Diversas organizaciones de la sociedad civil, tantos nacionales como internacionales como el Colegio de Profesoras y Profesores, la Fundación Miles Chile, Greenpeace, Fridays for the Future Santiago, Modatima Chile, Center for International Environmental Law CIEL, International Rivers (Estados Unidos), CATAPA (Bélgica), Movimiento Ríos Vivos (Colombia), Fundación Danielle Miterrand (Francia), Urgewald (Alemania) redactaron conjuntamente un documento dirigido a la empresa Aguas Andinas solicitando ponga fin al contrato que celebró con AES Gener, dueña del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

El contrato, cuya terminación se reclama, permite a la empresa eléctrica acceder al agua del Embalse El Yeso y de las lagunas Negra y Lo Encañado en su proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. El punto que argumentan las organizaciones es que Aguas Andinas obtuvo su concesión con un propósito exclusivo: el de proveer de agua potable a los habitantes de Santiago. 

“Aguas Andinas al igual que nuestra organización era una opositora más al proyecto y eso está documentado. Entre otras cosas, ellos decían que el proyecto Alto Maipo pondría en riesgo la operación sanitaria de Santiago y, por lo tanto, la concesión que ellos tenían con el Estado de Chile para proveer de agua potable y servicios de saneamiento a la capital de Chile, explicó Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo.

Marcela Mella Foto@ france 24

“Al firmar el contrato cambió su discurso y aceptó que se usara el agua a cambio de participar en las ganancias de la hidroeléctrica. Aunque hoy niegue riesgos para el suministro de agua para Santiago, su postura original es indesmentible y los riesgos de desabastecimiento son mucho mayores ahora que hace una década”, agregó.

Los firmantes instan a Aguas Andinas a hacer efectiva la cláusula de terminación del convenio, pues la empresa sanitaria está facultada para hacerlo debido a los nuevos retrasos en la entrada en funcionamiento de Alto Maipo.

“Aguas Andinas excede sus prerrogativas al utilizar las reservas de agua dulce que le fueron encomendadas por el Estado de Chile, tal como la infraestructura hídrica pública que administra, para fines distintos a los específicamente establecidos en la concesión”, se lee en el texto de la misiva abierta dirigida a la sanitaria.

“La sanitaria podría haber dado por terminado el convenio en 2019, pero firmó una prórroga con Aes Gener que asciende a $10 millones de dólares que amplía la vigencia del acuerdo entre ambas empresas” agrega la carta.

Foto @efizity

“El objeto único de concesión que tiene Aguas Andinas es el de proveer de agua potable a Santiago. Esa norma no le permite a la empresa usar el agua para otro negocio, en este caso, el eléctrico. Ellos tienen una concesión con derechos de agua que son consultivos mientras Aes Gener tiene derechos que son no consultivos, por eso el Código de Aguas no resuelve qué ocurre cuando hay un negocio como este cuando se involucran dos categorías distintas de derechos de aprovechamiento de aguas”, agrega Marcela Mella.

De acuerdo con el documento, Aguas Andinas, dado su rol como empresa proveedora de agua saneada para el consumo de los habitantes de Santiago, entiende perfectamente que la subordinación en que queda el consumo humano de agua frente a la generación eléctrica provoca la pérdida de capacidad de decisión ante contingencias climáticas. Por otro lado, se pierde el control del embalse El Yeso, se limita la posibilidad de construir nuevos ductos y bocatomas que lleven el agua directamente a la ciudad sin pasar por túneles y centrales que son susceptibles de fallas técnicas. Todo eso está reconocido en el contrato entre Aguas Andinas y Aes Gener en el acápite relativo a la repartición de lo pagado por las aseguradoras ante el acontecimiento de las eventualidades recién mencionadas.

“Aguas Andinas sabe también acerca de los débiles mecanismos establecidos en el contrato para retomar el control del agua en caso de emergencias, y si no lo sabe, basta leer el contrato y contrastarlo con la presentación que hizo en un momento de mayor lucidez, cuando se oponían a la construcción de Alto Maipo”, sostienen los firmantes de la misiva.

Foto @AES

Las más de 70 organizaciones, junto a personalidades públicas como el activista Rodrigo Mundaca y las actrices Fernanda Urrejola y Natalia Valdebenito, aseveran que en la Subsecretaría del Medioambiente se han acumulado decenas de denuncias que no han sido resueltas de modo satisfactorio, y también hacen mención a una serie de incumplimientos e inconsistencias en el proyecto hidroeléctrico: la debilidad de los estudios ambientales, los retrasos en su entrada en funcionamiento y el aumento del costo 800 millones de dólares a 3.400 millones, eso además del deterioro que significará para la cuenca del Río Maipo, fundamental para el abastecimiento de agua potable para los siete millones de habitantes de Santiago.

Finalmente, quienes firman el texto advierten a Aguas Andinas que al actuar fuera de lo señalado en el ordenamiento jurídico podría llevar a la concesión sea revocada.

El texto concluye citando al Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Léo Heller, quien aludió directamente al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo al señalar que el Gobierno chileno “no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud”.