La urgencia presentada por el Gobierno para el trámite de la reforma migratoria se fundó, según señalaron desde el propio Ejecutivo, en la necesidad de que el país esté preparado ante una segunda ola migratoria una vez concluida la emergencia sanitaria regional.

Según lo señalado por el Gobierno lo que se busca es la creación de una regulación migratoria moderna, ordenada y cuya institucionalidad responda a criterios inclusivos. Ello incluye, entre otras cosas, la exigencia de una visa consular para los extranjeros que vengan a establecerse a Chile con objetivos laborales y que el Departamento de Extranjería se transforme en un Servicio de Migraciones con alcance nacional.

Durante la discusión de la normativa, dos indicaciones presentadas por la oposición causaron gran molestia al interior del Ejecutivo. Se trata de normas que permitirían a los extranjeros actualmente residentes y en situación irregular el solicitar una visa temporaria por 90 días y, por otro lado, la disposición que habilita la permanencia temporal en el país mientras se buscan oportunidades laborales.

Para el profesor Luis Eduardo Thayer de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile esta llamada “ofensiva” encabezada por los ministros Víctor Pérez y Andrés Allamand es solo la continuación de una estrategia que busca crear adhesión en la ciudadanía mediante la estigmatización de la migración como causante de problemas sociales.

“Lo que están haciendo ahora es una campaña principalmente de comunicaciones para ejercer presión al Congreso y también para capturar la adhesión ciudadana en torno a su posición porque la votación se va a dar la próxima semana en la sala, entonces están emitiendo estas declaraciones en todos los frentes, pero vienen desde hace un tiempo atrás”.

Fue en este marco de situación que el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló públicamente que una vez terminada la emergencia sanitaria el Gobierno esperaba el ingreso de unos 500 mil inmigrantes irregulares.

“Vamos a volver a tener una oleada de inmigrantes irregulares que hay que enfrentar adecuadamente para que eso no sea un daño para el país y tampoco sea un daño para ellos, porque que entre irregularmente le provoca un perjuicio en la búsqueda de trabajo, salud y vivienda”, aseguró el secretario de Estado.

Posteriormente aseguró que ello puede ser contraproducente en la medida que se repita “el modelo que se utilizó con los inmigrantes haitianos, porque todo el país sabe que eso fue dañino para el país y para los haitianos”.

Sus declaraciones fueron rápidamente rechazadas por las organizaciones pro migrantes. Así, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes emitieron una carta pública en la que exigen disculpas y retractación al titular de Interior.

“Tales afirmaciones infundadas, totalmente ajenas a la realidad, resultan a la vez ofensivas, agraviantes, marcadas de una consideración xenófoba y racista que es inaceptable. Es de conocimiento público que la migración haitiana en Chile aporta significativamente al país. Al contrario de lo que usted afirma son miles de trabajadoras y trabajadores haitianos, quienes con su esfuerzo se suman al motor de todo el pueblo chileno que hoy está afrontando esta pandemia, sus consecuencias económicas y sociales. Ese esfuerzo de la comunidad inmigrante haitiana es de manifiesto y resulta clave para los objetivos estratégicos de Chile. Además de lo anterior, su aporte cultural y sus valores son un recurso cuantioso al engrandecimiento del país” dice el texto firmado por Héctor Pujols y Rodolfo Noriega, presidente y secretario general de dicha organización respectivamente.

Pero, en general, la discusión del tema migratorio ha causado diversas reacciones negativas tanto en la oposición como en las mismas organizaciones pro migrantes que consideran que el momento no es el apropiado para llevar adelante una reforma tan importante cuando apremia una situación sanitaria aún en desarrollo y cuando se dejan ver ya las consecuencias sociales y económicas de esta crisis.

Más aún si se tiene en cuenta el actual marco de recrudecimiento del conflicto en La Araucanía, pues según lo manifestó para nuestro medio el secretario general del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, ello deja traslucir razones ideológicas de parte del Ejecutivo.

“Que se junten en un mismo momento los dos temas muestra racismo institucional por parte del Gobierno. Hay una negación histórica, racista respecto de nuestros pueblos originarios y el racismo que se expresa nuevamente en este contexto haciendo aparecer nuevamente el plan este que nos condena, desconociendo que los flujos migratorios no nacen en las fronteras sino que antes. Creyendo además, que la migración se puede controlar con medidas represivas”.

