Publicada en el Diario Oficial el 22 de febrero de 2018, la  Ley 21.073 regula la Elección de Gobernadores Regionales, autoridades elegidas por la ciudadanía para presidir el Gobierno Regional, cuya función principal es la administración superior de cada región en orden al desarrollo social, cultural y económico de tales territorios.

Con una duración en el cargo de cuatro años, los primeros gobernadores regionales se elegirían en octubre de este año a través de sufragio universal, en votación directa, sin embargo, la pandemia y la necesidad de recalendarizar el plebiscito constituyente obligó a la postergación de tal elección hasta abril del 2021, oportunidad en la que se podrá votar para elegir tanto las autoridades regionales como locales.

Hace un par de semanas, el Ejecutivo arremetió con una nueva propuesta de postergación de los gobernadores regionales y recibió un tajante rechazo de parte de gran parte de los senadores, incluso algunos representantes del oficialismo como Francisco Chahuán, Marcela Sabat y Manuel José Ossandón, quienes junto a un grupo de congresistas de la oposición firmaron una declaración pública desestimando la iniciativa del Ejecutivo.

“Estamos convencidos que el proceso de empoderamiento de los gobiernos regionales debemos desencadenarlo ya. No es posible una nueva postergación del proceso descentralizador, que le hará bien al país” señalaron los representantes de la Cámara Alta.

Pero el tema de empoderar a las regiones es de larga data en nuestro país. Hace más de cuarenta años que se busca transferir competencias del gobierno central hacia los territorios de modo de desarrollar estrategias más acordes a las particularidades de cada área geográfica.

Según Sergio Galilea, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP) y ex intendente de las regiones de Los Lagos y Metropolitana, el centralismo forma parte de nuestra idiosincrasia, pero es un asunto de sentido común el avanzar hacia un sistema de gobierno descentralizado por las evidentes características geográficas tan disímiles que tiene el territorio nacional.

Sergio Galilea. Foto @poderyliderazgo

“Tenemos que dar paso a un sistema que sea diferente, esto por los fundamentos productivos, de gestión pública, de participación y perfeccionamiento democrático y porque hoy está abierta la posibilidad muy importante con la elección de autoridades regionales, más allá de las distintas dificultades que eso tiene. Además, se abrió todo el ancho camino del debate constitucional, porque creo que es muy difícil que una nueva carta constitucional no diga que somos un país unitario descentralizado y que ponga énfasis en que existirán gobiernos regionales y municipales porque lo que tenemos actualmente son meras administraciones municipales”.

Ha sido en la gestión de la pandemia que se ha hecho aún más patente la necesidad de contar con autoridades regionales autónomas que puedan tomar decisiones que respondan a las necesidades específicas de cada región, en términos de decisiones. Es justamente en ese ámbito que la diputada Alejandra Sepúlveda, parlamentaria por el distrito 16 por la Federación Regionalista Verde Social critica la labor desempeñada por las máximas autoridades regionales actuales.

“Creo que han tenido una relación o un liderazgo tremendamente pasivo y no siendo protagonistas o líderes en esta pandemia en su territorio. Ha habido una relación muy débil con los problemas que tiene hoy la ciudadanía”, señala.

A partir de eso, la parlamentaria proyecta las funciones de los futuros gobernadores regionales en el marco de una nueva Carta Fundamental y releva la importancia de estas autoridades como representantes del territorio que administrarán.

Alejandra Sepúlveda.

“En una nueva constitución es necesario que los gobernadores regionales tengan una plenitud de funciones mucho mayores que las que tienen hoy los intendentes y eso se va a ir desarrollando en la medida que se elijan los gobernadores y se vaya creando el cargo, porque en la medida que se va ejerciendo se va alimentando esa institucionalidad. Mi expectativa es que la Constitución sea armónica con las regiones de modo de llegar a un equilibrio territorial en términos de decisiones de desarrollo productivo, de entrega de recursos y de la posibilidad de invertir la pirámide y que sean las regiones las protagonistas y que Santiago solo sea una más de ellas, pero que coordine los que las regiones necesiten”.

