atacar “el corazón del modelo”.

Una situación impensada hasta hace sólo algunas semanas, que decantó de manera asombrosa por la sobrerreacción del Gobierno y por el hastío acumulado durante décadas contra el orden previsional, pero que hoy se ve cada vez más cercana. Hay quienes fantasean con que las AFPs sean como Santiago Nasar, protagonista de una de las novelas más famosas de García Márquez, respecto a quien todos sabían que iba a morir. En este caso, la escena final ocurriría en el proceso constituyente.