“En nuestros pueblos existe una serie de abusadores identificados y reconocidos por su actuar. Muchas de sus víctimas han denunciado sus delitos, sin embargo, cuentan con redes cómplices de protección, que se niegan o temen abrir los ojos, ya sea porque los agresores son parientes, vecinos o porque sus trabajos les han permitido tener acceso a menores de edad en escuelas deportivas o colegios. Las situaciones de abuso se han ido perpetuando en el tiempo y sus víctimas, en muchos casos, continúan expuestas. Hay muchas mujeres que han sido abusadas, maltratadas y horrorizadas por la falta de reacción de las instituciones municipales y jurídicas frente a las denuncias realizadas. Por eso, decidieron manifestarse en público para llevar el tema a la mesa”.
Así explica Rocío Villalobos el sentido del Movimiento Mujeres de Navidad, que reunió a dos grupos de mujeres de esa comuna de la región de O’Higgins con un fin común: combatir el abuso sexual y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y mujeres de esa localidad.
“Los territorios son muy vastos y hay poca población y además toda la gente se conoce, son parientes o amigos, entonces hay una cultura de silencio, una cultura de la naturalización de la violencia de género y contra la infancia. Hablamos de una cultura patriarcal absolutamente instalada y poco desmantelada”, explica Villalobos, periodista y quien lleva las comunicaciones de la agrupación.
Desde diciembre de 2019 a la fecha, Mujeres de Navidad ha llevado a cabo siete intervenciones en diferentes sectores de la comuna, y según nos señala Rocío, cada vez se les sumaban más mujeres. Fue debido a la fuerza que alcanzó la movilización feminista que el municipio consintió en la creación de un programa para Mujeres y Menores por el que se contrató a una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, en orden a dar respuesta a la necesidad de asesoría multidisciplinaria a mujeres y NNA.
En el marco de las acciones de Mujeres de Navidad que una joven de la comuna se atrevió a denunciar largos años de abuso sexual tanto contra ella como de su hermana postrada a causa de un daño cerebral, por parte de su padre, un militar en retiro muy conocido del sector. Actualmente, los hechos se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público y el progenitor fue alejado de la vivienda donde residen las víctimas.
La organización ha determinado un petitorio a las autoridades comunales y regionales que, en resumen, busca crear una red de apoyo formal a quienes sufren violencia. Así, solicitan la profesionalización de los procesos de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y contra la infancia; mejorar los protocolos en apego a la normativa vigente y con especial atención en el resguardo de derechos; evitar la revictimización; dar soluciones de acogida real a las víctimas expuestas a la violencia; dar mayor celeridad y prioridad en los procesos judiciales; garantizar la restitución de justicia y la reparación a las víctimas; gestionar un sistema integrado de educación que empodere a mujeres, niñas y niños, que respete la diversidad y que permita forjar una cultura de no violencia y antipatriarcal.
Ruralidad, un factor que agrava la indefensión
De acuerdo con las cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la región de O’Higgins es la segunda a nivel nacional en número de femicidios: 6 de los 32 cometidos en lo que va del año y la primera, si se considera la proporción de habitantes. El 2019 fueron cuatro los femicidios en grado de consumados y once los frustrados en la misma región.
Lorena Astudillo, abogada de la Red, explica que, si bien no es posible determinar a cabalidad las razones por las que las cifras tanto de femicidios como de violencia contra la mujer son tan altas en esa región, si cree que hay una componente importante en esos datos: la ruralidad.
Lorena Astudillo. Foto @Uchile
“La violencia hacia las mujeres está en todos los espacios, sin embargo, hay ciertos factores que acentúan la violencia o generan que para las mujeres sea más difícil denunciarla o poder generar acciones en contra de ella. La ruralidad es un factor que acentúa estas manifestaciones de violencia. En espacios donde se conoce toda la gente, se tiende a culpabilizar a las mujeres cuando realizan denuncias, entonces terminan siendo etiquetadas, apuntadas. A eso se agrega el que la mayoría de las políticas públicas no están hechas para las mujeres que viven en ruralidad, sino que se piensan desde lo capitalino, desde el espacio urbano con mayor cantidad de herramientas para las mujeres y se deja de lado la territorialidad de cada espacio”.
En el mismo sentido se expresa Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.
“La violencia no nos afecta a las mujeres del mismo modo y esa es una cuestión que es bastante evidente, pero que de alguna forma permanece oculta. Las mujeres no cuentan con las mismas herramientas y alternativas para enfrentar las situaciones de violencia que les afectan, muchas veces debido a ciertas condiciones particulares, de mayor vulnerabilidad. Una de las que ha estado muy poca puesta en la discusión es precisamente la ruralidad, considerando que en Chile ésta es una realidad, pero pareciera ser una situación aislada y minoritaria. Eso no es así, porque hay muchas localidades que se definen como urbanas, pero no cuentan siempre con todos los servicios que existen en las ciudades más grandes”.
