Ante el intenso debate que suscitó la iniciativa del Gobierno, el analista político Tomás Duval apuntó que la intención del Ejecutivo es recuperar la agenda de seguridad y “correr el cerco” respecto a los debates en la materia.
La iniciativa contempla un nuevo estado de excepción, cambios en las atribuciones del Ejecutivo y un mecanismo para declarar organizaciones terroristas. La propuesta deberá reunir apoyos fuera del oficialismo para avanzar en el Congreso.
El diputado y presidente de la Comisión de Constitución abordó la ACOT impulsada por el Gobierno, advirtió sobre el uso de las FF.AA. en tareas de orden público y recordó que la preocupación por la seguridad ya es una obligación del Estado.
El cientista político Mario Herrera planteó que la discusión desvía la atención de la agenda del Ejecutivo y le otorga un “respiro” al Gobierno, al tiempo que expone el debate sobre la identidad política de la tienda fundada por el Presidente Kast.
El Gobierno evitó abordar las declaraciones de la exvocera de La Moneda. Mientras, los partidos oficialistas se desmarcaron de las acusaciones y destacaron que las “situaciones de Estado merecen silencio y lealtad eterna”.
El parlamentario agregó que el problema radica en que la norma podría beneficiar no solo a empresas privadas extranjeras, sino también a compañías controladas por otros Estados.
El parlamentario se refirió a la decisión que tomó su partido de llevar como candidato a Miguel Ángel Calisto, actualmente investigado por la justicia. “Siempre las cosas se pueden hacer mejor, en eso uno tendrá que asumir responsabilidad”, agregó.
El parlamentario buscará que expongan los órganos fiscalizadores del Estado junto con la banca. “Esto es muy grave. Son más de US$80 millones lavados en ese banco y en otras instituciones financieras”, afirmó y apuntó a un posible “modus operandi”.
Parlamentarios presentaron requerimientos ante la CGR tras la resolución del SII que permite a las plataformas de apuestas en línea pagar impuestos. Acusan que esta medida abre una vía de reconocimiento administrativo para una actividad ilegal.
Trabajadores, parlamentarios y dirigentes expusieron sus reparos al manejo del caso, mientras crecen las presiones para aclarar quién autorizó reportes que terminaron impactando bonos, balances y resultados de la estatal.
El presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, habría estado al tanto de la alteración de cifras. El diputado PPD, Cristián Tapia, pidió al nuevo directorio realizar una denuncia adicional ante Fiscalía y presentar una querella.
La minera estatal reconoció inconsistencias en los registros de cobre producido durante diciembre de 2025, situación que derivó en acciones judiciales y en cuestionamientos desde el Ejecutivo y el Congreso por los mecanismos de control interno.
“Se ha aprobado en la Sala (de la Cámara de Diputados y Diputadas), pero de manera inconstitucional” afirma el legislador de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).
El diputado criticó que la iniciativa entregue “un cheque en blanco”. Además, cuestionó que la invariabilidad tributaria por 25 años que plantea la ley compromete a futuros gobiernos a no modificar los impuestos las empresas.
La duda, que será resuelta por el secretario general de la Cámara, fue planteada por el presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet. Este último asegura que no se puede “comprometer al país durante 25 años con una ley común”.
La Federación Regionalista Verde Social defendió las negociaciones para un acuerdo administrativo en la Cámara y aseguró que buscó una distribución equilibrada de la mesa y de las comisiones. Mientras, el nuevo oficialismo aboga por lograr acuerdos.
Descuelgues de diputados de la bancada DC y de la Federación Regionalista Verde Social frustraron el pacto que pretendía instalar a Pamela Jiles en la testera. La derecha logró articular una mayoría y se quedó con la conducción del Congreso.