Para Cardoza, la afirmación del Gobierno de un posible ingreso de medio millón de migrantes en los próximos meses no tiene ningún sustento empírico porque no se sabe aún cómo van a proceder los distintos países tanto en materia sanitaria como en programas de reactivación económica, por lo tanto, ese discurso responde más bien a esta campaña de desinformación para crear una sensación de rechazo al migrante desde la sociedad chilena en un momento de mucha inestabilidad.

“Creo que acá hay un tema en el que evidentemente se utiliza la migración por el aspecto ese del sentimiento nacionalista que señala que el extranjero es una amenaza y ello para explicar fenómenos que evidentemente tienen otra razón y otras responsabilidades que no corresponden a la migración. Nosotros hicimos el ejercicio de cálculo y los migrantes nada más que comiendo, con el IVA que pagan por lo que compran para consumir, el Estado puede cubrir todos los gastos en prestaciones sociales que genera la migración en un año, Así que si los servicios de salud no dan abasto o no hay capacidad de atención social, como han afirmado algunos personeros de gobierno, entonces, habría que pensar que antes de la ola migratoria actual esos servicios funcionaban sin colapso. Y si los migrantes generan pago de IVA, ¿por qué no se ocupa ese ingreso para invertir en salud?”.

Para el profesor Thayer las premisas con las que explica el Gobierno la urgencia para legislar la reforma están erradas, pues no responden a la realidad de los mercados de trabajo ni mucho menos entienden los flujos migratorios.

“Hay una cuestión que es bien lógica: si los migrantes vienen a Chile es porque hay empleos para ellos, si no existieran ofertas de trabajo o un mercado de trabajo atractivo, los extranjeros no vendrían y por eso, cuando hay una perspectiva de crisis, dejan de venir. El Gobierno quiere establecer una legislación que va en contra de las dinámicas del mercado de trabajo y eso es muy complejo porque esas dinámicas son estructurales y van seguir operando independiente de lo que quiera hacer el Gobierno”.

“Hay un problema de comprensión de los dispositivos de visa o de los mecanismos que deberían estar presentes en el proyecto de ley. Creo que el Gobierno está en un problema porque una ley migratoria no puede ser aprobada en una mayoría espuria, es una ley demasiado importante porque se juegan cuestiones de accesos a derechos entonces no podemos estar cambiando cada año la ley migratoria y, por lo mismo, es importante que el Gobierno se abra a establecer consensos con los actores, de lo contrario la ley que se apruebe deberá modificarse rápidamente porque será insuficiente y esa ley va a generar irregularidad. Es importante que el Gobierno se abra al consenso en vez de estar tratando de ganar un partido chico”, agregó el académico de nuestra casa de estudios.

La introducción de nuevas normativas más restrictivas a la migración que tienen carácter sancionatorio en medio de un contexto de posible cambio constitucional también fue duramente criticado por la  académica de la Facultad de Derecho e integrante de la Cátedra Racismos y Migraciones contemporáneas de la U. de Chile, Liliana Galdamez, quien señaló  que el proyecto impulsado por el Gobierno hace más rígido nuestro sistema migratorio y ello produce solo mayor irregularidad y no menos  flujos migratorios.

“Las leyes en general que rigidizan los sistemas de visado producen más irregularidad, pero no menos flujos migratorios. Estados Unidos que tiene reglas de visado para ingreso, permanencia y trabajo que son muy estrictas tienen una cifra de unos doce millones de personas que están en situación irregular. La irregularidad en realidad es una producción jurídica, no es un fenómeno natural. Las personas no nacen en situación migratoria regular o irregular, es una condición jurídica que cuando las personas son consideradas irregulares implica una restricción y una exclusión a un conjunto de derechos, que en este momento de pandemia, generan una vulnerabilidad mayor porque básicamente no pueden acceder a muchas de las condiciones que necesitan para poder sobrevivir. Desde ese punto de vista me parece una mala reacción, contraria a lo que dice el derecho comparado  sobre qué son las leyes migratorias, que no son para dejar gente fuera de las fronteras, sino que buscan ordenar la migración, pero si no se permite el cambio de categorías eso deja a las personas de extrema vulnerabilidad, expuesta a un conjunto de arbitrariedades y precarización. Entonces lo que hace el propio Estado es producir esa irregularidad”.

Para la abogada, la proximidad del proceso constituyente hace que se estén levantando algunos temas que generan  mayores divisiones de modo de llevar a la opinión pública la idea de que una protección y reconocimiento de derechos para las personas migrantes en Chile puede afectar el interés y las condiciones de vida de los propios chilenos.

Foto @Agencia UNO