“Además, en contextos de ruralidad es muy frecuente que se encuentren muy arraigadas concepciones tradicionales acerca de la familia y que las mujeres y las niñas se encuentren en situación de mayor subordinación en base a esterotipos de género tradicionales o conservadores y eso también impacta en la posibilidad de las mujeres de poder reconocer que se encuentran en situación de violencia y buscar herramientas”, agregó la profesional.
Foto @Twitter Corporación Humanas
El caso de la región de O’Higgins también puede responder a una cierta invisibilización de la zona dada su proximidad con la capital. “El estar tan cerca de Santiago, pero no ser Santiago”, como lo define Lorena Astudillo.
“A eso agrega las zonas de ruralidad donde hay costumbres arraigadas de lo campesino, perpetuando las relaciones del poder, las prácticas culturales de dominación hacia otros y otras. Es una región con costumbres fundamentalistas en la que se perpetúan ciertos principios que implican el sometimiento de las mujeres, el servirse de las mujeres para realizar sus prácticas diarias”, añade.
Camila Maturana ahonda además en la falta de presencia de la institucionalidad en las zonas rurales o más alejadas de centros urbanos importantes, pero también en las propias idiosincrasias de las localidades rurales, lugares en las que todo el mundo se conoce o está relacionado.
“Los vínculos de las comunidades pequeñas son riquezas en ellas, pero lamentablemente esos vínculos y redes favorecen las relaciones públicas entre hombres y personas poderosas y no aportan a la protección de las mujeres y sus derechos, todo lo contrario. Ese problema agrava el aislamiento de las mujeres. Esas condiciones en que todo el mundo se conoce hacen más difícil la denuncia porque a las mujeres nos han enseñado a sentir vergüenza de la situación de violencia, no nos han enseñado que somos víctimas y tenemos derecho a ser escuchadas y creídas”.
“El centralismo de nuestro país atenta contra las realidades territoriales, las idiosincracias o las necesidades de determinadas comunidades. Por eso es urgente que efectivamente las políticas tengan lineamientos desde el nivel central, pero que sean aplicables nivel local, acorde a la realidad y en materia de violencia contra las mujeres y niñas, la respuesta estructural es la denuncia, pero esa denuncia implica el inicio de una ruta muy ardua en un sistema que las revictimiza una y otra vez y que ni siquiera es capaz de garantizar su protección oportunamente en los casos que así se requiera y, por lo demás, la impunidad es muy alta y en muchos casos ni siquiera se puede llegar a establecer la verdad de lo ocurrido”, reflexiona la abogada.
Justamente es la falta de institucionalidad presente en los distintos puntos del país uno de los temas centrales del petitorio de las Mujeres de Navidad, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos de la región.
En agosto, las usuarias del Centro de la Mujer de Pichilemu han realizado diversas manifestaciones en las afueras de la oficina local del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, debido a la decisión del organismo de desvincular a los profesionales que atienden a 140 mujeres víctimas de violencia en la comuna. El cambio de los abogados y psicólogos impide la continuidad de las intervenciones y obliga a las víctimas a reiniciar sus procesos de reparación.
“El hecho que en Pichilemu se haya desvinculado al equipo de Sernameg es muestra de la poca importancia que se da a la protección a las mujeres y lo que tiene que ver con esos espacios ganados ministerialmente para ellas. Todo lo que dice relación con el Sernameg es que son espacios laboralmente muy precarios, en donde las mujeres que trabajan para resguardar los derechos de otras mujeres están permanentemente siendo vulneradas porque trabajan a honorarios, con recursos precarios, porque no hay mayor asignación de éstos en el presupuesto. Además, ellas cada año están con el temor de si son despedidas o vueltas a contratar, porque además se traspasa a los municipios esa contratación y dependerá de la autoridad de turno la visión que se da al órgano”.
“Es a esas mujeres con empleos precarios a las que se les pide que enseñen a restaurar los derechos de las mujeres. Tiene que cambiar esa concepción de la mujer que necesita ‘una ayudita’ y, ante nada, mejor conformarse con un poquito, eso me parece una falta de respeto enorme, más en gobiernos en cuyos discursos siempre está presente la violencia hacia las mujeres y su supuesto compromiso para erradicarla”, enfatiza Lorena Astudillo.
Es ante la falta de Estado que la comunidad de mujeres como la organización Mujeres de Navidad releva su valor, porque forman una red para ayudar a otras mujeres para salir de la situación de violencia o a buscar ayuda para enfrentarlo.
“Nuestra lucha es porque estos hechos se detengan, se imponga la justicia, que el Estado y sus instituciones actúen de forma proactiva y profesional y se eduque en todos los ámbitos de la vida para la construcción de una cultura del respeto, antipatriarcal y no violenta, por todos sus habitantes y las generaciones futuras. Creemos firmemente que en nuestro territorio esto ya no se trata de una opción, sino que significa, de forma literal, la diferencia entre la vida y la muerte”, dicen desde la organización de mujeres, cuyo objetivo más urgente es contar prontamente con una casa de refugio para mujeres violentadas, de modo de entregarles un espacio seguro y lejos de sus agresores.
