En el día 7 desde que se iniciara la movilización nacional de camioneros convocada por la Confederación Nacional de Transporte de Carga, las consecuencias en la ciudadanía se dejaron sentir con desabastecimiento de supermercados y combustibles entre Valparaíso y Los Ríos.
Desde la oposición habían interpelado al Gobierno a actuar con mayor firmeza y hacer uso de los instrumentos normativos en orden a evitar mayores efectos perniciosos para la población.
Sobre este tema se refirió el diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet.
“Es un paro que ha durado bastante, si bien es cierto es parcial, porque moviliza a un número reducido, pero no por eso es poco importante y que están ligados a la Macrozona sur”, señaló el parlamentario.
De acuerdo a la opinión del diputado Mulet, el Gobierno debió usar los instrumentos necesarios para poner término al conflicto. “Creo que hay cierta connivencia de parte del Gobierno, ha habido mano blanda. Se sospecha que hubo un entendimiento por debajo, porque no vimos un ministro del Interior ni al Gobierno enfrentando la paralización sino que más bien acompañándola, sobre todo los primeros días y los efectos que ello ha provocado son graves. Lo que hay detrás de esto no es un problema del sector, sino uno de orden político complejo”.
Consultado sobre esta suerte de paralelismo entre la agenda legislativa del Gobierno y las demandas de los camioneros, el Presidente del FRVS explicó que la inacción del Ejecutivo, cuando un sector importante de la población sufre desabastecimiento, y los planteamientos de este grupo de camioneros en paro, no es casual pues tienen que ver con una serie de proyectos de ley justamente impulsados por la derecha más dura.
“La modernización del sistema de inteligencia, incorporar elementos a la ley de conductas terroristas, perfeccionamiento en la legislación relativa al hurto de la madera, la ley anti encapuchados, compensaciones por los daños a los camioneros, la reparación de las víctimas de delitos de violencia rural, todo eso es la agenda de seguridad pública de la derecha y del Gobierno. Hay una coincidencia ahí”.
“¿Por qué el Gobierno no se sube a estas demandas y explicita esta situación? El Gobierno no ejerció sus atribuciones para terminar con una movilización que está provocando daño a la ciudadanía y eso es grave”.
Respecto de la idea de que este paro más que contra el Gobierno es contra el Congreso, el parlamentario concuerda con ese planteamiento.
“Esta lógica represiva que existe en buena parte de la derecha que cree que van a solucionar el problema de La Araucanía, del Wallmapu, llenado de carabineros y militares la zona. Es una estrategia que ha fracasado en este Gobierno y en los anteriores, porque se aplican medidas de fuerza sin enfrentar el problema de fondo. La lógica represiva, desde mi perspectiva, no ayuda a la solución de un problema mucho más profundo y más complejo como son las reivindicaciones del pueblo mapuche en La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos”.
En cuanto a las diferencias en el tratamiento de Carabineros a los familiares de presos mapuche y los camioneros respecto de los protocolos sanitarios y de seguridad, el representante del distrito N° 4 aseguró que hay una doble aplicación de la ley y las directrices de la autoridad.
“Hay mano dura para un lado y mano blanda para los camioneros respecto de una determinada norma, que además es de carácter sanitario. Todos sabemos la ligazón importante que hay entre parte importante de los camioneros que están paralizados y las forestales que están en territorio mapuche. Claramente hay una posición ambigua del Gobierno, eso es lo que está detrás del conflicto y es lo mismo que sucedió en la Municipalidad de Curacautín, donde gente retoma un municipio gritando consignas absolutamente discriminatorias en frente de los carabineros que dejan actuar a ese sector. Eso genera una situación más compleja y en vez de irse solucionando un tema, se va agravando”
“Los regionalistas hemos planteado la necesidad del reconocimiento de la plurinacionalidad y abordar desde allí la participación en la toma de decisiones políticas en los órganos políticos por parte de los pueblos mapuche. Buscar una forma de gobierno especial para La Araucanía como se ha hecho en otros lugares del mundo y que han sido bastante acertadas. Abordar la reivindicación de las tierras, porque la pacificación de la Araucanía fue una sistematización del abuso del Estado de Chile en la segunda mitad del siglo XIX y que genera consecuencias hasta hoy. No se ha abordado bien el tema con una policía desprestigiada, los montajes, los abusos. Esto es muy complejo y el Gobierno aviva el paro de los camioneros para presionar al mundo político, de oposición particularmente en abordar leyes represivas.
Todo este conjunto de leyes que no ataca el problema de fondo y que no resolverá una situación que tiene una profundidad política social económica muy compleja.Sería muy fácil endurecer las penas y que con eso se resuelvan los problemas que existen en el Wallmapu, pero eso es una brutalidad, algo muy primitivo”, señaló el presidente de la FRVS.
Consultado sobre la dependencia crítica de nuestro país de los camiones como única vía de carga terrestre y la necesidad de diversificar el sistema de transporte, Mulet señaló que también este es un tema que no ha tenido un abordaje de fondo.
“Los regionalistas verdes hemos planteado la necesidad de invertir en el transporte ferroviario para el traslado de personas y de carga, particularmente en un eje desde la Región Metropolitana hasta Puerto Montt por el sur y La Serena por el norte. Esto por razones de costo y de contaminación, porque ahí hay un tema muy importante y estratégico, pero están los intereses de los autobuseros y de los camioneros en oponerse”.
“Por otra parte -agregó- el cabotaje está en una situación similar de cooptación, porque solo pueden realizarlo embarcaciones con bandera nacional, entonces no hay competencia. Hay un proyecto parado en el Senado para que naves extranjeras puedan también hacerlo y aumentar la competencia en orden a bajar costos. En todos estos temas hay una protección especial, que supongo es herencia de la dictadura, por todo lo que el gremio camionero significó y contribuyó en el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Ningún gobierno se ha atrevido a abordar un sistema donde haya más competencia, lo que es muy relevante para situaciones como esta, y también desde la perspectiva de la contaminación”.
Respecto de las consecuencias sanitarias que ha dejado la paralización en cuanto a la afectación del traslado de medicamentos o de personal médico, el diputado miembro de la Comisión de Transportes de la Cámara Baja reflexionó sobra la inacción del Gobierno en cuanto a hacer uso de las facultades constitucionales a las que los habilita el estado de Catástrofe.
“El Presidente y los ministros tienen todas las facultades que les permiten fijar precios, tomar bienes, movilizar a los camioneros, si es que así lo decide. El Gobierno no lo ha hecho porque tolera estas acciones en este cierto entendimiento con los camioneros, considerando que los dirigentes de los camioneros fueron candidatos y estuvieron en el comando de Piñera. Este es un paro como la cachetada del payaso, solo sonido”.
“Claramente hay una situación grave, por eso es que es posible hacer una acusación constitucional porque no se está cumpliendo la ley, no se ejecutan normas expresamente señaladas para resolver una situación como ésta que causa daño a la ciudadanía. ¿Qué más quiere el Ministro del Interior para aplicar la ley?”, concluyó el congresista.