Esta semana, y luego de los disparos efectuados por funcionarios de Carabineros al interior de un hogar del Sename en Hualpén, el presidente Sebastián Piñera solicitó finalmente la renuncia al general director, Mario Rozas. Los análisis apuntan a un nuevo escenario político, pero persisten las dudas sobre cuál será la profundidad de los cambios en una institución en profunda crisis. Para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, la responsabilidad más importante en provocar transformaciones recae en las autoridades políticas del país.
Se dice que con la salida de Mario Rozas, se abre un nuevo escenario. ¿cómo lo analizan desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos?
La inmensa mayoría de los habitantes de nuestro territorio, espera y exige que cese la represión desatada por el Gobierno a partir del 18 de Octubre del año pasado, en contra de quienes han ejercido el legítimo derecho a la protesta social.
Sin embargo, no es un buen augurio el que el presidente de la República, al momento de despedir al ex General Director Rozas, le exprese su admiración y gratitud, porque da cuenta que las autoridades políticas han propiciado y amparado las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado, mayoritariamente por funcionarios de Carabineros. Cabe tener presente que en abril de este año, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, señalaba a Carabineros como el principal recurrido en delitos de DD.HH. perpetrados en el contexto del estallido social, con el 92,9% del total de los casos. Y las violaciones a los derechos humanos atribuibles a Carabineros han continuado hasta el día de hoy, como lo demuestran los casos del menor A. A. lanzado al Rio Mapocho el 2 de Octubre, el de Aníbal Villarroel, muerto por disparos efectuados por uniformados el 18 de octubre pasado, y recientemente, el caso de los dos menores de edad baleados por Carabineros en el interior de un hogar del SENAME.
Ustedes han presentado varias querellas contra el saliente general director ¿cuál es el análisis de su gestión?
Hemos interpuesto 22 querellas tanto en contra del ahora ex Director General de Carabineros, Mario Rozas, como de sus superiores jerárquicos, los sucesivos ministros del Interior (Chadwick, Blumel y Pérez) y del presidente de la República, Sebastián Piñera, por su responsabilidad en la comisión de crímenes contra la Humanidad, tipificados y sancionados en la Ley 20.357, cuerpo legal vigente desde el año 2009, que establece en su artículo 35, que serán sancionados como autores de dichos crímenes, las autoridades y jefes militares que teniendo conocimiento de su comisión por otro, no lo impidieran pudiendo hacerlo.
En consecuencia, la gestión del saliente General Director, Mario Rozas, debe ser analizada a la luz de la legislación vigente, que establece una cadena de mando en la que sus superiores jerárquicos fueron los ministros del Interior y el propio presidente de la República, por lo que deberán responder todos ante los tribunales nacionales o internacionales.
¿Cuál es su apreciación sobre la reestructuración de Carabineros, en los términos que se ha presentado?
Está pendiente una reestructuración real y profunda del conjunto de las instituciones armadas, no sólo de Carabineros, desde el inicio de la transición, y constituye una de las medidas propias de las garantías de no repetición que debe adoptar todo Estado post dictatorial, como parte de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Concordamos con el representante regional del ACNUDH, quién señaló públicamente en octubre pasado, que “se necesita una reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad, que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, una formación en derechos humanos, la subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles.”
¿Cómo ponderan la idea de un interventor civil? ¿Basta por sí sola o requiere ir acompañada de otras políticas?
Para los efectos de los derechos humanos, su respeto y debido resguardo no está determinado por la condición de civil o uniformado de la nueva autoridad que encabece la Institución policial. Lo que habrá que fijarse son las directrices y orientaciones que reciba de sus superiores jerárquicos, y particularmente, será relevante, verificar si el Gobierno va a continuar con su actitud de total y completo desoímiento de las recomendaciones de los organismos especializados de derechos humanos. Cabe recordar al respecto que el ACNUDH, en su Informe de Diciembre del año pasado, después de su visita a Chile, recomendó al Estado de Chile, desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensores de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes, entre otras cuestiones.
Sin embargo, tres meses después, en Marzo de este año, el representante regional del organismo, Jan Jarab, denunció que se seguían violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el Estado prácticamente no había cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo al Gobierno. Y en Octubre pasado, expresó su preocupación por el continuo e incondicional respaldo del Gobierno a las fuerzas de orden y seguridad.