Hoja en blanco, pero no tanto

En innumerables ocasiones se ha planteado el que la creación de un nuevo pacto social debe ser a partir de cero, la llamada “hoja en blanco”, sin embargo, ya es sabido que tal afirmación no es exacta pues los tratados internacionales suscritos por el Estado en Chile ya entregan un marco constitucional, especialmente en materia de derechos humanos.

La normativa de los gobernadores regionales publicada en 2018 requirió una reforma constitucional que regula la forma de elección, funciones y atribuciones de las nuevas autoridades, lo que en opinión del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Jaime Bustos,  debería mantenerse en una eventual nueva Carta Fundamental.

Prof. Jaime Bustos. Foto @derecho Usach.

“Hay que considerar que la Constitución es un reflejo de la evolución de un Estado y, en este sentido, los gobiernos regionales deberían ser reconocidos en una nueva carta fundamental en los términos que ya han sido dispuestos hoy en día, principalmente atendido a que esto es una larga lucha que ha habido en nuestro país y que viene desde la Constitución del 25, por lo tanto, tiene casi un siglo como idea a nivel constitucional, por lo tanto, creo que se va a mantener en los términos que han sido acordados y creo que será uno de los temas en que habrá menos discusión en un órgano constituyente, porque no admite mayor debate sino solo precisiones técnicas”.

El académico de Derecho Administrativo señala que hay un tema que sí requiere atención y es la posible fricción entre las nuevas autoridades regionales y la figura del delegado presidencial como representante del presidente de la República.

“Estas autoridades, como sucede con los alcalde y concejales, gozarán de autonomía y ello implica una suerte de contraposición de dos mundos: el de la autoridad central y el de estos órganos que quedan con mayor independencia respecto del presidente de la República. Me preocupa que haya políticas fijadas a nivel central que no se apliquen a nivel regional por la composición ideológico política del gobierno regional si es que no está de acuerdo con la el Presidente, como sucedió con algunos alcaldes respecto de la píldora del día después”.

Consultado sobre la posibilidad que una nueva Constitución nos lleve a una forma de Estado completamente distinta de la actual y que incluso podamos transformarnos en una república federal, el abogado y académico asegura que, si bien tal posibilidad existe y ha sido visitada en el pasado en nuestra historia, actualmente no existe mucho piso para ello.

“La comunidad nacional más bien se inclina un Estado unitario, pero dándole muchas atribuciones a estos órganos administrativos, ya sea municipalidades o gobiernos regionales para que operen con mayor autonomía, mayor capacidad de resolución pero de ahí a que ello pueda llevar a un estado federal donde tengamos estados con legislaciones distintas creo que nuestro país eso no está muy internalizado socialmente ni tampoco es muy aceptado”.

En ese mismo sentido se manifestó Sergio Galilea quien, además, urgió a dotar las regiones de autoridades de elección popular pese a las falencias que puede tener la legislación actual.

“Este país centralizado y  burocrático en que el Gobierno central enfrenta y resuelve cada una de las cosas  en la particularidad de cada territorio, no resiste. Ese es uno de los sentidos comunes que deberíamos asentar en el marco constitucional, pero mientras tanto, elijamos gobernadores regionales para que tengamos 16 personeros que probablemente van a ser variopintos desde el punto de vista político, pero que tendrán un interés común y que  van a reivindicar un rol más importante para los gobiernos subnacionales”.

Foto @poderyliderazgo

“El 11 de abril tendremos una triple elección de importancia fundamental para el desarrollo del país: se elegirán alcaldes y concejales, gobernadores regionales y muy probablemente los convencionales para la constituyente, entonces eso implica un ciclo de elecciones territoriales y políticas de las que saldrán personeros con liderazgo regional y como expresión de una descentralización más fuerte. Eso es parte de lo que nos hará también más fuertes como país” concluyó el académico de la Universidad de Chile.

Los gobernadores regionales serán elegidos popularmente  por una mayoría de votantes de al menos de un 40% de los sufragios válidamente emitidos. De existir más de dos candidatos, sin que ninguno logre tal porcentaje, deberá realizarse una segunda vuelta entre los dos más votados.