El reloj ya empezó a correr. Durante el mes de noviembre debe quedar zanjado, entre la Mesa del Sector Público (MSP) y el Gobierno, el reajuste de los funcionarios fiscales con miras al año 2021, y la negociación se divisa compleja.

El pasado lunes 14 de octubre, la MSP llegó hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo para presentar el pliego de demandas en materia salarial y laboral, en el que destaca un reajuste de salario de 3 por ciento para aquellos trabajadores que ganan más de tres millones de pesos, y de cuatro por ciento para quienes perciben menos de la cifra mencionada.

Además, las 16 organizaciones que conforman la MSP exigen aumentar los sueldos mínimos para los trabajadores estatales. De esta manera se pide que los auxiliares reciban, al menos, 409.16 pesos de sueldo; los administrativos 455.196 pesos; los técnicos 484.223 pesos, mientras que los profesionales 850.000 pesos. Todas estas cifras serían brutas.

Para profundizar en las exigencias de los trabajadores públicos, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, quien explicó que el pliego de demandas se basa en tres ejes principales.

El primero de ellos, es la protección al empleo de cada uno de los funcionarios públicos.

“Hay tres ejes que son, para nosotros, los más importantes. Primero, la defensa del trabajo. Lo hemos dicho desde el primer momento en que llegó la pandemia a nuestro país: nadie puede perder el trabajo. Ningún funcionario público puede ser despedido”, sostuvo.

Como segundo eje fundamental, José Pérez indicó que es la defensa del rol del Estado, sobre todo, ante la propuesta del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre implementar un presupuesto base cero.

Este tipo de presupuesto consiste en una lógica de negocio en que el presupuesto -tal como dice su nombre- se elabora desde una base cero y los recursos se asignan solo cuando se justifica detalladamente su uso. Se debe justificar cada peso en un determinado periodo, obligando a un equilibrio entre necesidades y costo.

Para el presidente de la ANEF, esta metodología oculta una profundización del neoliberalismo en el sistema estatal, lo que afectará las condiciones y herramientas de los trabajadores, así como los programas sociales del Estado.

“Lo segundo es cuidar el rol del Estado. El rol del Estado y sus servicios públicos, que son los que cumplen funciones estratégicas, deben tener un presupuesto suficiente para abordar la crisis económica. Porque hoy hemos visto rebajas del presupuesto de este año, donde se nos han restringido los gastos personales, las horas extras, los viáticos, y se entiende cuando hay una situación excepcional, por lo tanto, el segundo eje va en la línea de defensa del rol del Estado, la función estratégica de los servicios públicos y la defensa del presupuesto, que no solamente es para los funcionarios públicos, sino también para los programas sociales de la ciudadanía. Sin embargo, en esta línea rechazamos la modalidad o metodología de presupuesto base cero que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, defiende. Que es una metodología empresarial de los años sesenta y setenta que, incluso, ya no se ocupa, pero la tratan de instalar bajo el aprovechamiento ideológico del Gobierno para poder profundizar el modelo neoliberal y perjudicar el funcionamiento del Estado. Ya tenemos constatación de rebaja de presupuestos”.

El dirigente sindical comentó que bajo esta figura ya se confirmo que, por ejemplo, en Aduanas hay un 60 por ciento menos en viáticos para el presupuesto 2021. “El viático no es un sueldo adicional, sino que es para el cumplimiento de un rol fiscalizador de nuestros compañeros de aduana, por ejemplo, en los pasos fronterizos”, puntualizó.

“Esperamos que el Congreso rechace esta metodología”, comentó el líder de la ANEF.

El tercer eje es, derechamente, el tema salarial, que este año se adecuó a la crisis económica que vive Chile producto de la pandemia, exigiendo la MSP un reajuste apenas superior al IPC acumulado.

“El tercer eje es el tres y cuatro por ciento de reajuste, lo que hace al pliego súper concreto y aterrizado. El IPC acumulado es 2,4 con crisis y todo, y hay un delta de un uno por ciento para rentas bajas, menos de 500 mil pesos. En este eje relevamos la importancia de ser conscientes de lo que estamos viviendo, porque compañeras y compañeros trabajadores del sector privado lo están pasando mal”.

También se piden cuatro aguinaldos y siete bonos de distinto tipo para el próximo año.

Según José Pérez, desde las organizaciones sindicales ejecutarán las presiones políticas que estén a su alcance para que se parta del mismo presupuesto del 2019 y, así, no se limiten las funciones del Estado, como se pretendería con el presupuesto base cero.

“Hay que accionar todas las presiones políticas para que, efectivamente, se recoja el mismo presupuesto del 2019 que se aprobó en diciembre y que fue alterado con pandemia, para que el 2021 sea realmente expansivo y que no limite el trabajo del Estado y los programas sociales”, indicó.

Para esto, Pérez aseguró que ya se han entablado conversaciones con parlamentarios, sobre todo de oposición, para conseguir lo demandado. Por otra parte, también aseguró que algunos legisladores de Renovación Nacional se han comprometido a no aprobar la propuesta del Gobierno si es que afecta, por ejemplo, a las Gobernaciones.

De todas maneras, la negociación aun no comienza, se espera que la segunda semana de noviembre la MSP con el ministro de Hacienda comiencen a mirarse las caras, pues la negociación debe llegar a buen puesto antes del mes de diciembre, cuando deba pasar al Congreso.