“Lamentablemente las condiciones que dieron lugar a la revuelta social permanecen intactas, desde el punto de vista de la legitimidad de las causas que originaron que millones de chilenos salieran a reclamar un país más justo”, señaló en conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.

En ese sentido, Margotta agregó que “tampoco ha cambiado la forma en que el Gobierno ha enfrentado esta masiva exigencia del mundo social por un cambio. Lo ocurrido el domingo es la continuación de la política de represión y violación sistemática y grave de los derechos humanos”.

El abogado mencionó el caso del joven Anibal Villarroel quien murió luego de recibir un impacto balístico en la población La Victoria, que de acuerdo a los primeros antecedentes correspondería a munición de Carabineros.

Al respecto el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos sostuvo que “nosotros estamos recabando antecedentes para efecto de contribuir al esclarecimiento de este caso y pensamos que la mejor forma es presentando una querella y de esta forma hacernos parte de la investigación que lleva la Fiscalía y colaborar con el proceso”.

Respecto de los efectos que estos hechos puedan afectar la participación en el plebiscito del próximo 25 de octubre, Carlos Margotta sostuvo que es una situación que preocupa pero que, por otro lado, hay esperanza en que la votación del domingo “sea el inicio de un proceso de recuperación de la soberanía popular que Chile perdió el 11 de septiembre de 1973 y que a pesar del tiempo que ha pasado, todavía los chilenos no pueden recuperar ese derecho a la autodeterminación que incluso está consagrado en la declaración universal de los derechos humanos”.

“Todos estos hechos de violencia y de represión que continúa por parte parte de las fuerzas policiales, solo pueden generar una situación que impida que la gente se vuelque el domingo próximo a expresar libremente su opinión”, recalcó el abogado.

En esa línea, Margotta insistió además que “ahí la responsabilidad es de la autoridad, nosotros hicimos un llamado de que tenía que cesar la represión, terminar con las prácticas policiales que han provocado graves vulneraciones a los derechos humanos, en ese sentido, es importante la opinión de los organismos internacionales”.

En ese sentido, el abogado recuerda que desde Naciones Unidas se elaboró un documento que contenía 21 recomendaciones respecto de la necesidad de modificar los protocolos de uso de la fuerza y que estos no han sido atendidos por las autoridades.

Respecto de la crisis en Carabineros, el abogado Carlos Margotta sostuvo que “nosotros creemos que Carabineros requiere una reestructuración profunda, pero no una mera reforma, esta reestructuración debe cumplir ciertos requisitos como garantizar sujeción real al podel civil, el inicio de un proceso de formación efectivo en derechos humanos y otro asunto importante, este proceso no puede ser liderado por el actual General Director, Mario Rozas”.

A juicio de Margotta “Rozas es un obstáculo para estos objetivos, no solo por la desconfianza que genera en la población, sino porque además se encuentra querellado en diversas causas relativas a las violaciones a los derechos humanos(…) Carabineros necesita una reestructuración, pero esta tiene que ser real y tiene que ser profunda”, sentenció.